Uno es acusado de peculado y el otro de secuestro: diputada
El Congreso desaforaría a alcalde y diputado en Veracruz
Viable, desaparecer poderes e instalar concejo municipal
ANDRES T. MORALES CORRESPONSAL
Boca del Rio, Veracruz, 7 de mayo. El Congreso local podría desaforar al diputado panista Joaquín Guzmán Aviles y al alcalde de Hueyapan de Ocampo, Gaspar Gómez Jiménez, acusados respectivamente de peculado y posible responsabilidad en el secuestro y probable muerte del regidor perredista José Leovigildo Ciau Medina.
La presidenta de la legislatura, Alicia González Cerecedo, consideró viable también la posibilidad de decretar la desaparición de poderes y la instalación de un concejo municipal en el municipio de Coyutla, con el fin de evitar que continúen los enfrentamientos entre los pobladores.
Sostuvo que la destitución del alcalde priísta Basilio Picazo podría generar las condiciones para la solución del conflicto generado hace un año, y los legisladores "preferirán sacrificar a una persona para rescatar la paz social de la localidad".
Explicó que esta semana las comisiones de Hacienda y Gobernación y Puntos Constitucionales recibirán las pruebas que el diputado Guzmán Aviles presentará para inhibir las acusaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado sobre el desvío de recursos en Tantoyuca.
El diputado plurinominal fue alcalde de Tantoyuca -municipio ubicado al norte de la entidad- durante el trienio 1998-2000, y está acusado de malversar más de 10 millones de pesos en su administración.
En dos semanas, a lo sumo, se votaría en el pleno la posibilidad de retirar el fuero constitucional para que comparezca ante los órganos judiciales. "Nosotros no encubriremos a nadie, y si hay que desaforarlo lo haremos", aseveró la también legisladora panista.
La parlamentaria expresó que la legislatura analizará también la solicitud de juicio de procedencia contra el alcalde de Hueyapan de Ocampo, Gaspar Gómez Jiménez, involucrado en la desaparición del regidor perredista José Leovigildo Ciau Medina, secuestrado el 11 de diciembre pasado.
Recordó que en enero, la Procuraduría de Justicia del estado presentó solicitud formal al Poder Legislativo de desaforar a Gómez Jiménez, misma que fue retirada al mes siguiente para agregar pruebas al expediente judicial. "Sólo esperamos que nos turnen el expediente de nueva cuenta y procederemos para que se ejerza justicia", dijo.
En el mismo tenor anticipó la viabilidad de decretar la desaparición de poderes e instalar un concejo municipal en Coyutla, para evitar que continúen los enfrentamientos entre los pobladores totonacas.
En esa localidad, los lugareños inconformes con la comuna impiden desde abril del año pasado que el alcalde, el priísta Basilio Picazo Pérez, acceda al palacio municipal. Desde entonces despacha en su domicilio, además de que en los últimos meses se han suscitado enfrentamientos entre la comunidad y los grupos afines al edil.
Basilio Picazo es señalado de malversar recursos públicos, cometer acciones fraudulentas en la elección de agentes de las congregaciones pertenecientes a Coyutla y amenazar de muerte a dirigentes de organizaciones civiles que se oponen a su gestión administrativa.
La legislatura mantendrá la premisa de "preservar el orden público e impedir un baño de sangre en el municipio", afirmó. González Cerecedo.
Finalmente, anticipó que se exhortará al gobierno estatal para evitar que ordene el ingreso de la fuerza pública a Coyutla y se genere una confrontación violenta entre efectivos policíacos y lugareños como sucedió en junio del año pasado.
