Miembros del Poder Judicial perdieron la sensibilidad social, expresa el diputado priísta

Gómez Villanueva propone que una comisión legislativa indague el insólito fallo contra la SRA

Recomienda que los magistrados no hagan justicia a secas, sino fijarse en las repercusiones

ANDREA BECERRIL

El diputado del PRI Augusto Gómez Villanueva propuso la integración de una comisión legislativa encargada de investigar "el insólito fallo judicial" por el que se condenó a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a pagar una cifra millonaria, superior a su presupuesto anual, a particulares representados por el despacho del panista Diego Fernández de Cevallos.

"Resoluciones exorbitantes como esa muestran que algunos miembros del Poder Judicial han perdido la sensibilidad social" y no tomaron en cuenta el riesgo de causar "una reacción en cadena de los núcleos agrarios que se sientan perjudicados por el hecho de que se pretenda beneficiar a particulares que ni siquiera son los dueños originales de la tierra en litigio", advirtió el presidente de la Comisión de Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

El secretario de la Reforma Agraria durante el sexenio de Luis Echeverría comentó que no hay precedente de un fallo como el emitido por la juez décima de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, por el que se condenó a la SRA a pagar a los herederos de Gabriel Ramos Millán más de mil 214 millones de pesos, por daños y perjuicios, por un predio de 33 hectáreas que se incluyó dentro de la zona expropiada en 1984 en el ejido de Santa Ursula Coapa.

Gómez Villanueva hizo notar que tal indemnización despierta muchos interrogantes que deben ser investigadas por los legisladores. En el caso específico de los diputados de la Comisión de Programación y Cuenta Pública, "tienen que estudiar muy a fondo la situación, antes de autorizar una partida de esa naturaleza" a la SRA.

"Creo que como representantes populares tenemos que pensar en varias cuestiones. Advertir que fallos como éstos son insólitos y sólo muestran que algunos miembros del Poder Judicial han perdido la sensibilidad social y han puesto en una seria disyuntiva a las autoridades de la SRA, frente a la escasez de recursos de que dispone para dar prioridad a cuestiones de esta naturaleza".

Consideró que si bien en el Poder Judicial se dirimen derechos, debe prevalecer el interés social sobre el individual. "Si nosotros olvidamos lo que representó en el pasado la gran batalla de los campesinos para eliminar el juicio de amparo en materia agraria, tenemos que acordarnos que hubo de por medio no sólo la Revolución de 1910, sino que perdieron la vida un millón de hombres en el campo de batalla, para hacer posible el proceso de reparto de la tierra".

Hizo notar que una resolución de esta magnitud, en la que hay serias dudas y se ha criticado al senador Fernández de Cevallos por su doble papel de legislador y litigante, obliga a pedir cuentas al Poder Judicial, que no sólo debe aplicar la justicia a secas, sino fijarse en las repercusiones.

"Por eso la facultad que se otorga al magistrado o al ministro de poder hacer una evaluación de los alcances de su ponencia o de sus fallos, y en este asunto del despacho de Fernández de Cevallos y Lozano Gracia hay una evidente falta de previsión del contenido social de una determinación como ésta."

Los jueces y magistrados, insistió, debieron tener conciencia de que "cuestiones como ésta pueden crear una reacción en cadena de todos los núcleos agrarios que se ven afectados con el hecho de que se pretenda privilegiar la indemnización para un respetable particular que ni siquiera es el dueño original de la tierra".

Agregó que el dueño original, Gabriel Ramos Millán, falleció hace muchos años y es la tercera generación de esa familia la que exige un pago de mil 214 millones de pesos por un predio de 33 hectáreas del que nunca tuvieron resolución. "Son derechos que hay que reconocer; como ciudadanos mexicanos pueden recurrir al amparo, pero esto nos obliga a revisar no sólo la aplicación de criterios y la definición de políticas, sino el riesgo de revertir hechos ya juzgados históricamente, que pudieran dar lugar a situaciones irreversibles".

En ese contexto, precisó, es que se debe crear una comisión de legisladores que se encargue de investigar "el verdadero trasfondo y el espíritu de una resolución judicial como esa". Adelantó que él impulsará esa propuesta.