Se detectaron fallas administrativas menores, pero no corrupción, reitera la diputada
"Más que demostrado" que no hubo cochinito en la Cuenta Pública de 2000: Clara Brugada
Descarta que se comprueben desvíos en la segunda etapa de fiscalización de ese periodo
GABRIELA ROMERO Y RAUL LLANOS
La diputada perredista Clara Brugada Molina señaló que de comprobarse anomalías en la Cuenta Pública de 2000 deberá procederse conforme a derecho; no obstante, aseguró que son falsas las afirmaciones de los legisladores panistas en el sentido de que había un cochinito, ya que en los resultados de la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no se comprobaron desvíos de recursos ni hechos graves.
En conferencia de prensa, la legisladora local del PRD puntualizó: "no se encontró el famoso cochinito que tanto declararon algunos diputados; se evidenció que la empresa Publicorp no es un negocio familiar de Rosario Robles, ni de su hija, ni de sus familiares, ni de algún servidor del gobierno capitalino, ni es fraudulenta; queda claro que en la actividad del GDF hubo fallas administrativas menores pero no ilegalidad ni corrupción, como sí ha sucedido con los Amigos de Fox y el Pemexgate".
Aseveró que de ninguna de las 35 recomendaciones hechas por la contaduría se desprenden irregularidades graves que puedan derivar en daño al erario y en el fincamiento de responsabilidad penal o en dar vista al Ministerio Público para su consignación. "Ni siquiera se ordena a la Contraloría General capitalina el inicio del procedimiento para el fincamiento de responsabilidad administrativa".
En alusión a las constantes acusaciones de dirigentes y diputados panistas en contra de la administración que encabezó Rosario Robles Berlanga, la diputada perredista enfatizó que la Contaduría Mayor de Hacienda realizó una exhaustiva investigación del gasto en comunicación social, durante la cual consultó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al IMSS y al Registro Público de la Propiedad y no se encontró ningún dato que acreditara los sobreprecios, el cochinito y "toda la cantidad de calumnias que se cansaron de repetir el año pasado. Con ello queda más que demostrado que tales acusaciones eran infundadas y tenían como base la mentira".
Brugada Molina precisó que ahora comienza la segunda etapa del trabajo de fiscalización, durante la cual los ex servidores públicos involucrados deberán atender a las recomendaciones emitidas por el órgano superior en la materia, en un plazo de 45 días.
