Casi dos meses después de la muerte de Guillermo Vélez Mendoza, señalado por la Procuraduría General de la República (PGR) como integrante de una banda de plagiarios y fallecido tras un frustrado operativo de captura implementado por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), la institución encargada de procurar justicia admitió que se trató de un "homicidio violento" y no de una muerte accidental.

Sin embargo, los titulares de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense de la PGR, Miguel Oscar Aguilar y Jorge López Hernández, persisten en negar que el fallecido haya sido víctima de torturas por parte de los policías del AFI, pese a las pruebas forenses y periciales que documentan los golpes y lesiones de que fue víctima Vélez Mendoza, pruebas que fueron aportadas horas después del asesinato por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Tales pruebas fueron recogidas y ampliadas por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual emitió una recomendación en la que acusó a la PGR de encubrir a sus agentes ?a los que culpó de homicidio doloso?, descalificó la reconstrucción de hechos realizada por la dependencia y responsabilizó a su personal de haber cometido "violaciones al derecho a la vida, integridad y seguridad personal, detención arbitraria, trato cruel y degradante, homicidio, integración irregular de averiguación previa y ejercicio indebido de la función pública" en contra de Vélez Mendoza.

Contra todas las evidencias disponibles, vulnerando el derecho, incumpliendo su deber de transparencia y a contrapelo del sentido común, la PGR ha optado por aferrarse a su negación inicial sobre las torturas que sufrió el ahora occiso. Sin embargo, las circunstancias han obligado a la dependencia a ir variando su versión, que pretendía explicar la muerte del presunto secuestrador como resultado accidental de la aplicación de una llave china.

De esa forma, la institución que debiera procurar justicia en el país parece sufrir de pánico ante la verdad y optar por la peor y la más desgastante de las salidas: una suerte de reconocimiento en abonos de su responsabilidad en lo que, según los datos disponibles, fue el asesinato de un ciudadano inerme a manos de efectivos policiales, uno de los cuales tenía, en el momento de los hechos, antecedentes delictivos por homicidio.

El episodio --cuyo esclarecimiento se ha convertido en una obligación de Estado para el gobierno de Vicente Fox, aunque para cumplirla tuviera que despedir al procurador Rafael Macedo de la Concha-- es un botón de muestra del estancamiento y falta de avance en el país en materia de derechos humanos, por más que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pretenda presentarse ante el mundo como representante de un régimen que protege y hace valer tales derechos.

Otros datos que ilustran tal estancamiento son la indignante situación de la estudiante Ericka Zamora, convicta con base en declaraciones que le fueron arrancadas bajo tortura, así como la falta de resultados en las investigaciones sobre el homicidio de la abogada Digna Ochoa, defensora de los derechos humanos.

En este contexto, el Presidente y sus empleados parecieran olvidar que una parte sustancial del mandato que recibieron el 2 de julio de 2000 fue trabajar a favor de los derechos humanos, sí, pero no en Cuba, sino en México.