FONDOS DE CAMPAÑA
Dos años después, oficialmente nada
se sabe de las investigaciones de la PGR
Reportaje de La Jornada arrojó las primeras
pistas del posible financiamiento ilegal a Fox
El abogado de la familia negoció con las autoridades
de EU que detuvieran las pesquisas
GUSTAVO CASTILLO Y RENATO DAVALOS
La historia de un posible financiamiento ilícito
a la campaña electoral de Vicente Fox Quesada comenzó a vislumbrarse
en mayo de 2000. La Procuraduría General de la República
(PGR) recibió una denuncia contra Juan Pablo Fox Quesada como presunto
responsable del delito de fraude por 100 mil dólares, ya que se
detectaron transferencias irregulares en sus cuentas bancarias.
Dos años después, oficialmente nada se sabe
de las averiguaciones previas iniciadas por la PGR. Tampoco de las indagatorias
del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Lo que sí se sabe
es que José Luis Reyes, abogado de la familia Fox, negoció
con las autoridades estadunidenses para que se detuvieran las pesquisas.
Una investigación de La Jornada arrojó
las primeras pistas. Los indicios señalaron que cuentas bancarias,
una a nombre de la empresa Vegetales Frescos, en la que el titular era
Juan Pablo Fox, eran utilizadas para triangular fondos ajenos a tratos
comerciales y "muy cercanos a financiamiento político externo",
establecía entonces la denuncia presentada por el banco estadunidense
First National Bank.
Para mayo de 2000, el entonces diputado Enrique Jackson
documentó en la tribuna legislativa que empresas propiedad de Lino
Korrodi recibían recursos procedentes del extranjero, que iban a
parar a la organización Amigos de Fox.
Historia sin fin
Todo empezó en octubre de 1997, cuando Juan Pablo
Fox solicitó un préstamo de 100 mil dólares al First
National Bank McAllen/Edimburg, ostentándose ?sin serlo?, como director
de una empresa denominada Vegetales Fescos, la cual no existía más
que ante el notario público número 53 de Guanajuato, Enrique
Chico Sánchez.
Para esas fechas, Vicente Fox, entonces gobernador de
Guanajuato, había hecho público su deseo de convertirse en
candidato a la Presidencia de la República por el Partido Acción
Nacional (PAN).
Transcurrieron casi dos meses. El 29 de diciembre de 1997
se firmó el contrato bancario 140623, y los 100 mil dólares
quedaron a disposición de Juan Pablo Fox. Nacía en aquellos
tiempos la organizzación Amigos de Fox.
Juan Pablo obtuvo el crédito amparado "en las buenas
referencias crediticias que sus parientes tenían en el First National
Bank", aseguró en junio de 2000 el abogado Jesús Horacio
Caballero Rodríguez, encargado de presentar ante el Ministerio Público
Federal adscrito a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, la denuncia por
fraude contra el menor de los hermanos Fox Quesada.
El compromiso de Juan Pablo Fox fue pagar el empréstito
en 10 mensualidades de 10 mil dólares cada una, a partir del 5 de
febrero de 1998.
Sin embargo, el 26 de octubre del mismo año, sin
haber cubierto un solo pago, solicitó la restructuración
del crédito, comprometiéndose a pagar los 100 mil dólares,
más un interés de 14 por ciento anual, respaldando el acuerdo
con un cheque que tenía vencimiento en octubre de 1999. Tampoco
cumplió.
Ante la tardanza en la amortización, en marzo de
2000 ?ya iniciadas las campañas electorales a la Presidencia de
la República, y Vicente Fox como abanderado panista?, el First National
Bank Edimburg inició una investigación a Vegetales Frescos,
encontrando que la supuesta empresa a la que se destinarían los
100 mil dólares era "un inmueble abandonado y en completo descuido",
señalaría el abogado del banco estadunidense.
A partir de esa investigación, la determinación
estaba tomada. El 8 de marzo de ese año, el abogado Jesús
Horacio Caballero tomó el caso y presentó una denuncia por
fraude contra Juan Pablo Fox.
El 8 de mayo, La Jornada publicó en su primera
plana que el banco estadunidense había demandado al hermano del
candidato panista a la Presidencia de la República
Un día después, Vicente Fox aseguró
en Tijuana que las acusaciones contra su hermano eran "piedritas" que el
régimen priísta le ponía para impedir su triunfo el
2 de julio siguiente.
El caso, señaló, se pretendía convertir
de un acto meramente comercial "de cualquier persona", en un asunto político
que, dijo, no tenía ninguna relación con su campaña.
