Durante más de ocho meses los ejidatarios de Atenco tomaron regularmente calles del estado de México y el Distrito Federal para exigir la revocación del decreto expropiatorio de sus tierras y el diálogo con las autoridades competentes. En todas estas protestas no se produjeron hechos violentos que lamentar. A pesar del enojo y el malestar de los labriegos la situación no pasó de pequeñas fricciones con las fuerzas del orden público.

Esta secuencia de movilizaciones fue acompañada, desde el primer momento, de acciones legales. Están en marcha dos demandas de controversia constitucional y varios amparos en contra del decreto expropiatorio y, por lo pronto, éste se encuentra legalmente suspendido. Hasta el momento, las autoridades van perdiendo la pelea en los tribunales y cabe la posibilidad de que el resultado final les sea adverso.

Con un amplio reconocimiento en la opinión pública, redes de solidaridad, capacidad de protesta y avances en la esfera jurídica, los campesinos no tenían razón alguna para organizar una provocación. No puede decirse lo mismo de algunos inversionistas y políticos a los que las dificultades legales y la presión social les impiden hacer negocios con la rapidez que quisieran.

Este jueves, el ciclo de movilizaciones pacíficas y luchas legales se interrumpió. La decisión de las autoridades mexiquenses de aprehender a los dirigentes del movimiento Ignacio del Valle y José Adán Espinoza, a pesar de que contaban con amparos, desbordó los ánimos y precipitó la violencia. Los atenquenses vieron en la medida una inadmisible acción punitiva en su contra y respondieron con beligerancia.

Curiosamente, después de provocar el "desbordamiento de las aguas" con una medida unilateral de fuerza contra los labriegos, el gobernador del estado de México, Arturo Montiel, aseguró que el problema rebasaba su competencia y que su solución dependía del ámbito federal. Las autoridades centrales tienen así en sus manos un grave conflicto de orden público, que de acuerdo con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, no era su intención provocar.

El gobernador mexiquense hizo regresar al país a los tiempos de la guerra fría. Para descalificar a un movimiento legítimo de hombres del campo que luchan por no perder la tierra -que es su raíz y razón de ser- ha recurrido al lenguaje anticomunista digno de los peores tiempos de Díaz Ordaz. Al asegurar que "agitadores profesionales" se encuentran detrás de este "pequeño grupo de ejidatarios" que se oponen a la construcción de la terminal aérea pretende deslegitimar una causa justa.

La decisión de presentar como "un acto de buena fe" la liberación de tres de los 14 detenidos, que fueron apresados a pesar de no tener participación en los hechos violentos, pone en duda la seriedad de las argumentaciones que el gobierno estatal ha ofrecido a la opinión pública.

Es en este contexto que el llamado del presidente Fox a los ejidatarios de Atenco al diálogo y la negociación para echar a andar el proyecto del nuevo aeropuerto que, advirtió, continuará, resulta inadecuado. Tal y como se encuentra en estos momentos la disputa legal, la decisión sobre el futuro del proyecto no depende del mandatario sino del Poder Judicial. Las obras no podrán comenzarse hasta que los magistrados lo definan y su resolución puede impedir su realización. Por lo demás, es necesario recordar que en innumerables ocasiones los ejidatarios han exigido el diálogo del que hoy habla el jefe del Ejecutivo.

Las autoridades federales tienen frente a sí un problema de gran magnitud en el que está en juego su reputación democrática. La construcción del estado de derecho no puede limitarse al uso de la fuerza pública para restablecer el orden quebrado por la violación a las leyes por parte de autoridades gubernamentales, que mostraron su falta de capacidad negociadora. El derecho no puede estar reñido con la justicia, y es por ella que luchan los pobladores de Atenco.