Reacciones de legisladores y dirigentes partidistas

Una nueva mentira pondría en duda la legitimidad de Fox

PAN y PVEM podrían perder el registro, advierten

Legisladores y dirigentes partidistas de PRI y PRD advirtieron que de comprobarse que el presidente Vicente Fox mintió una vez más al recibir financiamiento del exterior para su campaña electoral, tendría que revisarse la legitimidad de la elección de julio de 2000, y los dos partidos que contendieron bajo las siglas de la Alianza por el Cambio (el PAN y el Partido Verde Ecologista de México) podrían perder el registro.

Otra mentira traería graves riesgos para la gobernabilidad del país, pues la credibilidad de Fox quedará ''aún más maltrecha'', señaló el secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raymundo Cárdenas.

Por separado, los senadores priístas Manuel Bartlett, Fidel Herrera y Oscar Cantón Zetina consideraron de gran relevancia la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TFPJF), y señalaron que el Instituto Federal Electoral (IFE) está obligado a llevar a cabo, con toda seriedad y minuciosidad, la investigación sobre los fondos de Estados Unidos triangulados a la campaña foxista.

A su vez, el coordinador de los diputados del PRD, Martí Batres Guadarrama, resaltó que la decisión judicial significa un freno al tradicional argumento del gobierno federal para no ser investigado sobre el secreto bancario. Es, afirmó, ''un suceso histórico'', porque de él se desprenderá ''un nuevo proceso de transparencia en la vida democrática del país''.

Defensa verde

Igualmente, el senador perredista Jesús Ortega Martínez dijo que deberá sancionarse severamente a quien haya violentado la ley, sin importar que se trate del Ejecutivo federal. Sólo la senadora del Partido Verde Ecologista Sara Isabel Castellanos señaló que ''no es saludable'' esa resolución, porque los gastos de campaña de la Alianza por el Cambio ''es ya cosa juzgada''. La medida, insistió, ''no es sana para el país''.

Consciente de que su partido está también en la mira, la legisladora del PVEM sostuvo que en esa resolución ''hay gato encerrado'' y sostuvo que el Instituto Federal Electoral es uno de los órganos más confiables del país.

Sin embargo, Herrera Beltrán y Cantón Zetina resaltaron que el IFE mantuvo 13 meses el expediente con las pruebas presentadas por el PRI sobre financiamiento del exterior a la campaña de Fox y lo desechó, bajo el argumento de que Hacienda no le dio información, escudada en el secreto bancario.

''Ahora, con esta resolución, el IFE iniciará el proceso que debió desahogar desde 2000, una queja sustentada, con hechos y pruebas, no como en el caso de Pemex, donde el gobierno de Fox sólo ha pretendido descalificar al PRI'', agregó Herrera Beltrán.

Precisó que al comprobarse que el ahora Presidente de la República actuó de manera ilegal, se tendrá que revisar la legitimidad de la elección de julio de 2000. ''Hay una cuestión de fondo que debe aclararse por el bien del país. No estamos echando las campanas a vuelo ni prejuzgando, pero hay la posibilidad de revocar el proceso electoral de hace dos años y con ello el mandato de Fox'', insistió.

Igualmente, Cantón Zetina expuso que ''la baraja de las mentiras del Presidente sigue aumentando'' y la resolución del TEPJF llevará a probar que a través de su grupo Amigos de Fox recibió dinero proveniente de Estados Unidos. Además de revocarse la elección de 2000, los partidos que lo postularon perderían el registro, sostuvo.

Bartlett, a su vez, hizo notar que la decisión del tribunal es de enorme importancia, ya que permitirá avanzar en la transparencia de los procesos electorales. ''Falta regular las precampañas, porque fue ahí donde Fox gastó una cantidad ilimitada de dinero que lo posicionó, para que en el proceso formal tuviera una ventaja de cinco años sobre los demás contendientes''.

El perredista Ortega hizo notar que antes de que el PRI presentara su queja, el PRD había hecho lo propio ante el IFE, organismo que ahora está obligado a realizar ''un trabajo muy acucioso y muy responsable sobre la denuncia, pues antes ya había determinado que no había nada que perseguir''.

Consideró también que el Congreso tendrá que legislar para dotar de mayores facultades al IFE, a fin de que pueda investigar a fondo todo lo concerniente a financiamientos privados en las campañas y precampañas. ''De lo contrario, corremos el riesgo de llegar al extremo de que el financiamiento de particulares sustituya al financiamiento del Estado y, en consecuencia, los funcionarios y representantes populares electos no le respondan al electorado, sino a quien financió su campaña''.

En San Lázaro, el coordinador parlamemtario de la diputación del PRD, Martí Batres, sostuvo que la importancia de la decisión judicial se manifiesta porque significa un freno al tradicional argumento del gobierno para ser investigado: ''La Secretaría de Hacienda ya no tiene pretexto para señalar que el secreto bancario sería violado con una acción que sólo pretende transparentar el uso y manejo del dinero''.