En esa misma fecha, el First National Bank ratificó
la denuncia penal contra Juan Pablo Fox y lo señaló como
presunto responsable de los delitos de abuso de confianza y fraude, al
no pagar el crédito de 100 mil dólares y los intereses moratorios
que se generaron de octubre de 1997 a mayo de 2000. Junto con la ratificación,
la averiguación previa había sido "atraída" de Tamaulipas
a la sede central de la PGR.
Para el 29 de mayo de 2000, fuentes de la PGR revelaron
que Juan Pablo Fox sería juzgado conforme a lo establecido en el
artículo cuarto del Código Penal Federal en caso de que la
denuncia fuera llevada a los tribunales. Se consideraba que en su calidad
de mexicano había cometido delitos en el extranjero. Hasta ese momento,
el Ministerio Público Federal analizaba la denuncia y había
iniciado la averiguación previa APR/195/00/3.
Este diario poseía ya copia de la querella formulada
por el First National Bank. En tanto, José Luis de la Peza, entonces
magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial, aseguraba
que se había "deteriorado seriamente" la imagen de ese órgano
por una falta de madurez política de los partidos para aceptar sus
fallos. Sus declaraciones se enmarcaron en la sentencia que determinó
que la fotografía de Vicente Fox en las boletas electorales era
ilegal.
El caso abandonó temporalmente el panorama político.
Sin embargo, el 9 de junio de 2000 este diario publicó que el Departamento
del Tesoro realizaba una indagatoria por presuntas irregularidades en transferencias
bancarias cercanas a los 30 millones de dólares a nombre de Cristóbal
Fox Quesada.
Según los primeros indicios, se sospechaba que
podrían ser utilizados como fondos de financiamiento para la campaña
presidencial de Vicente Fox. Estos recursos, según la legislación
electoral, son ilegales. La indagatoria, según las fuentes consultadas
entonces, se inició en 1999 a raíz de que se detectaron "movimientos
importantes de capital" de compañías estadunidenses que "eran
triangulados en cuentas de diversas empresas y luego trasladados a México".
Por su parte, el First National Bank documentó
ante la PGR que Juan Pablo Fox utilizó las cuentas de cheques 11003596
y 145556 ?la primera a su nombre y la segunda bajo la razón social
Vegetales Frescos? para triangular dinero procedente de México y
Estados Unidos a compañías con las que tenía relaciones
"extrañas", porque estaban dedicadas a la refrigeración y
la curtiduría, e incluso a casas de cambio como Consultoría
Internacional. Además presentó copias de cheques de las transferencias,
que fueron publicadas por este diario el 9 de junio de 2000.
El abogado de la institución crediticia declaró
a La Jornada que no podía afirmar que las transferencias
detectadas por el First National Bank hubieran sido destinadas a la organización
Amigos de Fox. Pero Rodríguez Caballero confirmó que existieron
triangulaciones de capital que superaron los 200 mil dólares y cuyo
destino fueron empresas con giros comerciales distintos a los de Vegetales
Frescos.
De acuerdo con las referencias obtenidas entonces, el
Departamento del Tesoro detectó movimientos financieros que superaron
los 10 mil dólares, pero que en conjunto podían alcanzar
30 millones de dólares, aunque para esas fechas, oficialmente, el
gobierno mexicano aún no había sido notificado de esa investigación
en torno a Cristóbal Fox.
La documentación obtenida por La Jornada
mostró que Juan Pablo Fox movilizó en un solo traspaso más
de 30 mil dólares, cuando de la cuenta del First National Bank había
retirado 30 mil 15 dólares y vía el Banco de América
se pagó esa suma a la Casa de Cambio Monex.
En otro movimiento financiero, el 2 de marzo de 1998,
por 30 mil dólares vía Bancrecer, se transfirieron esos recursos
del First National Bank a la empresa Vegetales Frescos, a petición
de Juan Pablo Fox.
El 20 de febrero de ese año se pagó un cheque
por 20 mil dólares a la empresa Curtidumbre Mexicana desde la cuenta
del First National Bank.
El representante legal de ese banco afirmó, el
10 de junio de 2000, que Juan Pablo Fox "realizó triangulaciones
de dinero hacia Nueva York, San Francisco y México, por conducto
de instituciones como Bancrecer, Banorte, Bank of America, Chase NYC, Northwest
Bank, Wells Bank y Laredo National Bank", con empresas que no tenían
relación con Vegetales Frescos que era, supuestamente, la explotación
de recursos derivados de la agricultura, la ganadería y la piscicultura.
