AGENDA
CREARAN SOCIEDAD CONTRA LA REPRESION EN GUADALAJARA
Guadalajara,
13 de mayo. Al concluir el mitin-fiesta efectuado el domingo en la Plaza
de Armas de esta ciudad, en protesta por la intolerancia y la represión
del gobierno de Jalisco al rave que realizó en Tlajomulco de Zúñiga,
el sábado 4 de mayo pasado, los organizadores acordaron crear una
asociación civil denominada Arte Libre, cuya finalidad es defender
los espacios y manifestaciones culturales. Por su parte, el gobernador
Francisco Ramírez Acuña aseguró que revisará
las demandas de los manifestantes, quienes el domingo le pidieron que se
retractara "de sus insolentes declaraciones e insensibles actitudes tendientes
a generar un clima de hostigamiento e indignación social". Guillermo
Ramírez, vocero de los inconformes que se reunieron para protestar
por los actos represivos cometidos por autoridades federales y estatales,
dijo que la constitución formal de esta nueva organización
podría ser anunciada el miércoles. Añadió que
por medio de esta nueva organización, "vamos a tratar presionar
y al mismo tiempo de crear conciencia entre la sociedad civil principalmente.
Queremos que la gente entienda que este tipo de eventos, ya sean de música
electrónica o manifestaciones culturales, no están en contra
del Estado". Ramírez comentó que valoran la posibilidad de
demandar penalmente a las autoridades que cometieron los abusos del 4 de
mayo. Por otro lado, en un viraje de 180 grados a su discurso, el gobernador
Ramírez Acuña externó ahora su beneplácito
por la manifestación-baile que realizaron los jóvenes el
domingo por la tarde frente a Palacio de Gobierno. "Los felicito porque
se reunieron para convivir y gozar de una reunión sin necesidad
de las drogas, yo estoy seguro que esta tarea la vamos a poder hacer en
conjunto y ratifico: nada contra los jóvenes, todo contra las drogas",
puntualizó. En el juzgado octavo de distrito penal, se inició
ya el proceso en contra de tres jóvenes presuntamente responsables
de tráfico de pastillas sicotrópicas, delito que tiene una
penalidad de cinco a 15 años de prisión. A uno de los detenidos,
Juan Ramón Reyna,"se le está privando de sus garantías
constitucionales", ya que no le han asignado un defensor de oficio, aseguró
Miguel Vizcarra, vocero de los manifestantes.
CAYETANO FRIAS FRIAS, CORRESPONSAL