El fraude en la Conaliteg, por más de 213 mdp, afirman

Impresoras de Prida Huerta, con saldo en el Fobaproa

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

En la denuncia que la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) presentará ante la Procuraduría General de la República (PGR) documentará que las empresas Magnograf, Encuadernaciones de Oriente e Impresoras Nacionales de Armando Prida Huerta, así como las impresoras Ultra y Multicolor cobraron sobreprecios presuntamente en contubernio con funcionarios en las gestiones de Antonio Meza Estrada y Humberto Blanco.

De acuerdo con documentos en poder de este diario, entre 1999 y 2001 cada libro costó 9.42 pesos en promedio, mientras que en la gestión actual esta cantidad se redujo a 5.41 pesos por ejemplar.

El caso más grave es el de las empresas de Prida Huerta, que a pesar de estar en suspensión de pagos desde 1996, se veía "favorecido" con la compra del 30 por ciento anual de libros a sabiendas de que infringía la Ley de Adquisiciones, la cual le prohibía realizar ventas al sector público.

En el expediente se señala que la empresa se encuentra en suspensión de pagos desde 1996, tiene un saldo en el Fobaproa por 10 millones de pesos, y que en 2000 imprimió propaganda de la campaña de Francisco Labastida Ochoa a la presidencia de la República con papel pagado por Conaliteg, con el argumento de que los sobrantes de este producto le pertenecían.

Cobros excesivos

Dichas compañías -explica la comisión- han "cobrado en exceso" entre 1999 y 2002 un monto de 213 millones 909 mil 454 pesos, lo que representa la mitad de lo que la administración actual ha ahorrado en la producción de libros para el ciclo 2002-2003. Eso le ha permitido, afirma, tener ingresos por más de 700 millones de pesos.

Las otras impresoras que, según la Conaliteg, cobraron sobreprecios son Ultra, de Enrique Espinosa; Multicolor, de Juan Rivas y se encuentra en investigación Fernández Editores, que a través de esa razón social y la de Imprentor vendió libros a precios muy elevados.

Los altos precios que cobraban estas empresas, -algunas de ellas todavía realizan ejemplares a la Conaliteg-, fueron comprobados por las auditorias que realizó la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) de los ejercicios de 1999 a 2001. Esta información será incluida en el expediente que el director de la comisión, Jorge Velasco y Félix presentará la próxima semana ante la PGR para denunciar la comisión de los delitos de fraude, desvío de fondos y daño patrimonial al Estado por parte de ex funcionarios del gobierno de Ernesto Zedillo.

Por ejemplo, en 1999 el libro de Ciencias Naturales de sexto grado de primaria fue producido por Ultra y tuvo un costo de 10.80 pesos en promedio; en total se pagaron 30 millones 207 mil 600 pesos por dos millones 800 mil libros. Mientras que en la más reciente adquisición a otra empresa, el mismo texto tuvo un costo de 6.84 pesos y se pagó casi la mitad de hace dos años, 16 millones 996 mil 401 pesos por 2.5 millones de libros.

A su vez, en 1999 Magnograf cobró 11.71 pesos en promedio por cada libro de Español Lecturas Segundo Grado; por tanto la compra de 3 millones 207 mil 200 libros significó un gasto de 37 millones 562 mil pesos. En 2002, cada libro costó en promedio 7.25 pesos y por un volumen de 2 millones 932 mil se pagaron 21 millones 265 mil 232 pesos.

La historia de los negocios de Prida Huerta revela una serie de anomalías que, según el organismo, han sido permitidas tanto por funcionarios de la administración anterior de la Secodam como por los de la actual.

Indica que Litografía Magnograf, de Prida, fue la primera empresa investigada y que fue constituida en Tlaxcala y radicada en Puebla. A pesar de estar en suspensión de pagos desde 1995 y hasta la fecha, imprimió libros para la Conaliteg desde 1995 hasta marzo del 2000.

Encuadernaciones de Oriente, también del mismo impresor, según el organismo, facturó libros para la comisión desde marzo de 2000 hasta marzo del 2001, los cuales en realidad fueron producidos por Litografía Magnograf, que le subarrendaba el local y los recursos humanos.

El primer episodio legal del enfrentamiento entre la actual administración de Conaliteg con Prida Huerta se dio el 23 de abril de 2002 cuando, a petición de Velasco y Félix, Encuadernaciones de Oriente, inhabilitada por Secodam para ser proveedor del gobierno por haberse demostrado falsedad en declaraciones presentadas ante diversas autoridades.

Pero apenas 20 días antes de que Secodam inhabilitara a Encuadernaciones de Oriente que se funda Representación de Impresoras Nacionales, en la que dos hijos del empresario son los principales accionistas, refieren los documentos.

La nueva impresora, añaden, no cuenta con recursos humanos, equipos, maquinaria ni instalaciones para producir. El equipo lo "arrienda", el local lo "subarrienda" y los recursos humanos los "contrata" nuevamente con Litogragía Magnograf por 100 mil pesos ajustables al mes.

Ante esta situación, la Conaliteg se vuelve a inconformar ante la Secodam. Adicionalmente la Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas presenta un escrito de felicitación al titular de la Secodam, Francisco Barrio, por haber inhabilitado a Encuadernaciones de Oriente, la cual --dijeron-- competía contra el gremio en situación muy ventajosa al operar al margen de la ley.

Sin embargo, la Secodam falló a favor de Armando Prida y ordenó a la Conaliteg recibir las propuestas de empresas constituidas bajo la estructura de Representación de Impresoras Nacionales. En respuestas varias empresas gráficas presentan inconformidades ante la Contraloría porque ésta recibe propuestas y adjudica contratos a una empresa que, afirman, simula y evade la ley.