En entrevista con este diario, Rodríguez Caballero
declaró que llamaba la atención que Juan Pablo Fox, quien
sólo tenía 10 mil pesos de capital supuestamente invertidos
en una sociedad comercial, moviera "cantidades superiores a 300 mil dólares
o similares en transferencias, giros, depósitos, etcétera".
Ese mismo día, los candidatos del PRD, Cuauhtémoc
Cárdenas, y del PRI, Francisco Labastida, exigieron investigar los
fondos de financiamiento de Vicente Fox. El perredista declaró que
debía cancelarse su registro, pues había incurrido en delitos.
El priísta demandó la intervención del Instituto Federal
Electoral (IFE) y de la PGR en el caso.
Vicente Fox negó entonces que existieran subvenciones
ilegales para su campaña, dijo que esos señalamientos eran
"calumnias" y calificó a su familia como "gente honrada".
Un reportaje realizado por Juan Manuel Venegas, de La
Jornada, acerca de la empresa Vegetales Frescos, detectó que
ésta era "un galerón pintado de color blanco, protegido por
una malla metálica y cuya entrada era una vieja y oxidada reja,
cerrada por una pesada cadena". Los lugareños aseguraban que desde
hacía meses ese acceso no se abría.
En la misma fecha, Juan Pablo Fox compareció ante
la PGR. Rodríguez Caballero declaró entonces que en mayo
de 2000 los representantes del menor de los hermanos Fox Quesada "trataron
de negociar el pago del crédito con el First National Bank bajo
el argumento de que Vicente iba a ser presidente, le iba a ir bien, le
ayudarían y que estaban en posición de hacer una recomendación".
El 11 de junio de 2000, el entonces procurador general
de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, confirmó que
el Ministerio Público Federal integraba una averiguación
previa contra Juan Pablo Fox.
Un día después, la PGR solicitó formalmente
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Procuraduría
Fiscal que le proporcionaran un informe de 1997 a esa fecha de los estados
de cuenta relacionados con las empresas de los hermanos Juan Pablo y Cristóbal
Fox, en especial de la denominada Vegetales Frescos, ubicada en San Francisco
del Rincón, Guanajuato.
Juan Pablo Fox pagó, el 12 de junio, 125 mil dólares
al First National Bank, según un comunicado del PAN. Sin embargo,
el día 28 de ese mes aún se mantenía la demanda, porque
Horacio Caballero Rodríguez aseguró que el representante
general del banco estadunidense, Michael Vincent McCarthy, había
recibido amenazas.
Por temor no había viajado a México para
presentar el desistimiento, y el papel con el cual, según los panistas,
se acreditaba el pago del adeudo, no tenía valor jurídico.
El 14 de junio, Madrazo Cuéllar aseguró,
en una entrevista radiofónica con Guillermo Ortega, que a partir
de la investigación sobre la denuncia por fraude que el First National
Bank interpuso contra Juan Pablo Fox, la PGR investigaría "unas
posibles triangulaciones irregulares de dinero".
Explicó que con el alegato del representante legal
del First National Bank y unas fotostáticas, la PGR dio vista a
la Procuraduría Fiscal y a la CNBV para que ahí se hicieran
los estudios, pero, advirtió entonces: "solamente que existiera
una querella de parte de las autoridades hacendarias" se podría
dar trámite a la nueva vertiente de la averiguación previa.
Pero la PGR obtuvo, mediante el oficio SPPB/148/00, dirigido
a Eduardo Fernández García, presidente de la CNBV, los estados
de cuenta de Juan Pablo y Cristóbal Fox Quesada, y con ello se inició
la averiguación previa 87/DGMOEB/2000.
El hermano menor de Fox recibió el perdón
jurídico hasta después del 29 de junio. La PGR, supuestamente,
continuaba las investigaciones relativas a las transferencias ilegales
de capital, al igual que las autoridades estadunidenses. Después
de esa fecha, no se supo nada de las indagatorias. Ni de la PGR ni de las
autoridades estadunidenses.
Versiones obtenidas indican que una vez que ganó
la Presidencia Vicente Fox, José Luis Reyes, abogado de la familia
Fox y quien fuera un de los candidatos a dirigir la PGR, viajó a
Estados Unidos para negociar con autoridades de ese país el cese
de las investigaciones.
El 21 de junio de 2000, el entonces diputado Enrique
Jackson Ramírez denunció en tribuna el "escandaloso, indignante,
inmoral y deshonesto engaño que representa la candidatura, el proyecto
y el financiamiento de la campaña del candidato de Acción
Nacional".
