Piden saber el destino de 21 mil millones de pesos

Trabajadores azucareros exigen información sobre fideicomisos

ELIZABETH VELASCO C.

En una denuncia de hechos ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), trabajadores azucareros piden que se investigue a los secretarios del Trabajo, Carlos Abascal, y de Hacienda, Francisco Gil Díaz, ante la negativa de los funcionarios a proporcionar información sobre el destino de 21 mil millones de pesos de 13 fideicomisos
azucareros.

Asimismo, demandan que se investigue bajo qué criterio la Secretaría de Agricultura contrató a un despacho externo dirigido por Federico López Cárdenas, "consuegro" del líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros, Enrique Ramos, para "atender los asuntos laborales relacionados con los ingenios
expropiados".

Dicha contratación genera "un conflicto de interés, toda vez que el dirigente azucarero actualmente enfrenta una acusación por el delito de fraude en la Procuraduría General de la República", sostienen los demandantes, Ernesto Lucero Flores, Raymundo Alarcón Capistrán, Petra Elsa Vidal Palmero, Leonardo Gilberto Torres Medina y otros trabajadores de las secciones 77, 28, 74, 31, 72, 67 y de las sucursales I de Atencingo, Puebla, y I de Emiliano Zapata, Morelos.

En su denuncia, recibida en la Secretaría de la Contraloría este martes, los denunciantes señalan que por conducto de los ingenios expropiados, las secretarías del Trabajo y de Hacienda cuentan con la información sobre los 13 fideicomisos que se constituyeron en 1968 para beneficiar a los trabajadores, y sin embargo se niegan a proporcionarla bajo el argumento de que "el secreto bancario no se los permite".

Los trabajadores destacaron que saben de ese dinero gracias a los informes que proporcionó la Cámara de la Industria Azucarera y Alcoholera en julio del 2000, donde se reportó que el valor histórico de los fideicomisos asciende aproximadamente a 21 mil millones de pesos, sobre los cuales el líder azucarero "no ha entregado cuentas".

Según los quejosos, a Ramos Rodríguez lo "está protegiendo la actual administración para que, a cambio de no llevarlo a la cárcel, se modifique el contrato de ley de la industria azucarera y de esa manera se eliminen los derechos laborales de los trabajadores azucareros".