Ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) falló a favor de los recursos de revisión presentados el año antepasado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), para que se investigue el presunto financiamiento que desde el extranjero y otras empresas particulares habría recibido el entonces candidato presidencial de la Alianza por el Cambio, hoy titular del Poder Ejecutivo, Vicente Fox Quesada.

La resolución del máximo tribunal electoral del país establece que el Instituto Federal Electoral (IFE) incumplió su deber al no investigar las denuncias presentadas entonces por los priístas, y le ordena emprender de inmediato el esclarecimiento de los indicios ofrecidos por este partido en torno a lo que, en su momento, se calificó de "injerencia extranjera y financiamiento ilícito" en la campaña que llevó a la Presidencia al al actual mandatario.

El fallo comentado es, en lo inmediato, una muestra de la independencia del Poder Judicial y de buen funcionamiento de las instituciones, por más que represente un revés político inocultable para el presidente Fox y para el consejo general del IFE, así como para quienes en el año 2000 encabezaban la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), instituciones que se negaron a proporcionar al instituto electoral la información relacionada con la denuncia priísta.

Asimismo, la resolución de la Corte abre la posibilidad de que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Verde Ecologista de México (PVEM), sustentadores de la candidatura de Fox, se hagan acreedores a severas sanciones, en la medida en que el financiamiento extranjero y el procedente de empresas privadas están expresamente prohibidos por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

Con todo, si en lo inmediato el episodio erosiona la credibilidad e imagen del Presidente, del IFE, de la SHCP y de la CNBV, así como del PAN y del PVEM, visto a largo plazo el fallo puede contribuir a fortalecer la vida republicana e institucional del país. Es, en esa medida, una resolución incómoda, que pone de manifiesto la incertidumbre consustancial a la normalidad democrática, pero también una nota aprobatoria sobre la vigencia del estado de derecho.

Cabe esperar que tanto la Presidencia de la República como el IFE y los partidos afectados la perciban de esa manera.

Es impostergable que el poder electoral llegue hasta las últimas consecuencias en la investigación de los supuestos fondos extranjeros y empresariales captados por la campaña de Fox Quesada y ofrezca a la sociedad los resultados de esa investigación, independientemente de que sean exculpatorios o incriminatorios.