Después del "error de diciembre", el gobierno mexicano destinó 195 mil 226.3 millones de pesos para evitar la quiebra de un sistema financiero, que había sido privatizado de mala manera. La anterior administración creó entonces el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), sin autorización parlamentaria, medida que buena parte del país rechazó por ilegal.

En los recientes seis años, el gobierno federal, con recursos fiscales, entregó a los banqueros 338 mil 82.6 millones de pesos para cubrir los intereses generados por los pagarés del Fobaproa. Los banqueros obtuvieron igualmente un crédito fiscal por 10 años, que les permite no pagar impuestos, contrario a lo que hacen todos los mexicanos, incluso los más pobres que no pueden evadir un gravamen como el IVA.

La deuda de los banqueros asciende a 45 mil 624.7 millones de pesos y supera en 5 mil 300 millones de pesos el presupuesto federal para los programas de desarrollo social y humano de este año. Algunas instituciones bancarias deben al fisco una cantidad equivalente a su propio capital, y la cifra que adeudan es superior a 52.3 por ciento del capital social de todas las instituciones, por lo cual, teóricamente, estarían al borde de la quiebra y sólo pueden funcionar con inyecciones constantes de fondos públicos.

Habrá que mencionar al respecto que los fondos pagados por los mexicanos en intereses para financiar la deuda de los bancos supera en 32 veces el monto del recorte hecho por Hacienda al gasto público.

Como se recordará, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) fue creado para controlar el sistema financiero y evitar que los autopréstamos, los préstamos sin garantía y otras operaciones irregulares fuesen cargados por los banqueros a los programas de rescate, es decir, nuevamente a los contribuyentes.

La ley que creó el IPAB incluye un artículo al respecto que establece que el instituto debe realizar auditorías a la banca comercial, precisamente para detectar y evitar nuevas irregularidades, pues en su su momento, un especialista internacional calculó el desfalco en 22 mil millones de pesos.

Los banqueros se niegan a aceptar dichas auditorías y colocan así al IPAB en la imposibilidad de canjear los pagarés emitidos por el Fobaproa y, por consiguiente, obligan al gobierno a conseguir esos 195 mil 226.3 millones de pesos para rescatar a los bancos privados o, en su defecto, ampliar el plazo de vencimiento de dichos pagarés.

Los bancos --que a estas alturas están casi en su totalidad en manos de extranjeros-- incluyen sus deudas principales (los pagarés del Fobaproa) en sus activos, lo cual les permite vivir de los intereses que paga el IPAB, es decir, los contribuyentes, pues dichos pagarés (que son deuda, pero actúan como si fueran créditos) dan una ganancia similar a la de los Cetes a 28 días.

De este modo, no necesitan en realidad desarrollar una actividad crediticia o bancaria, ya que viven de rentas a costa de los contribuyentes. Sin embargo, hay quien en México habla de la ineficacia de lo público y de la eficiencia de las empresas privadas.