Presentarán moción de censura en tribunal europeo

Crece oposición a la futura ley que ilegalizará a la coalición Batasuna

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 16 de mayo. A pesar de que la ley es irreversible, dada la aplastante mayoría de los partidos Popular (PP, derecha) y Socialista Obrero Español (PSOE, oposición), diversas organizaciones políticas y sociales ma-nifestaron hoy su oposición a la futura ley de partidos políticos con la que se pretende ilegalizar a la coalición Batasuna, considerada brazo político de ETA.

El acuerdo entre el PP y el PSOE para di-solver a Batasuna, que representa a 10 por ciento del electorado vasco, despertó a unas horas de su aprobación un cúmulo de manifestaciones en contra por parte de organizaciones pacifistas, el gobierno vasco y otros partidos políticos de vocación nacionalista que ven en la nueva ley una estrategia en-cubierta para disolver a toda la disidencia contra el gobierno español, encabezado por el conservador José María Aznar.

El movimiento pacifista Elkarri, que culminará el próximo sábado una etapa de la conferencia de paz que ha impulsado desde junio del año pasado, la cual busca sentar las bases de un proceso de paz al histórico conflicto en el País Vasco, rechazó de forma tajante la violencia de ETA, pero repudió la iniciativa de Aznar al afirmar que "no se puede establecer a priori que hay que ilegalizar a Batasuna, ya que esto altera y modifica una ley que va a afectar a los partidos políticos que se presenten en cualquier parte del Estado, lo que significa una perversión absoluta de los procedimientos democráticos".

A juicio de la organización pacifista, la primera que ha logrado hacer coincidir en un mismo foro a la mayoría del espectro político vasco, con excepción del PP (que acusó a la agrupación de "compartir criterios y estrategias con ETA"), la aprobación de esta normativa tendrá "consecuencias negativas" en el País Vasco, por lo que pidió a los partidos que escuchen "a la ciudadanía vasca que les advierte de los riesgos de la aprobación y que la reconsideren".

Además, el gobierno vasco del presidente nacionalista moderado Juan José Ibarretxe anunció que presentará un informe jurídico en el que se desmantela la argumentación jurídica de la ley, que según él rompe con el consenso de la normativa previa, firmada en 1978 por todos los partidos políticos que participaron en la transición tras la dictadura de Francisco Franco.

El gobierno vasco, del Partido Nacionalista Vasco, recalcó que presentará ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una moción de censura a la ley, y aseguró que una larga controversia judicial por esta legislación "lo único que traerá será más violencia en la región".

Asimismo, el vocero de un reducido gru-po de nacionalistas catalanes en el Congreso, Carles Bonet, afirmó que "existe un di-vorcio evidente" entre los votantes socialistas y los dirigentes que refrendarán la ley, al advertir que es "una desgracia para la democracia española" que la ley entre en vigor.