Presentará el PRI controversia contra
la convocatoria
Podría pedir el IEDF apoyo a la Federación
para realizar el plebiscito
LAURA GOMEZ FLORES
El Instituto Electoral del DF no descartó la posibilidad
de solicitar apoyo económico al gobierno federal e incluso hasta
hipotecar su edificio, para sufragar el costo del plebiscito, por alrededor
de 45 millones de pesos, para que la ciudadanía decida sobre la
construcción del segundo piso en Viaducto y Periférico.
Mientras, el PRI capitalino anunció que presentará
el lunes una controversia de validez jurídica de la convocatoria
al plebiscito, pues consideró que mediante ésta el mandatario
local pretende "legitimar actos y decisiones ejecutados previamente, por
lo que resulta ilegal en su contenido".
El consejero electoral Eduardo Huchim May expresó
que a dos meses y medio del plebiscito -previsto para el 22 de septiembre-,
el IEDF cuenta con alrededor de 10 millones de pesos, por lo que "no está
descartada la posibilidad de recurrir a la Federación, aunque personalmente
me parece inconveniente". Precisó que el IEDF cuenta con atribuciones
para hacerlo, de acuerdo con el Código Electoral del Distrito Federal,
pero antes analizará otros caminos, como la cancelación de
diversos proyectos no prioritarios, como la construcción de un anexo
de su edificio, e incluso prioritarios.
"Esperamos no llegar a esos extremos, que lo podamos resolver
de otro modo, pero con ello demostramos la voluntad y el compromiso del
instituto para organizar este ejercicio de participación ciudadana
con pleno apego a la legalidad, aun en condiciones adversas que he llamado
de emergencia", argumentó.
Agregó que ante la determinación de cancelar
la partida de difusión, a la cual se habían destinado 71
millones de pesos, se ha pensado en que los consejeros realicen volanteo,
como se hizo en la elección vecinal, así como solicitar el
apoyo de los medios de comunicación para que difundan el plebiscito,
recurrir a los tiempos oficiales y solicitar ayuda a la Cámara de
la Industria de la Radio y la Televisión.
La ley obliga al IEDF a difundir el proceso, dijo, pero
ante los pocos recursos económicos con que se cuenta -10 millones
de pesos-, se recurrirá a todos los caminos posibles para llamar
a la gente a participar en esa fecha. "Por eso decía que es un plebiscito
que va a tener la mano extendida", expresó Huchim May.
El mandatario capitalino, explicó, puede tomar
la decisión que estime pertinente una vez que se conozcan los resultados
del plebiscito, pero "si no se alcanza un mínimo de 2.2 millones
de participantes, ya no es obligatorio y, en consecuencia, puede hacerle
caso o no".
-¿No sería infructuoso este ejercicio de
participación ciudadana cuando la decisión final la tiene
el jefe de Gobierno? -se le preguntó.
-Ahí está el problema, por eso decía
que si acude a votar una tercera parte del padrón electoral, ya
no podrá rechazar el resultado, tendrá que acatarlo forzosamente.
El problema es que si no acude suficiente gente, no tendrá carácter
vinculatorio y sus resultados serán muy pobres.
Por su parte, el PRI-DF informó que el lunes presentará
una controversia de validez jurídica del plebiscito, por actos administrativos
que generaron consecuencias jurídicas, incluidos proyectos ejecutivos
por los que se otorgó un pago, como el que hizo el Grupo Riobóo,
y ahora se busca legitimar actos ya ejecutados.
Además, asevera, hay una clara intención
de inducir al elector, pues se indica que en caso de que la opción
"Estoy a favor" del segundo piso obtenga el mayor número de votos
en el plebiscito, la obra deberá realizarse, y se solicitará
a la Asamblea Legislativa el presupuesto necesario hasta su conclusión
en 2005.
Jorge Schiaffino, delegado especial del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI, señaló que lo anterior implica
un engaño, pues la pregunta es tendenciosa, inductiva y sirve de
presión a los electores para que voten a favor, violándose
el artículo cuarto del Código Electoral, con lo cual se acredita
que la convocatoria no tiene validez, ya que no podrían los ciudadanos
rechazar algo ya realizado. Agregó que el mandatario capitalino
pretende un plebiscito "a modo", con mecanismos de presión al IEDF,
no proporcionándole recursos económicos y amedrentándolo
con la exigencia de que debe informar sobre cómo ejerce su presupuesto.