Cobija EU a torturadores de otros países

Denuncia Amnistía Internacional que a uno inclusive le otorgó la ciudadanía

REUTERS

Washington, 10 de abril. Al menos 150 personas señaladas como torturadoras en otros países viven en Estados Unidos, pese a una ley que permite acusar formalmente a individuos que hayan realizado estas transgresiones en cualquier lugar del mundo, expuso el miércoles Amnistía Internacional.

En un caso, el grupo defensor de los derechos humanos dijo que el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos le otorgó la ciudadanía a un ex funcionario del gobierno etíope luego de que un tribunal estadunidense determinara que había cometido actos de tortura y le ordenara pagar una multa de 1.5 millones de dólares por daños civiles.

Esa persona, Kelbessa Negewo, reside aquí, según manifestó el director ejecutivo de Amnistía Internacional-Estados Unidos, William Schulz.

"ƑQué mensaje estamos enviando cuando utilizamos a nuestros militares para luchar contra el terrorismo y para arrestar terroristas en remotos lugares del mundo, pero nos negamos a usar nuestro propio sistema judicial para arrestar a torturadores aquí mismo, en casa?", preguntó Schulz.

"Amnistía Internacional insta al gobierno de George W. Bush a detener y extraditar o enjuiciar a torturadores en Estados Unidos", agregó en una conferencia de prensa.

En un informe titulado Estados Unidos: paraíso para torturadores, Amnistía dijo que cerca de 400 mil víctimas de tortura o abusos a los derechos humanos viven en Estados Unidos.

La organización indicó que había identificado, pero que no daría a conocer los nombres, de al menos 150 personas sospechosas de haber realizado torturas u otro tipo de abusos a los derechos humanos que residen en Estados Unidos, en muchos casos con el permiso del SIN.

El informe sí menciona a 13 individuos, casi todos reconocidos públicamente, como sospechosos de violar derechos en nueve países, incluyendo Bosnia Herzegovina, Chile y Haití.

El Congreso estadunidense aprobó en 1994 una ley por la cual se considera delito grave todo acto de tortura cometido en cualquier lugar del mundo, subrayó el grupo.

Estados Unidos también es signatario de la Convención Contra la Tortura, de la Organización de Naciones Unidas, que requiere a los gobiernos aprehender a cualquier persona que presuntamente haya cometido actos de tortura y, de ser solicitado, enjuiciar o extraditar al sospechoso.

"Claramente Estados Unidos se ha retrasado en enviar un mensaje inequívoco de que su territorio no será un paraíso para los torturadores", declaró Schulz.

El martes, Amnistía Internacional informó que diferentes gobiernos del mundo ejecutaron a más de 3 mil personas el año pasado, más del doble de la cifra del 2000, incluyendo a 66 que fueron sometidas a la pena de muerte en Estados Unidos.