Acusó a Lino Korrodi Cruz, responsable de las finanzas
del candidato panista, de operar "un truculento sistema de transferencias
de dinero proveniente del extranjero y del país, apoyado en tres
empresas que él administra ubicadas en diferentes ciudades de la
República, mediante cuentas bancarias de particulares".
Se refirió a las filiales del Instituto Internacional
de Finanzas, con sede en Puebla; que de ese estado lo enviaba a sus filiales
en León o en Monterrey, y de dichas filiales los recursos eran transferidos
a las empresas K-Beta, Grupo Alta Tecnología en Impresos y ST and-K
de México.
Los recursos, según Jackson, eran remitidos a las
cuentas personales de Carlota Robinson, quien los distribuía mediante
un fideicomiso en Bancomer a nombre "del señor Rojas Mañón"
(Carlos), cesado después en el gobierno foxista por un escándalo;
en otro caso, a diversas personas físicas que convertían
en efectivo los cheques y, en otros más, a la cuenta bancaria de
Amigos de Fox.
Como ejemplo, citó a una corporación con
sede en Bélgica, denominada Deshidration Tecnologies Belgum SA,
que depositó 200 mil dólares a la cuenta del Instituto Internacional
de Finanzas, con sede en Puebla, para después pasarlos al Grupo
Alta Tecnología en Impresos, con sede en Monterrey.
Así, refirió haber obtenido copia de 38
cheques dirigidos a Carlota Robinson. Agregó que la organización
Amigos de Fox "había servido de tapadera para encubrir una de las
operaciones más vergonzosas, más sucias y más deshonestas
que se han dado en una campaña a favor de un candidato".
Ambos expedientes, el del hermano del Presidente revelado
por La Jornada, y el de Korrodi y Robinson, presentado por Jackson,
merecieron que la Alianza por México y el PRI, respectivamente,
presentaran una queja ante el IFE.
El 14 de noviembre de 2000, unos días antes de
que Fox asumiera como Presidente, la Comisión de Fiscalización
del IFE informó de las quejas partidistas. La de la alianza fue
remitida el 14 de junio y la otra, nueve días después.
El IFE requirió información a La Jornada,
al First National Bank y a la PGR copia de la averiguación previa.
Para el 20 de febrero de 2001, la Secretaría de
Hacienda envió al IFE un oficio firmado por el administrador general
de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración
Tributaria, Roberto Alvarez Argüelles, en el que respondió
así a la petición de José Woldenberg, consejero presidente
del IFE:
"Sobre el particular y por acuerdo superior, me permito
ratificar el contenido de la conversación sostenida el día
de hoy durante la cual se puso de manifiesto la limitación de orden
público que impone a la Secretaría de Hacienda el artículo
69 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que
existe prohibición expresa de rendir o proporcionar información
obtenida con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación,
hecha excepción de las autoridades judiciales en procesos del orden
penal o a los tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias."
Hacienda se negó a colaborar
En términos llanos, Hacienda se negó a colaborar
con las indagaciones del IFE en torno a las denuncias de financiamientos
irregulares a la campaña de Vicente Fox.
El IFE había solicitado una auditoría a
las distintas empresas que en su momento fueron mencionadas como canal
de financiamiento, tales como Vegetales Frescos, K-Beta, Grupo Alta Tecnología
en Impresos y ST-and K de México.
Pero el tema seguía vigente, y para finales de
2001 en el IFE se abrió un debate entre los consejeros sobre la
viabilidad de las quejas. En tres ocasiones se requirió la información
a la Secretaría de Hacienda, pero ésta fue negada con el
mismo argumento del secreto bancario.
En una larga sesión, los consejeros desecharon
las propuestas de Pablo Gómez y de Jaime Cárdenas para que
se solicitase la información al propio Presidente de la República.
Incluso, se planteó que se interpusiera una controversia constitucional.
Las propuestas fueron rechazadas por mayoría.
Sin embargo, la representación del PRI no se conformó
con la decisión asumida en el seno del Consejo General del IFE y
a mediados de agosto del año pasado presentó una apelación
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ayer, el órgano electoral dependiente del Poder
Judicial dictaminó que el IFE debe "completar las investigaciones
relacionadas con las aportaciones de diversas personas para la campaña
de Alianza por el Cambio", que encabezaba el entonces candidato presidencial
Vicente Fox Quesada. Pero sólo por lo que se refiere a la denuncia
en la que están involucradas las empresas de Lino Korrodi.