Las enormes desigualdades existentes entre un México del norte industrializado y relativamente dotado de infraestructura y un México del sur rural y carente de servicios, se han convertido en un severo problema para el desarrollo del país. La brecha entre regiones es una amenaza real no sólo para la cohesión social, sino un freno para el crecimiento económico.

Irónicamente, la pobreza del sur se reproduce en una región rica en recursos naturales y biodiversidad. Allí se concentra la mayor cantidad de yacimientos petroleros, de plantas hidroeléctricas, de agua potable y recursos genéticos que son, hoy por hoy, una fuente de prosperidad para el país y una reserva para su futuro.

Sin embargo, esta riqueza no se traduce en bienestar para los habitantes de la zona. Allí se concentran los más altos niveles de pobreza extrema, insalubridad, analfabetismo y marginación del territorio nacional. Allí se localizan también la mayor cantidad de comunidades indígenas.

Para tratar de reducir la distancia entre los dos Méxicos, la administración de Vicente Fox ha impulsado, junto con gobiernos de América Central y organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, el Plan Puebla-Panamá (PPP). Su objetivo consiste en convertir al Sur en una especie de nuevo Norte. Sus ejes rectores contemplan la construcción de infraestructura vial, la instalación de maquiladoras y la eliminación de lo que se supone son trabas para el desarrollo: la reforma agraria, la propiedad de la nación sobre la tierra, agua y subsuelo, y la exclusividad del estado en la extracción de petróleo y petroquímica básica, así como en la transmisión y distribución de electricidad.

Sin embargo, la importancia que se ha dado en los discursos gubernamentales al PPP no ha tenido correspondencia en los montos presupuestales que se le asignan. Desde el terreno de los hechos el PPP sigue siendo una idea antes que una realidad.

La carencia de recursos financieros tiene poco que ver con las numerosas críticas o la drástica descalificación que el plan ha cosechado en poco tiempo por parte de organizaciones campesinas, comunidades indígenas, grupos ambientales, organizaciones no gubernamentales e intelectuales, que ven en él, no un instrumento de bienestar, sino el preludio de una mayor explotación y la pérdida de tierras y recursos naturales.

Es por ello significativo que, sin cuestionar la idea central del PPP, el secretario de Salud, Julio Frenk, haya reconocido que, a pesar de que el atraso sanitario es el gran reto de este programa, no haya proyectos relacionados con la atención a la salud, pues los cuatro destinados al desarrollo humano (que suman sólo 0.8 por ciento de la bolsa de 4 mil 17.7 millones de dólares de la que disponen los ocho países del área para echar a caminar el proyecto) se concentran en la capacitación para el trabajo, el sistema de información estadística sobre migraciones, el desarrollo local y la conservación de recursos.

Resulta también relevante el informe sobre la construcción de dos presas sobre los márgenes del río Usumacinta, en Chiapas, en la que el Banco Mundial colaborará con 50 por ciento del capital requerido. Por lo visto hay financiamiento para obras pero escasea cuando se trata de desarrollo humano. La edificación de obras similares, además de tener que ser consultadas con los habitantes de la región, de acuerdo con el convenio 169 de la OIT, provoca desplazamientos de población, daños a los bosques tropicales, desaparición de especies y afectación de la salud.

Curiosa ironía la del PPP: anunciado como un instrumento de cohesión social, ha provocado un significativo rechazo entre quienes debieran ser sus beneficiarios principales; destinado formalmente a promover el bienestar social, carece de presupuesto para cuestiones tan elementales como la salud.

Haría bien el gobierno federal en escuchar con atención las voces críticas que rechazan el PPP si no quiere que, dentro de poco tiempo, los vientos que sembró se conviertan en tempestades.