Dos despachos noticiosos divulgados ayer dan cuenta de las disparidades y contrastes políticos, éticos y legales que se presentan entre diversos integrantes de la Unión Europea. Por un lado, la renuncia del gobierno holandés, presidido por Wim Kok, a consecuencia de un informe que señala la negligencia de varios integrantes de su gabinete en la matanza de civiles cometida en 1995 en Srebrenica, Bosnia, por paramilitares serbios.

De acuerdo con el reporte, las autoridades faltaron a su deber cuando enviaron a la zona --entonces bajo supuesto control de la ONU-- fuerzas militares insuficientes, mal armadas y con órdenes imprecisas que no fueron, a la postre, suficientes para preservar la vida de 30 mil refugiados a quienes debían brindar protección.

En los tiempos que corren, cuando las fuerzas militares de Ariel Sharon perpetran, a la vista de todo el mundo, el genocidio de palestinos inermes, y cuando Estados Unidos se arroga el derecho de ejercer la venganza con bombardeos indiscriminados que acaban con la vida de incontables civiles, la dimisión del gobierno holandés es una lección de decencia y compromiso con la vigencia de los derechos humanos en el mundo.

La otra noticia, de signo contrario, es el informe de Amnistía Internacional, divulgado ayer, sobre las torturas y los malos tratos que sufren los extranjeros en España, en el contexto de un accionar policiaco y gubernamental abiertamente racista y xenófobo.

Ante América Latina y ante Africa, el gobierno de Madrid, encabezado por José María Aznar, se presenta como una democracia impoluta; pregona fuera de casa el respeto a los derechos humanos y el imperio de la legalidad, pero en su propio territorio tolera y hasta alienta graves abusos de poder de signo discriminatorio.

Extranjeros que fallecen sospechosamente mientras se encuentran en manos de autoridades, violaciones a mujeres indocumentadas por parte de efectivos policiales, deportación de menores incapaces de volver por sí mismos a sus lugares de origen, agentes del orden que operan con antecedentes penales o que enfrentan procesos por abusos de poder, negros estadunidenses apaleados por policías, niños gitanos ilegalmente detenidos y torturados en las comisarías de Madrid, senegaleses tundidos a palos en Galicia, y viviendas de marroquíes incendiadas por turbas xenófobas ante la mirada complaciente de la fuerza pública, son algunos de los episodios que el organismo humanitario enumera en el informe Crisis de identidad: tortura y malos tratos por motivos racistas a manos de agentes del Estado, que se presentó ayer en la capital española.

El documento se centra exclusivamente en violaciones a los derechos humanos de extranjeros, pero es de sobra conocido que en las cárceles y cuarteles de España se tortura, además, a los vascos sospechosos de pertenecer al entorno etarra, y que el sistema judicial ibérico suele pasar por encima de la libertad de expresión y otras garantías individuales cuando se trata de perseguir y reprimir a nacionalistas de Euskadi, vinculados a ETA o no.

Ante ese panorama, cabe preguntarse con qué cara pueden José María Aznar, Josep Piqué y demás funcionarios del gobierno español condenar la situación de los derechos humanos en Cuba o cualquier otro país. Cabe preguntarse, también, si los socios de España en la Unión Europea no se ruborizan de contar entre sus filas a semejante mascarada de democracia, y si no son capaces de percibir el enorme daño moral que el gobierno de Madrid causa a la imagen y autoridad de Europa occidental en la escena internacional.