Reitera que no ha violado una sola norma legal o ética
Calienta al jefe Diego demanda de juicio político en su contra
Desestima el planteamiento del PRD; "son vaciladas"
ANDREA BECERRIL Y VICTOR BALLINAS
"šEso ya calienta!", exclamó el senador Diego Fernández de Cevallos en relación con la demanda de juicio político interpuesta en su contra por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la cual se suma a las iniciativas para impedir que los legisladores puedan litigar.
Además, la fracción perredista presentó ayer en la Comisión Permanente otra propuesta de reforma legal encaminada a sancionar penalmente a los legisladores "que representen a particulares en sus intereses patrimoniales frente al Estado", como es el caso de Fernández de Cevallos.
En entrevista, el jefe Diego dijo que no hay algo nuevo en las acusaciones, y añadió que se trata sólo de la insistencia en presentarlo como la personificación de quien incurre en actos ilegales. "Son sólo vaciladas, perdederas de tiempo de pajarracos que no pagan el cartucho; mejor dediquémonos a atender cosas más importantes".
El legislador y litigante sostuvo que no ha violado una sola norma legal o ética y no se le puede acusar de tráfico de influencias ni de usar información privilegiada. Los perredistas, agregó, pueden seguir con su demanda de juicio político o "hacer lo que quieran", porque nada malo encontrarán. "Desde que soy senador de la República no ha llegado a mi oficina, directa o indirectamente, un solo negocio nuevo o un cliente nuevo por el que yo haya cobrado un solo centavo".
Pero recapacitó y habló del controvertido caso que ganó a la Secretaría de la Reforma Agraria, por el que ésta debe pagar mil 214 millones de pesos. Dijo que es el único caso jurídico que tomó siendo legislador. "Es el juicio más grande en la historia de este país, que ya se ganó y por el que no voy a ganar un solo centavo".
En la sesión que él presidió, se presentó la iniciativa del diputado del PRD Tomás Torres Mercado para reformar el artículo 221 del Código Penal de la Federación, con el objetivo de castigar a los legisladores que litiguen contra el Estado.
En la exposición de motivos se advierte sobre la contradicción de representar a dos partes antagónicas en un conflicto de intereses, es decir, una conducta de prevaricación, entendida ésta como incumplimiento malicioso o quebrantamiento de los deberes profesionales.
"Esta conducta desleal bien pudiera encuadrarse en la definición del tipo delictivo de tráfico de influencia, porque valiéndose de su condición o por interpósita persona, violando el principio de igualdad procesal, ventajosamente obtiene resoluciones en favor de quien representa."
El perredista propuso entonces modificar el artículo citado para que los legisladores sean sancionados -como se prevé en ese ordenamiento en el caso de los servidores públicos- cuando "valiéndose de la influencia que el cargo les otorga, obtienen ventajas en beneficio de las personas que representan".
Tanto esa iniciativa como las presentadas por el senador Demetrio Sodi de la Tijera y el diputado Luis Miguel Barbosa -en las que se prohíbe litigar a los legisladores y se establece una ética parlamentaria- recibirán mayor impulso del PRD.
