Violenta el principio de estabilidad en el empleo, argumentan miles de trabajadores

Interponen amparos contra la Ley de Ciencia y Tecnología

La representación jurídica de científicos y tecnólogos se agrupa para cuestionar al Congreso

FABIOLA MARTINEZ

Miles de trabajadores de centros públicos de investigación interpusieron ayer amparos contra la Ley de Ciencia y Tecnología, que "violenta" -particularmente en su artículo 56- el principio de estabilidad en el empleo.

La representación jurídica de los científicos y tecnólogos inconformes, agrupada en coalición, señaló que la legislación en referencia, aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión en junio pasado, denota "insensibilidad o ignorancia" de los legisladores al aprobar una norma que transgrede derechos básicos.

El grupo de sindicatos que solicitaron el amparo de la justicia federal está integrado por trabajadores de la Industria Nuclear (Sutin), del Centro de Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), El Colegio de México, El Colegio de la Frontera Norte, Instituto Mexicano del Petróleo, Colegio de Posgraduados y de Estudios en Antropología Social, entre otros.

Desde la aprobación de la Ley de Ciencia y Tecnología, la coalición de abogados -integrada por Arturo Alcalde, Héctor Barba y Alfonso Bouzas- alertó sobre las violaciones en materia laboral y la necesidad de interponer los amparos como la única alternativa para evitar despidos arbitrarios en los 50 centros de investigación pública que existen en el país.

Tras depositar las solicitudes de amparos en la oficialía mayor del Palacio de Justicia federal, Arturo Alcalde explicó que el artículo 56 de la citada ley pone en manos del patrón (directores de institutos) las reglas de ingreso, promoción y permanencia al empleo, lo cual se contrapone a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y los contratos colectivos de cada centro de investigación.

En particular, agregó el abogado, la fracción 12 del artículo 56 concede al órgano de gobierno de cada centro público de investigación todas las atribuciones para determinar de manera unilateral las condiciones de trabajo del personal académico.

Alcalde, asesor de los trabajadores de El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de México, Instituto Mexicano del Petróleo y el Ciesas, afirmó que en los términos actuales la legislación en cuestión "constituye un mal augurio para la reforma de la Ley Federal del Trabajo, porque evidencia la falta de sensibilidad y conocimientos que sobre esta materia tienen los legisladores".

La prueba de ello, agregó, es que dicha norma fue aprobada por unanimidad y dos abstenciones con el argumento de que así los centros de investigación tendrían mayor autonomía.

Por ello, el amparo interpuesto es contra el Congreso de la Unión, donde "hubo una confusión terrible" al creer que los académicos de esos centros estaban en la misma situación que las instituciones autónomas por ley, como la UNAM o la UAM.