Señalan múltiples errores durante el programa, por improvisación

Presenta serias anomalías el padrón vehicular: ex empleados de módulos de remplacamiento

Denuncian despido injustificado "Estamos en espera de respuesta del jefe de Gobierno"

LAURA GOMEZ FLORES

La falta de capacitación, la escasez de papelería, el cambio de criterios en cuanto a los documentos requeridos y la "innecesaria" revisión del número de serie del motor de los vehículos, provocarán que las autoridades capitalinas no cuenten con un padrón vehicular confiable, aun cuando hayan entregado un millón 200 mil placas comprometidas para el 30 de abril.

La improvisación de quienes impulsaron el programa de remplacamiento se refleja ya en una importante cantidad de paquetes enviados a los domicilios de los propietarios de vehículos, que presentan errores en el nombre, el domicilio o en el teléfono, "no por dolo, sino como resultado de una precaria capacitación y la exigencia de sacarlo adelante a como dé lugar".

A esa situación se suman otras anomalías, como el robo de un módulo en la delegación Gustavo A. Madero, el allanamiento de otro en Miguel Hidalgo, el velado de microfilmes, la carencia de material para la calca de información y corroboración de datos, la imposibilidad de boletinar las unidades irregulares en los demás centros de atención y verificación, y el despido de jóvenes que "se atrevieran a denunciar estos casos".

Alicia López Sáenz, Jacqueline Flores Duarte y Alejandro Bernal Serrano, quienes hasta el pasado 13 de abril trabajaron en el programa, primero en los módulos de atención y después en la dirección de control vehicular, dieron a conocer esta problemática de manera directa al jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, después de que fueran despedidos y amenazados por el encargado del programa, Luis Briones Pérez.

Ese día, comentaron en entrevista, fueron requeridos para trabajar en horario extraordinario, pues se iba a poner en marcha el programa emergente de entrega de placas y se requería "sacar de las altas vehiculares los datos de las unidades para agilizar el troquelado de las láminas, sin importar si los expedientes respectivos estaban completos y actualizados".

Para ello iban a capacitar a 60 personas -a distribuirse en los dos horarios establecidos-, que se encargarían de revisar la información que se tenía en disquetes y documentos. Mientras esperaban que les entregaran su trabajo correspondiente, comentaban con su jefe, Edgar Castelar, los retrasos en los pagos de su salario -hasta de siete meses- y la negativa de entregarles una copia de su contrato.

Además, señalaron que era ilógico que sus cheques, expedidos en mayo de 2001, les fueran entregados mucho tiempo después, "lo que podría presuponer que el dinero era jineteado". Sin mediar explicación, Luis Briones llegó a gritarles y los despidió con palabras altisontes, además de advertirles que si los volvía a ver les "echaría la fuerza pública".

Pese a que una de las cláusulas del contrato que firmaron les impedía hablar sobre el programa de remplacamiento ante los representantes de los medios de comunicación, decidieron hacerlo luego de ser despedidos sin justificación y ante la constante violación a sus derechos laborales y humanos, pues "durante mucho tiempo jugaron con nuestra hambre, nuestra necesidad de recursos para seguir estudiando y viviendo".

Estos hechos, comentaron, quedaron asentados en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y "estamos a la espera de una respuesta de la jefatura de Gobierno, aunque continuaremos denunciando esta problemática con miras a que se realice una auditoría al programa implementado por Jenny Saltiel Cohen, ex secretaria de Transporte, pues ha resultado un rotundo fracaso por su mala planeación e improvisación".

Reiteraron que la ciudad de México "no contará con un padrón vehicular confiable, que permita a las autoridades policiacas actuar en la detección de unidades robadas o que hayan sido usadas en algún ilícito, como era uno de los objetivos del programa, pues los datos asentados en muchas actas son incorrectos, y no se incluye toda la información requerida en un principio", argumentaron.

Reconocieron las implicaciones que estas declaraciones les traerán pero "contamos con el apoyo de otros compañeros que trabajan aún en módulos y sufren las mismas violaciones laborales, y estamos en contra de quienes enarbolando la bandera de la izquierda mexicana, de una justa distribución de la riqueza, fuera la corrupción y mejor atención a la ciudadanía, han encontrado su mina de oro".