Las denuncias lacandonas
Tuxtla Gutierrez, Chis., 3 de abril. El director responsable de la administración y manejo de la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules, Alejandro López Portillo, informó que la comunidad lacandona ha interpuesto ante la Procuraduría General de Justicia del Estado 16 demandas penales para el desalojo de igual número de comunidades asentadas en esa área ecológica.
En este contexto, más de 30 comunidades afectadas solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares ante un eventual desalojo en su contra.
El funcionario federal señaló en entrevista que de los 72 ejidos localizados en la reserva y en la zona de amortiguamiento de la misma, 32 son los que están "irregulares y por tanto requieren su reubicación".
Desde 1999 la comunidad lacandona -que se dice poseedora de unas 600 mil hectáreas dentro y fuera de la reserva- interpuso ante el Ministerio Público del fuero común 16 demandas penales por el delito de despojo.
A la fecha, continuó, cinco de las 32 comunidades irregulares, integradas por militantes de la Asociación Rural de Interés Colectivo, "ya aceptaron la reubicación y sólo faltan los recursos económicos suficientes para comprar las tierras donde serán asentadas".
Los 45 ejidos que están legalmente constituidos, aunque se ubiquen dentro de la reserva, no serán reubicados. Sin embargo, los otros 32 deberán ser sacados de la zona, sostuvo el funcionario. "Independientemente de su filiación política vamos a seguir insistiendo, por la vía pacífica, en las estrategias de reubicación del resto de los poblados, y consolidando la relación entre los gobiernos estatal y federal."
Explicó que "por ser tan compleja esta región hay una situación de politización que obstaculiza la posibilidad de llegar a acuerdos".
Según López Portillo, a la fecha 10 por ciento de las 331 mil hectáreas que conforman la reserva se encuentran ya erosionadas; "la situación se torna crítica en esta temporada porque la gente empieza a tumbar y quemar para preparar la tierra para la siembra".
En tanto, el líder de la comunidad lacandona, Margarito Chan Kayum, sostuvo que "lo que nosotros pedimos es que el gobierno haga cumplir la ley y desaloje a las comunidades. Ya advertimos que si el gobierno no quiere intervenir vamos a hacer justicia por nuestra propia mano y lo que suceda será culpa de las autoridades".
Denunció que "hay nuevas invasiones. Unas 20 personas apenas en marzo se asentaron en la orilla del río Lacantún, a la altura de la comunidad San Andrés la Paz". ANGELES MARISCAL, CORRESPONSAL