El tema en cuestión fue considerado por Batres como un suceso ''histórico'' porque de él se desprenderá ''un nuevo proceso de transparencia en la vida democrática del país. Es pronto para hacer juicios porque no sabemos si se enviaron recursos del exterior a la campaña de Vicente Fox; lo más importante es el paso político que representa la decisión judicial''.

Por su lado, el coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México, Bernardo de la Garza ?quien fungió como parte del equipo de administración en la campaña del entonces candidato Vicente Fox?, adujo que la decisión del tribunal ''sería un golpe sólo en la medida en que se hayan hecho manejos inadecuados del dinero, o se hubieran aceptado aportaciones improcedentes para el proceso electoral. Y si no hubo un proceder inadecuado, se demostraría, efectivamente, que el actual gobierno desde antes que lo fuera trabaja apegado a la ley''.

''Quien nada debe...''

De la Garza, cuyo partido participó con el PAN en la Alianza por el Cambio, recordó de manera general la forma organizativa de la campaña foxista:

''En primer lugar, esto representa un paso más de la democracia en México, y nos queda claro que nada está por encima de la ley, pero es necesario traer a la memoria que eran tantas las cosas que se hacían en la campaña, que por un lado se encontraba el equipo de la misma y por el otro la gente de Fox; es necesario el esclarecimiento de eso, porque quien nada debe nada teme''.

El diputado perredista por el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, Emilio Ulloa Pérez, señaló que el anuncio del TEPJF ''es muy sano porque la duda entre los ciudadanos persistía y qué mejor momento para transparentar la labor del gobierno y conocer el origen de los recursos que el candidato Vicente Fox utilizó''.

Desde Ciudad Juárez, vía telefónica, donde se encuentra como operador político de su partido para los comicios del domingo próximo, el diputado Ulloa trajo a colación otro tema intrínsicamente ligado al de la campaña electoral del actual Presidente: ''¿Por qué no se abre la investigación para esclarecer el origen de los recursos utilizados por Roberto Madrazo en su campaña a la gubernatura de Tabasco? ¡Todos sabemos que gastó más que el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, también en 1994, Bill Clinton, quien tuvo que desembolsar 50 millones de dólares! ¿O debemos creernos el cuento de que en México hay políticos tan ricos?''

Su compañero de bancada, el legislador por el estado de Sinaloa Gregorio Urias, también consideró la decisión del tribunal como un primer paso para investigar el financiamiento a las campañas de Ernesto Zedillo y Francisco Labastida: ''Nosotros en nuestro partido seguimos con la misma postura, que es la lucha a fondo y a muerte contra la corrupción; por eso en este caso la consigna debe ser caiga quien caiga''.

El vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manuel Añorve, pidió al PAN y al gobierno foxista que no se opongan a la revisión exhaustiva de la campaña de Fox: ''Esta es una oportunidad inmejorable para legitimarse como una administración que realmente quiere el cambio''.

Sobre la resolución del Poder Judicial, Añorve consideró como un paso de suma trascendencia lo ocurrido, porque el TEPJF demuestra ''su absoluta autonomía y le recuerda al gobierno de Vicente Fox que no gobierna solo''.

En entrevista aparte, el secretario general del PRD, Raymundo Cárdenas, expuso que de comprobarse que el Ejecutivo federal incurrió en una mentira más, ''habrá graves riesgos para la gobernabilidad del país, pues su credibilidad quedará aún más maltrecha''.

La nueva indagatoria a cargo del IFE, resaltó, deberá incluir a personajes que no se tocaron en el anterior expediente, como Lino Korrodi, Carlota Robinson y buena parte de los Amigos de Fox.

El dirigente perredista consideró asimismo que la resolución emitida por el tribunal apunta a que por ese camino se pueda lograr que los partidos políticos se conviertan en verdaderas entidades de interés público. Por ello, cobra además fuerza la necesidad de que el Tribunal Electoral y el IFE participen en las elecciones primarias partidistas.

Sobre el tema, el representante del PRI ante el IFE, Rafael Ortiz, no quiso adelantar juicios sobre las posibles repercusiones del fallo del TEPJF. ''Es un hecho inédito y estaremos en espera del resultado de las investigaciones''. Ante la insistencia de los reporteros, señaló que la resolución significa que el Revolucionario Institucional ''va a levantar el banderín de la legalidad'', porque el ahora Presidente ''tuvo un financiamiento ilegal a su campaña, recursos que no declaró''.

Estableció luego una comparación entre la denuncia del PRI y la acusación sobre desvíos de recursos en Pemex. ''Cuando nosotros denunciamos es porque sabemos que se está violando y violentando la ley. Nosotros no hacemos aspavientos, no molestamos a la autoridad jurisdiccional; significa que nosotros cuando vamos a las cosas es porque tenemos los elementos y somos justos en la manera como presentamos nuestros alegatos''.

Ortiz advirtió también que en el caso de la acusación por desvío de recusos en Pemex, el IFE se equivocó al declararse parte agraviada, ya que no puede ser juez y parte del procedimiento.