Lograr reconocimiento pleno de sus derechos políticos, entre las metas: obispo Arizmendi

Exigen líderes religiosos revisar la ley de cultos

El estatuto promulgado hace 10 años ya no responde a la dinámica del país, coincidieron

JOSE ANTONIO ROMAN Y ELIO HENRIQUEZ ENVIADO Y CORRESPONSAL

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 15 de junio. El Estado no tiene derecho alguno a restringir los justos derechos políticos de los ministros de culto, impidiéndoles el voto activo, coincidieron aquí diversos líderes religiosos, quienes señalaron la necesidad de "revisar" la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

El obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi; el presidente de la Sociedad Bíblica de México, Abner López, y el presidente del Centro Familiar Cristiano, Benjamín Rivera Leos, consideraron que a diez años de su promulgación, el 15 de julio de 1992, la ley secundaria que norma el comportamiento de las iglesias y su relación con el Estado debe revisarse, no sólo porque restringe algunos derechos de los ministros de culto, sino porque no responde a la dinámica religiosa que vive el país.

Participantes en el encuentro "El derecho humano a la libertad religiosa", organizado por los gobiernos federal y estatal, el obispo, por una parte, y los dos pastores evangélicos, por la otra, mostraron discrepancias sobre el planteamiento de impartir educación religiosa en las escuelas públicas, aunque señalaron que este tipo de encuentros, donde líderes religiosos y especialistas en el tema intercambian puntos de vista, contribuyen a fomentar la cultura de la tolerancia que necesita el país.

En este sentido, el representante legal de la Comunidad Islámica de La Laguna, Hassán Zain Thamut, se refirió al gran avance legal que significó la promulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, hace ya casi diez años, pero expresó que es necesario avanzar todavía más en la cultura de la tolerancia entre los creyentes. En esta tarea los líderes religiosos, no sólo el gobierno, tenemos una especial responsabilidad, dijo en breve entrevista.

Durante su intervención, el obispo Arizmendi aclaró que uno de los puntos en que la ley necesita ser modificada es sobre el reconocimiento pleno de los derechos políticos de los ministros de culto. Por ejemplo, dijo, los sacerdotes hemos renunciado a casarnos; también cuando nos ordenamos aceptamos libremente no intervenir en política partidista. Esas decisiones son libres, pero el Estado no tiene por qué limitarnos.

En tanto, el pastor de la Iglesia presbiteriana, Abner López Pérez, tras insistir en que la ley necesita modificaciones, consideró inconveniente que la legislación establezca a los ministros de culto hasta cinco años de separación de su servicio pastoral para aspirar a un cargo de elección popular, cuando hay otros ejemplos en los que se pide sólo seis meses.

Rivera Leos, en su oportunidad, también expresó la necesidad de revisar dicha ley, pues desde hace tiempo tiene claros signos de obsolescencia y ante la dinámica del movimiento religioso no está respondiendo a las expectativas ni necesidades de las iglesias. "Me parece que no estamos interpretando adecuadamente la realidad religiosa del país", señaló el pastor evangélico, quien también citó la excesiva "tramitología" que las iglesias deben realizar ante las oficinas gubernamentales.

Los líderes religiosos se refirieron también al reglamento de la ley de cultos, el cual, desde su punto de vista, podría resolver algunos problemas, pero que la autoridad no ha emitido pese a que la ley secundaria tiene ya diez años de vigencia. Y es que en algunos casos, dicha normatividad remite al reglamento como mecanismo para resolver algunas controversias, pero sencillamente éste no existe.

Sobre el particular, el director general de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Alvaro Castro Estrada, presente en los dos días del encuentro, respondió que el reglamento, en caso de emitirse, no podría trascender más de lo que hoy establece ya la ley secundaria, por lo que considera inexplicable las

grandes expectativas que se tuvieran sobre el mismo.

Incluso, planteó que de no actuar de manera acertada en la elaboración de este reglamento, existiría el riesgo de generar confusión. En todo caso, añadió, se podría hacer un esfuerzo por reglamentar la ley de cultos con el objetivo de aterrizar algunas disposiciones legales. Dijo que se recogería la opinión, si no de todas las iglesias, sí de las más representativas. Pero insistió en que el reglamento no resolverá los problemas.