Consecuencia del reparto de pastel entre PRI, PAN y PRD

Provoca desorden y vacío legal en la ALDF la disputa por cargos

RAUL LLANOS Y GABRIELA ROMERO

La disputa por los puestos administrativos en la Asamblea Legislativa, entre las fracciones parlamentarias, ha generado desorden y vacíos legales en este órgano; el conflicto de intereses es tal que ha provocado la renuncia en grupo de varios funcionarios, la designación de otros, que tendrían sueldos de hasta 90 mil pesos, y que se mantengan acéfalas algunas direcciones desde hace cinco meses.

El origen de esta situación es el acuerdo que establecieron desde el inicio de la actual legislatura los coordinadores de PRI, María de los Angeles Moreno; PAN, Patricia Garduño, y PRD, Armando Quintero, para que cada fracción tuviera la atribución de designar a los titulares de Tesorería, Comunicación Social y Oficialía Mayor, respectivamente. Es decir, para repartirse el pastel ante el equilibrio de fuerzas.

Sin embargo, los escándalos en las dos últimas áreas beneficiaron al PRI, que, a decir de integrantes de la Comisión de Gobierno, busca a toda costa ganar más espacios en la estructura administrativa de la ALDF. Primero fue José Antonio Pérez Stuart, quien, designado por los panistas, tuvo que renunciar, en diciembre pasado, luego de que se conociera que repartía dinero a reporteros y tomaba decisiones al margen de la Comisión de Gobierno. Luego el oficial mayor, José Coca -puesto por el PRD-, dejó el cargo ante señalamientos de ineficiencia y de haber realizado cuestionables adquisiciones.

A partir de que María de los Angeles Moreno relevó en el cargo a Armando Quintero en la presidencia de la Comisión de Gobierno se han agudizado las inconformidades. Primero se dio una restructuración administrativa que estuvo en manos del tesorero, Miguel del Rosal -designado por los priístas-, debido a que no había propuesta concreta del ex oficial mayor, José Coca.

En ese proceso se fusionaron, disminuyeron o desaparecieron 11 áreas. Lo que más molestia generó fue quitarle a la Oficialía Mayor la Dirección de Procesos Parlamentarios para que dependiera de la presidencia de la Comisión de Gobierno, y ahí el PRI designó a David Figueiras Velázquez, quien según un oficio fechado el 2 de enero de este año estaría ganando al mes 90 mil pesos, más que un diputado.

Y a pesar de que María de los Angeles Moreno y Marco Antonio Michel Díaz han insistido en que los funcionarios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sean del mejor perfil, el currículum de Figueiras indica que cursó hasta el sexto semestre de la licenciatura en derecho y, de acuerdo con un documento reciente, carece de cédula profesional.

El 15 de enero renuncia a la Dirección General de Asuntos Jurídicos Margarita Espino, para ocupar un puesto en la Procuraduría General de Justicia del DF. Como encargado del despacho queda José Alfredo García Franco, antes director de lo Contencioso. A la par, el PRI continuó expandiendo su fuerza e integró a Procesos Parlamentarios la Dirección de Apoyo Legislativo, e hizo renunciar a su titular, Jesús Carreón.

La actitud de los priístas en la estructura administrativa de la ALDF lleva a la inconformidad de varios funcionarios, por lo que el 30 de abril dimiten en grupo García Franco y los directores Claudia Ortega, de lo Contencioso, y Mauricio Dardón, de lo Consultivo, además de tres jefes de departamento. En esa misma fecha, último día del pasado periodo ordinario de sesiones de la ALDF, renuncia José Coca, por la presión de la Comisión de Gobierno, y entra en su lugar Octavio Medina, a propuesta de los perredistas, producto de intensas negociaciones en las que el PRI insistía en que predominara el perfil, por lo que se debió presentar hasta en dos ocasiones una terna, de la que salió el actual oficial mayor.

A pesar de que han transcurrido cinco meses, todavía no hay titular en la Dirección General de Asuntos Jurídicos ni en las otras áreas. De ahí que sea una instancia de la presidencia de la Comisión de Gobierno la que esté conociendo de los amparos interpuestos por los banqueros en contra de las modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles para que refuercen sus medidas de seguridad.

También la acción constitucional presentada por la ALDF en contra de Andrés Manuel López Obrador por su negativa a aplicar el SUVA está siendo atendida por el equipo de abogados del diputado priísta Rafael Luna Alviso, y no por el área correspondiente. Una situación similar se presentó con el titular de Comunicación Social. Después de lo ocurrido con Pérez Stuart, la coordinadora del PAN optó por no presentar ninguna propuesta y que fueran los otros partidos quienes propusieran, y en la recta final no faltaron los priístas, pero quedó Sergio Ruiz Andrade, quien llegó con el total apoyo de los panistas.

Sin embargo, ni el director de Comunicación Social ni el oficial mayor tienen libertad para designar a los directores generales o de área. Esa facultad la tiene la Comisión de Gobierno, y hace apenas una semana esta instancia les dio luz verde a ambos funcionarios para que pudieran nombrar a los responsables de las subdirecciones y jefaturas de área.

De acuerdo con Carmen Pacheco, vicecoordinadora del PRD, el acuerdo que tuvieron María de los Angeles Moreno y Armando Quintero mantuvo mucho tiempo "todo atorado" en la ALDF. Incluso la Comisión de Gobierno acordó pedir la renuncia al director general de Administración, Gerardo Montero; sin embargo, se señala que por los priístas se mantiene en el cargo. Los perredistas amenazan con "romper lanzas" hoy de no cambiar la actitud la presidencia de la Comisión de Gobierno.