NIEGA JUEZ AMPARO PARA NO CONGELAR CUENTAS DEL STPRM

El juez cinco B de amparo, Eugenio Reyes Contreras, negó la suspensión provisional al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) respecto a la petición de que no le fueran congeladas varias cuentas bancarias por parte de autoridades federales, a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Procuraduría General de la República. La semana anterior el juez recibió la solicitud de suspensión y el viernes pasado negó al STPRM la protección provisional de la justicia federal. De acuerdo con fuentes judiciales, queda pendiente otra solicitud de suspensión del STPRM contra un eventual cateo de sus oficinas. Se espera que en las próximas horas el juez Reyes Contreras emita sentencia al respecto. Los abogados del STPRM interpusieron un recurso de queja o revisión, el cual será resuelto por un tribunal colegiado. En tanto, no hay impedimento legal para que la autoridad judicial determine un eventual congelamiento de cuentas bancarias del STPRM, si se establece que tienen vínculos con el presunto desvío de recursos de Pemex a la campaña presidencial de Francisco Labastida.

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados exigió ayer que se investigue la venta de Aseguradora Hidalgo (Ahisa) y en caso de encontrar irregularidades que se revierta la operación. Miroslava García Suárez, responsable del área económica de la bancada, afirmó que en esta operación "el gobierno federal resultó ser, de nueva cuenta, un mal vendedor, pues la empresa estaba valuada en más de mil 900 millones de dólares y la remató en 968 millones". Anunció que presentará una demanda de juicio político contra el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, por haber permitido que la empresa se vendiera a la mitad de su valor, y destacó que con la venta de Ahisa a Metropolitan Life, 80 por ciento del sector asegurador en México estará en manos de extranjeros. Con esta venta, el gobierno obtuvo magras ganancias, además de que se dejarán de recibir casi mil millones de pesos anuales.

Para compensar los enormes subsidios que el gobierno de Estados Unidos dará a sus agricultores, la administración federal mexicana debería canalizar 4 mil millones de dólares más al presupuesto del sector agropecuario, regresar al mecanismo de precios de garantía y aplicar todas las herramientas del Tratado de Libre Comercio ?aranceles, antidumping y antimonopolios, entre otras? para proteger a los productores de nuestro país, dijo el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jesús Vizcarra Calderón. Advirtió que más de 18 millones de personas se verán afectadas por la decisión estadunidense. Del desastre económico en el campo no se salvará nadie, ni siquiera las grandes agroindustrias como Bachoco, Lala, Alpura y Sigma Alimentos, por ejemplo. Lo cierto es que para Estados Unidos "somos socios comerciales de a mentiritas. Nos ven como clientes cautivos que pueden hacernos lo que quieran", expresó. Inquieto porque no ve señales claras y directas del gobierno federal frente a la competencia desleal de Estados Unidos, Vizcarra Calderón no descartó la posibilidad de que ante el desastre económico en el agro mexicano el descontento social sea incontenible. "El gobierno estadunidense también debería evaluar los riesgos de mantener en la extrema marginación a los mexicanos", apuntó. Vizcarra enumeró los riesgos que conlleva la nueva ley agrícola estadunidense: estimulará la sobreproducción de cultivos básicos, pondrá en riesgo las negociaciones y reformas para las disciplinas internacionales multilaterales (de subsidios) en la Organización Mundial de Comercio y exacerbará las pugnas comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos.

Alrededor de un centenar de productores agrícolas de la zona centro de Sinaloa comenzaron este martes movilizaciones en demanda de mejores precios para las cosechas de maíz y trigo, y se plantaron a la orilla de la carretera La Costera, en la comunidad de La Platanera, en Culiacán. Los integrantes del Movimiento Agrícola Sinaloense (MAS) exigieron que el gobierno considere en los precios por tonelada de maíz y trigo el índice inflacionario, para que los cultivos conserven un mínimo de rentabilidad. Para el maíz demandan un precio de mil 650 pesos por tonelada, pero el gobierno les ofrece mil 550; los trigueros, en cambio, exigen mil 800 pesos y el ofrecimiento es de mil 660. En Durango, campesinos de diferentes municipios realizaron un plantón en las oficinas de la Secretaría de Agricultura en demanda de apoyos retrasados de los diversos programas federales.

BLOQUEAN OFICINAS DE LA CFE EN PROTESTA POR ALTOS COBROS

Agricultores de la Comarca Lagunera y miembros del Comité Pro Mejoramiento del Agro Nacional bloquearon las oficinas divisionales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Torreón, Coahuila, en protesta por los altos cobros en el consumo de energía. Mientras tanto, Bruno Marinone Moschetto, superintendente de la CFE en Mexicali, Baja California, informó que "se respetarán" las 224 suspensiones ordenadas dentro de un juicio de amparo contra la paraestatal, que interpusieron mexicalenses para obtener la suspensión del pago de la tarifa 1F. Pedro Vázquez, dirigente del Comité Pro Mejoramiento del Agro Nacional, al que apoyan productores de Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas, advirtió que se generalizarán en diversas entidades del país los movimientos contra la CFE, porque el agro mexicano recibe del gobierno federal "un trato desigual" en comparación con el que proporcionan otras naciones a sus campesinos.

 EXIGEN A CFE ACLARAR SUBSIDIOS

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe transparentar el monto de los subsidios al consumo de energía eléctrica y qué cantidad de gente se beneficia con éstos. Además, aclarar qué porcentaje de los 13 mil millones de pesos que se le entregan a Luz y Fuerza del Centro (LFC), con cargo a los contribuyentes, se destina a cubrir deficiencias de operación, expresó Jorge Chávez Presa, diputado del PRI. En conferencia de prensa, afirmó que los estados financieros de la CFE "están completamente distorsionados", con la intención de "sobrevaluar sus activos", lo cual, a su vez, le permite "cobrar el aprovechamiento" que se deriva del uso eficiente de la energía. Por su parte, el secretario de Gestión Social del CEN, Omar Bazán, refirió que los diputados federales del PRI solicitaron una auditoría al consumo en Nuevo León y Zacatecas, así como en el DF.