La masacre perpetrada el viernes pasado en el paraje Agua Fría, municipio de Santiago Textitlán, Oaxaca, en la cual 26 trabajadores de un aserradero fueron asesinados y otros dos resultaron heridos, es una tragedia anunciada, como casi todas las confrontaciones que ocurren en esa paupérrima región indígena.

Aunque las autoridades estatales informaron, a dos días de ocurrido el homicidio múltiple, de la captura de 16 individuos que presuntamente participaron en la emboscada, y a pesar de que se ha fortalecido la hipótesis de que el crimen tiene que ver con un añejo conflicto de tierras entre los municipios colindantes de Santiago Xochiltepec -de donde eran originarios los asesinados- y Santo Domingo Teojomulco, aún hacen falta muchos elementos para tener un panorama claro del motivo circunstancial de este crimen repudiable y de la manera en que se urdió.

Puede apuntarse, sin embargo, que la matanza del viernes en Agua Fría tiene antecedentes cruentos y terribles: casi 20 muertos en 1986, en un enfrentamiento entre los municipios de Santiago Amoltepec y Santa María Zaniza; una masacre más en 1995 con saldo de 29 campesinos asesinados; otra matanza en 1998, en el marco de la confrontación vigente entre ese municipio y San Lorenzo Texmelucan -más de 20 muertos- y un ataque con armas de fuego contra la escuela secundaria de Xochiltepec, en enero pasado, atribuido a gente del alcalde de Teojomulco, Antonio Roque, quien tiene una larga trayectoria de antecedentes penales.

Con esos precedentes, las autoridades estatales y federales tenían el deber de atender los viejos conflictos agrarios que contraponen a cuatro municipios de la zona. Pero la clase política nacional y las instituciones sólo se acuerdan de la región cuando realizan incursiones en ella para perseguir narcotraficantes o efectuar acciones de contrainsurgencia, o bien cuando se acerca una elección y llega el tiempo de buscar votos.

Desde esa perspectiva, los gobiernos federal y estatal tienen una responsabilidad ineludible en la matanza perpetrada en Agua Fría el viernes pasado. No se trata de una responsabilidad directa por actos de barbarie vinculados con la represión, como ocurrió en Aguas Blancas, Guerrero, y Acteal, Chiapas, en el sexenio de Ernesto Zedillo; en cambio en el caso oaxaqueño salta a la vista la responsabilidad por falta de interés, abandono, apatía y desgobierno.

Cabe preguntarse si será necesaria otra matanza para que las autoridades -federales y estatales- se apliquen a resolver los conflictos agrarios, la miseria, la falta de esperanza y la marginación en la Sierra Sur de Oaxaca y eliminar así un caldo de cultivo para la violencia intercomunitaria, el narcotráfico y la insurgencia. En lo inmediato, resalta la obligación acuciante de procurar e impartir justicia y de cerrar el paso a una impunidad que, está visto, propicia nuevos actos de barbarie.