Serán procesados por el homicidio de la regidora Angeles Tamez Pérez

Declaran formal prisión al alcalde panista de Atizapán y a su ex secretario

Delincuencia organizada, extorsión y fraude, otras acusaciones que tendrán que enfrentar

SILVIA CHAVEZ Y GUSTAVO CASTILLO CORRESPONSAL Y REPORTERO

El juez quinto de lo penal con sede en el reclusorio de Barrientos, en Tlalnepantla, Alejandro Jardón Nava, declaró formalmente presos al alcalde panista con licencia de Atizapán de Zaragoza, Juan Antonio Domínguez Zambrano, y a su ex secretario particular, Daniel García Rodríguez.

Determinó que ambos serán procesados por los delitos de homicidio calificado en agravio de la regidora María de los Angeles Tamez Pérez, delincuencia organizada, extorsión y fraude.

Asimismo, exoneró a Domínguez Zambrano por el delito de abuso de autoridad al no encontrar elementos para consignarlo por esta imputación, configurada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), instancia que sustentó este hecho en la existencia de presuntas irregularidades en la construcción de una bodega de la empresa cervecera Corona.

A las 14:30 horas, ante la rejilla de prácticas del juzgado quinto, el notificador Juan Jaime García dio lectura a los autos de formal prisión dictados a Do-mínguez Zambrano y a García Rodríguez, quienes portaban el uniforme azul celeste de indiciados. Durante la diligencia a cada uno se les puntualizó los nombres de quienes les imputan los delitos por los cuales serían procesadas.

De esta forma el alcalde con licencia y su ex secretario particular serán procesados por el delito de homicidio calificado en agravio de la regidora panista María de los Angeles Tamez Pérez. En este caso, la PGJEM presentó como principal testigo de cargo al bombero Francisco Javier Pereira Solache, quien declaró que después de una parranda prolongada de unos 15 días tuvo contacto con Jaime Ortega González, El Jimmy, ?prófugo de la justicia?, y que éste le confesó haber matado a la edil por 300 mil pesos que le pagó Daniel García.

Asimismo, por el delito de delincuencia organizada la procuraduría mexiquense estableció en sus investigaciones que junto con Daniel García y Domínguez Zambrano, dentro y fuera del palacio municipal operaban servidores públicos y civiles, quienes concretaban la expedición de licencias y promovieron actos de extorsión. Además de que hay una lista de 21 personas implicadas en estos hechos, quienes fueron identificados por Tamez Pérez siete meses antes de ser asesinada.

El edil inculpado será procesado por el delito de extorsión, acusación que presentó en su contra su ex director de Protección Civil, Carlos Rodríguez Delgado, quien ante Ministerio Público, aseguró haber renunciado a su cargo por presiones que ejerció el presidente municipal y su ex secretario particular en su contra, pues este último le exigió una cuota anual de 600 mil pesos para la campaña a gobernador y para que no fuera molestado en sus funciones.

Sobre el delito de extorsión se incorporó como afectado al empresario Saúl Sixtos Hernández, quien dijo que fue objeto de una prtición económica de 500 mil pesos a cambio de que en sus declaraciones ministeriales no involucrara a Domínguez Zambrano ni a García Rodríguez en la instalación de equipo de monitoreo que realizó en el interior del palacio municipal.

Este último delito se desprendió de las declaraciones ministeriales de los particulares Juan Pablo Arturo Flores, Alejandro Chávez Velez y Ernesto Hernández, quienes también aseguraron haber sido presionados con pagos de 500 pesos para no denunciar al edil y a su ex secretario.

En cuanto al delito de fraude, se estableció que Mario Correa Barrios, entregó a Daniel García en julio de 2000, 200 mil pesos como parte de los gastos de campaña del entonces candidato a la presidencia municipal de Atizapán de Zaragoza, Domínguez Zambrano, y que a cambio sería beneficiado con la entrega de la concesión de servicio de grúas en el municipio. Contrato que no se cumplió.

Al término de la audiencia, el abogado defensor del alcalde procesado, Marcos Castillejos dijo que está insatisfecho por el auto de formal prisión que le dictaron a su cliente, "pues no existen elementos suficientes para que el juez de la causa llegara a este dictamen". Asimismo, dijo que apelará del dictamen.

Afuera del penal de Barrientos, Nora, Claudio, Nancy y Sergio, hermanos del alcalde, leyeron una carta elaborada por el edil en la que rechazaba las imputaciones en su contra y descalificaba al bombero Pereira Solache, "pues cómo se puede tener credibilidad una persona adicta al alcohol y a la mariguana, que después de 15 días de intoxicación asegura de dicho que conoció el homicida material de Tamez Pérez".

Destaca que las acusaciones en su contra, se desprenden de presuntos acontecimientos registrados hace más de dos años. Cuestiona a las autoridades judiciales que validaron acusaciones que no fueron presentadas en su momento. Señala que sólo se habla de "supuestos" y que "no hay ninguna prueba fundada en su contra".

Afuera del penal al menos 30 personas, algunos de ellos militantes del PAN y empleados municipales atizapanenses, lanzaron consignas contra la procuraduría estatal y su titular Alfonso Navarrete Prida, asegurando que el edil es inocente.

En tanto, el juez Alejandro Jardón informó que será el próximo 24 de abril, cuando inicie el proceso contra el alcalde con licencia y su ex secretario particular, en una audiencia que se desarrollará a las 10 de la mañana. Por otra parte, se informó que en sesión de cabildo se analizará la deposición del edil y sea nombrado su suplente, el líder atizapanense del PAN, Regulo Pastor Fernández.

En la ciudad de México, Víctor Manuel Torres Moreno, coordinador general de Inteligencia de la PGJEM, dio a conocer que la dependencia turnó a la PGR un desglose de las investigaciones del caso Atizapán por la posible comisión de delitos contra la salud e intervención ilegal de comunicaciones privadas.

De acuerdo con lo dicho por el procurador mexiquense Alfonso Navarrete Prida, en días pasados, las indagatorias que realizó la dependencia a su cargo detectó que los policías de ese municipio eran obligados a vender droga al menudeo y también a cobrar hasta 400 mil pesos anuales a restauranteros para poder trabajar, "con la posibilidad de vender estupefacientes".

Por lo que se refiere a la intervención ilegal de comunicaciones privadas se detectó que muchos funcionarios municipales eran espiados por órdenes del presidente municipal y que esto había sido descubierto por la regidora desaparecida, situación que también motivó su asesinato, dijo.