Carrillo Prieto aceptó ayer impedir que se dé carpetazo al expediente en la entidad

El caso de Joel Arriaga, asesinado en Puebla en 1972, en vías de ser atraído por el fuero federal

Echeverría, mencionado de nuevo entre los protagonistas de la represión en los años 70

BLANCHE PETRICH

Ignacio Carrillo Prieto, fiscal especial para los hechos de represión del pasado reciente, aceptó ayer solicitar "de inmediato" la atracción al fuero federal del caso de Joel Arriaga, universitario comunista asesinado en 1972 en Puebla, con el propósito de impedir que las autoridades judiciales de ese estado den carpetazo al expediente que permaneció congelado en las gavetas de la procuraduría local durante casi 30 años.

Con este procedimiento vuelve a surgir el nombre del ex presidente Luis Echeverría Alvarez como uno de los principales protagonistas de la represión de los años 70 y como uno de los actores que tendrán que comparecer ante la fiscalía para explicar cuál fue su responsabilidad, dentro del ámbito de sus competencias, en centenares de hechos denunciados.

Este, precisamente, fue uno de los reclamos que ayer planteó Samuel Porras, abogado de la familia Arriaga García, en las oficinas del fiscal. Carrillo Prieto recibió a un nutrido grupo de familiares, ex compañeros y amigos de Arriaga que reclaman que el homicidio sea investigado en el contexto de los hechos represivos de los años 60 y 70.

"Mi afán de venir hasta aquí -expresó a su vez Judith García, viuda de Joel Arriaga- es que el ex presidente Echeverría responda a preguntas que nunca he podido dejar de hacerme: Ƒpor qué los investigadores que él mandó a Puebla para aclarar el asesinato de mi marido sacaron tantas pistas falsas?; Ƒpor qué echaron tanto lodo a todos los que estábamos cerca de Joel?, y Ƒpor qué se fueron de Puebla como llegaron, con las manos vacías?"

A pregunta expresa sobre si la fiscalía a su cargo podía impedir que la procuraduría estatal poblana cierre el caso de Arriaga antes de que se pueda concretar la atracción al fuero federal, Carrillo respondió: "šClaro que sí!" Prometió "hacer todo lo posible para que no ocurra". Más tarde, en entrevista radiofónica, señaló que entre los protagonistas de los sucesos de Puebla en los 70 podrían ser llamados a declarar Echeverría, el ex gobernador estatal Gonzalo Bautista O'Farril y el ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia.

Treinta años de encubrimiento

La exigencia de que la averiguación correspondiente pase a manos de autoridades federales se sustenta, según expuso Porras ante Carrillo Prieto, en los siguientes hechos: el 4 de octubre de 1968, siendo Joel Arriaga militante del Partido Comunista, fue detenido en Puebla y entregado al jefe de la 25 Zona Militar de esa ciudad. Fue mantenido en calidad de detenido de noviembre a diciembre de ese año en el Campo Militar número Uno, de la ciudad de México, hasta que fue trasladado a la prisión de Lecumberri; ahí se le sentenció, en un proceso irregular como todos los de la época, por "disolución social" y otros delitos, hasta que fue liberado cinco años después. Ocho meses más tarde fue asesinado en la capital poblana, después de recibir numerosas amenazas públicas de muerte.

Porras destacó la responsabilidad de los hechos en la que incurrieron el entonces presidente Echeverría y el ex gobernador Bautista O'Farril, tanto por el encubrimiento de los grupos de presión que actuaban en esos tiempos como por las omisiones en la procuración de justicia de un delito que, como el homicidio, se persigue de oficio.

Echeverría debe responder por la actuación de su enviado especial, el entonces subprocurador de la PGR David Franco, que logró con su trabajo la parálisis de la investigación, la cual "perduró durante 30 años", señaló el abogado.

Por su parte, otro abogado, Enrique González Ruiz, que representa legalmente a la familia Arriaga en la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, instó al fiscal Carrillo Prieto a que esta investigación no se detenga en el ámbito de sanción de niveles jerárquicos menores, como ha ocurrido siempre que se denuncia un delito político.

