El presidente Hugo Chávez, cualquiera que sea el juicio que se pueda tener sobre su actuación, fue elegido por una mayoría abrumadora y existían en el país un Poder Judicial, una Asamblea Nacional, leyes e instituciones. Gracias a un golpe militar de quienes tienen el poder del dinero y controlan los medios de información, apoyados además por los altos mandos y la jerarquía de la Iglesia católica, quienes no podían triunfar ni en las urnas ni en las instituciones parlamentarias han instaurado ahora un gobierno de facto encabezado por el jefe de los empresarios, al que no se sabe quién nombró presidente.

Hugo Chávez no renunció y, por lo tanto, sigue siendo presidente constitucional aunque esté preso. Los supuestos "restauradores de la democracia" violaron la Constitución y recurrieron a la fuerza después de cometer toda clase de delitos. Porque es delito debilitar al país exportando ilegalmente capitales como lo hacen los banqueros venezolanos prófugos en Miami, es delito sabotear las medidas de un gobierno constitucional, es delito utilizar las concesiones estatales, como los permisos para la radio y la televisión, para fomentar, organizar y desencadenar el golpe de Estado, y es delito incitar a los jefes militares, que deben preservar la legalidad, a romperla y encarcelar al comandante en jefe, o sea al presidente.

A éste no lo derribó una huelga general sino un lock out patronal que desembocó, tal como había sido previsto, en el golpe militar largamente preparado. Ahora el presidente empresario impuesto por la fuerza ha disuelto la Asamblea Nacional y la Suprema Corte, anulado las leyes legalmente aprobadas por un gobierno constitucional y desencadenado una ola de persecuciones políticas ilegales y revanchistas y una represión que crece.

Su poder es ilegítimo y espurio, anticonstitucional. El Grupo de Río no lo reconoce y condena el golpe de Estado. Hasta ahora el gobierno de facto sólo cuenta con el reconocimiento del gobierno español de José María Aznar, que apoya también a candidatos a golpistas en Argentina y cree que América Latina sigue siendo una colonia peninsular. Otros golpes, como el de Fujimori en Perú o el que derribó en Haití al presidente Aristide, llevaron al aislamiento americano a sus autores. Lo menos que debería hacer la Organización de Estados Americanos sería desconocer a los golpistas y suspender la pertenencia de Venezuela al concierto de naciones en tanto no se restablezca el statu quo ante. Además, promover que el gobierno depuesto ilegalmente sea restaurado y convoque a elecciones libres y democráticas en el marco de la actual Constitución, para que el pueblo venezolano, y no un puñado de magnates y matones uniformados, decida sobre quién debe gobernarlo.

No se puede tolerar que el Departamento de Estado, las grandes empresas y los medios de comunicación en manos de ellas anulen la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Porque a Chávez no lo derrocó una lucha popular. Lo hicieron las capas minoritarias y privilegiadas, que buscaban una revancha social y defender sus privilegios, por otra parte muy tibiamente atacados por el gobierno constitucional. Esa turba es la que, atacando la embajada de Cuba, quiere retrotraer las relaciones de ese país al tiempo de Rómulo Betancourt y de la corrupta Acción Democrática, cuando Venezuela fue base de los que preparaban la invasión de la isla. Mientras las cacerolas en Argentina derrocaron el estado de sitio y a varios presidentes, abriendo el camino a la democracia y la organización popular, y unieron a los sectores más pobres de las clases medias con los trabajadores, en Caracas las cacerolas de los barrios ricos saludaron la imposición de un gobierno empresarial-militar-clerical golpista contra las reivindicaciones y las conquistas populares.

La democracia y la defensa de la vía constitucional y pacífica para dirimir los problemas políticos deben ser sostenidas frente a un gobierno militar-empresarial-clerical tan abiertamente antinacional que lo primero que hace es anular las leyes sociales y suspender los acuerdos económicos de cooperación con Cuba, siguiendo los dictados de Washington. Ahora el pueblo venezolano enfrenta la represión, Estados Unidos dispondrá aún más del petróleo del país y tendrá además las manos libres para intervenir en Colombia y en Cuba, para amenazar a Brasil y para tratar de imponer el ALCA.

América Latina acaba, pues, de perder una batalla importante. No se trata sólo de defender la vida y la dignidad presidencial de Chávez, algunos de cuyos errores en otras ocasiones hemos criticado, sino de defender la legalidad, la Constitución votada por los venezolanos, el estado de derecho, y de impedir que nuestro continente vuelva a la época de las dictaduras militares de la oligarquía empresarial y financiera. Hay que preocuparse también por el futuro de nuestros países y por la misma paz mundial, ya que controlando aún más el petróleo venezolano Washington se preocupará menos por la OPEP y por los países árabes y podrá insistir en sus planes de guerra.