El sindicato violó la reglamentación que lo rige, señala

Se sancionará a quien ponga en riesgo el funcionamiento de la ciudad: Encinas

ELIA BALTAZAR

Dado que el Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal violó la condición de solicitar autorización de las autoridades para llevar a cabo su asamblea extraordinaria, que implica el paro de labores, el gobierno capitalino tiene la facultad de aplicar las sanciones correspondientes y será implacable si se pone en riesgo el funcionamiento de la ciudad y la seguridad de sus habitantes, advirtió el subsecretario de Gobierno del DF, Alejandro Encinas.

"Es un asunto estrictamente legal que estamos evaluando, porque requieren de autorización para realizar sus asambleas, las cuales deben ser acordadas con la autoridad, según su propio reglamento", sostuvo.

No obstante, dijo Encinas, la instrucción del jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, es permitir la libre manifestación de los trabajadores. Pero si hubiera alguna situación que pusiera en riesgo los servicios a la población, advirtió, "el gobierno será implacable en su intervención", lo que significa que hará uso de sus facultades legales para aplicar las sanciones correspondientes.

En términos legales, explicó Encinas, el SUTGDF se encuentra en asamblea extraordinaria y no en paro, pues esta última figura no existe, de acuerdo con el apartado B del reglamento que rige a los trabajadores al servicio del Estado.

El subsecretario de Gobierno advirtió: "todo el mundo reconoce la filiación de los líderes sindicales", si bien en ningún momento se refirió al PRI. Dijo: "todos reconocen que en ese partido no hay autonomía sindical, hay una estructura corporativa y una afiliación forzada", y agregó: "al buen entendedor pocas palabras".

Por lo pronto, Encinas aseguró que el gobierno local se comprometió a no proceder administrativamente contra los trabajadores "que ejerzan su derecho laboral", pues muchos de ellos recurrieron al día económico, otros aprovecharon el día de asueto que se dio por intercambio del Día de las Madres y la mayoría laboró, explicó el funcionario.

El SUTGDF, por su parte, mostró la petición para llevar a cabo ayer su asamblea extraordinaria, no así para realizarla hoy y mañana.

En conferencia de prensa matutina, Alejandro Encinas explicó que cuatro son las demandas del SUTGDF que las autoridades consideran inaceptables, pues son privilegios que benefician sólo a un grupo de trabajadores o a los líderes y no a la base en su conjunto. "La dirigencia ha presentado demandas que nunca estuvieron en la mesa de negociación, y las presentan como si fueran violaciones generalizadas a las condiciones generales de trabajo", dijo el funcionario.

Se trata, en primer lugar, del mecanismo para la adquisición de prendas de vestir de los trabajadores administrativos, en el cual participaban los líderes sindicales y que el año pasado, a partir de una observación de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, se sustituyó por la entrega de vales mediante los cuales los empleados ahora adquieren bienes a su gusto.

"Cada año se les entregaban -por decir- dos prendas a cada trabajador, pero se detectó que al menos 20 por ciento de los empleados administrativos no recibió ese vestuario en 1999 y 2000. Y parte de éste apareció en tianguis de la ciudad, particularmente en el que se instala en la colonia San Felipe de Jesús", aseguró Encinas.

Informó que los negociadores del SUTGDF también han exigido prerrogativas y prestaciones especiales para un grupo de trabajadores de la Secretaría de Finanzas, algunos de los cuales fueron beneficiados en su momento con prestaciones por el entonces regente Oscar Espinosa Villarreal, quien en junio de 1997 autorizó la entrega de bonos de productividad para aquellos empleados que se desempeñaban en áreas donde se realizaban las grandes operaciones financieras de aquella administración, particularmente en la Tesorería.

Son prerrogativas a favor de un sector muy reducido de auditores y actuarios, que suman apenas 500, quienes se beneficiaban de una práctica conocida como "derrama de cajeros". Es decir, dijo el funcionario, se repartían el dinero que sobraba en el corte de caja por el cobro de servicios, ya fuera porque no se entregaba el cambio a los usuarios o se hacían mal las cuentas.

"Esta práctica no podemos permitirla porque promueve el engaño hacia el usuario, que se le burle en beneficio de un pequeño sector", advirtió Encinas. Los líderes sindicales, agregó, también piden un bono de productividad para los trabajadores que antes estaban en la Secretaría de Finanzas, aun cuando no han laborado, dado que se trata de comisionados del propio SUTGDF. "Ese es un beneficio para los líderes estrictamente y nada tiene que ver con el conjunto de los trabajadores".