"El asesinato de Joel Arriaga, como el de Enrique Cabrera (otro profesor universitario del PCM, ocurrido cinco meses después), son crímenes de Estado. Ambos eran luchadores sociales; ambos fueron amenazados de muerte por grupos plenamente identificados y denunciados en su momento. Hubo una política de Estado para evitar que las luchas sociales de dirigentes como ellos prosperaran, una estrategia para aniquilar a los movimientos políticos. La sanción debe llegar hasta los más altos niveles de quienes ordenaron la implementación de esas políticas."

Compañeros de camino

Era un grupo variopinto el que se congregó al mediodía en las puertas de la fiscalía. Había varios compañeros de celda y célula de Arriaga, como Gerardo Unzueta y Jorge Chávez; periodistas poblanos que conocieron aquellos días en los que campeaban los grupos de extrema derecha y jóvenes reporteros reconociendo apenas aquel entorno, las hijas del profesor e incluso una nietecita, Natalia.

Acudieron muchos "compañeros de camino", como se decía en aquellas épocas, de ésa y otra generación, entre otros, Nacha Rodríguez, del 68, Unzueta, Jorge Chávez, Raúl Alvarez Garín, Mario Reci, Félix Hernández Gamoundi, Leopoldo Ayala, César Tirado, Aurelio Fernández, José Ismael Cuéllar, Jaime García, Alejandra y Adriana Meza y Aurelio Fernández. Todos fueron recibidos en la oficina de Carrillo.

Ahí Judith García puso sobre la mesa sus esperanzas siempre postergadas: "Vengo con la confianza y con el deseo infinito de que con este caso se cumplan los deseos de justicia de un pueblo". Expuso brevemente la historia de persecución que sufrió su marido y la forma en que a lo largo de tres décadas las autoridades poblanas le negaron el derecho a la justicia, incluso ocultándole conocer el número del expediente del caso Arriaga, del cual le informaron apenas el año pasado.

Unzueta, dirigente del PCM y compañero de celda de Joel en Lecumberri, expresó al fiscal especial su sentir sobre "la enorme responsabilidad" que tiene en sus manos: "no dejar que regrese aquello que nos atropelló durante 30 años".

Explicó que al naciente movimiento civil que ahora vuelve a enarbolar el reclamo de justicia por el asesinato de Arriaga "le mueve el cariño por ese hombre ejemplar. Pero no sólo eso. Esto no es algo personal: es un esfuerzo colectivo por sacar de una vez y para siempre aquellas prácticas del pasado -cárcel política, persecución, ejecuciones extrajudiciales- de la forma de hacer y vivir la política en México".

Finalizado el trámite formal, dos veteranos comunistas se entablaron en una breve polémica sobre su propio pasado y su legado de sangre y sufrimiento. ƑDeberían los ex comunistas hacer un reclamo común ante esta misma fiscalía por los centenares de casos de asesinato y cárcel que sufrieron tantos correligionarios?

"Sería conveniente hacer una consulta entre ex comunistas. Pero no sería fácil. Los ex militantes del PCM (que se disolvió en 1981 para dar paso al PSUM, luego al PMS y finalmente desintegrarse para formar parte del actual PRD, en 1989) estamos ahora en otras dinámicas de lucha. Pero además faltaría un elemento indispensable, no está Arnoldo Martínez Verdugo para encabezar esta lucha", expresó Gerardo Unzueta.

Disintió de esta opinión su correligionario Jorge Chávez: "Es una reivindicación muy necesaria. El problema para llevarla a cabo es la dispersión de los ex comunistas. Y no necesitamos que Arnoldo nos encabece. Hay un archivo con toda esta historia. Es cosa de acudir a él". En fin, cenizas aún calientes de una etapa histórica en la que a muchos se les fue la vida.

Al dar por concluida la reunión en la oficina del fiscal, Carrillo Prieto le ofreció a la viuda de Arriaga: "Estamos a la orden de ustedes; ya saben, a cualquier hora, en cualquier momento".

Experimentada en esta vieja fórmula en la que tantos otros investigadores se escudaron antes, Judith García respondió:

-No. A la orden de usted quedamos nosotros, porque son ustedes los que van a investigar. Ustedes trabajen, háganlo rapidito porque no tienen mucho tiempo disponible. Y nosotros desde ahí afuera les echamos porras si logran aclarar este crimen.