A más de quince meses del inicio del presente gobierno resulta oportuno recordar las especies, malintencionadas o no, que atribuían al presidente Vicente Fox intenciones secretas de corte fujimorista; la composición plural e incierta de las dos cámaras legislativas, decían esas voces, será una atadura indeseable para el Ejecutivo federal, y disolverlas es, en tal circunstancia, una tentación inevitable. Año y medio después aquellas conjeturas se han mostrado totalmente infundadas, y no necesariamente por las convicciones institucionales del Presidente, sino porque en casi todos los terrenos el Legislativo ha permitido que el Ejecutivo haga y deshaga, y no ha ejercido su función constitucional de fiscalizar y equilibrar las acciones y las omisiones del gobierno federal.

En el tiempo transcurrido del presente sexenio, el Congreso de la Unión ha tenido pocas intervenciones memorables en los asuntos públicos, entre ellas cuando el Senado de la República se inconformó ante la pretensión del canciller Jorge G. Castañeda de nombrar embajadora a Mariclaire Acosta, sin la aprobación de ese órgano legislativo; cuando las dos cámaras aprobaron una versión adulterada e infame de las reformas legales en materia de derecho y cultura indígenas; cuando, tras muchos meses de empantanamiento, el Congreso elaboró y votó una ley de egresos sustancialmente distinta a la iniciativa turnada por el Ejecutivo, así como las controversias constitucionales planteadas ante la Suprema Corte en los casos de la reforma energética y de la derogación del impuesto a la alta fructosa.

Fuera de esos episodios -el segundo, realmente deshonroso-, el Legislativo se ha convertido en un poder ausente. La falta es especialmente grave en lo que atañe a la falta de interés del Senado ante las catástrofes de las relaciones internacionales -la sumisión a los designios globales de Estados Unidos, la destrucción de las relaciones históricas con Cuba, la indefensión criminal de los migrantes, la entrega ilegal de aguas nacionales al país vecino, entre otras-, y particularmente absurda por lo que hace a las fracciones parlamentarias del PRI y del PRD, cuyos componentes fueron elegidos por la ciudadanía para ejercer un contrapeso efectivo a un gobierno de extracción panista.

Es desalentadora, y nefasta para la vida republicana, la combinación de un Ejecutivo sin rumbo claro y un Legislativo autista. Es urgente que el segundo acate las obligaciones constitucionales que le corresponden, responda al mandato popular que lo eligió y asuma su sitio en la institucionalidad nacional. De otra manera, será inevitable concluir que, a pesar de la alternancia, la pluralidad y el régimen de partidos, el país no ha salido de la etapa de los congresos dóciles y sumisos al Presidente en turno.