Hay "obvias señales" de una inminente expulsión, según activistas que visitaron la zona

Comunidades indias pedirán protección a la CIDH ante eventual desalojo de Montes Azules

Desde mediados del siglo pasado la zona fue abierta a la colonización, aseguran

HERMANN BELLINGHAUSEN

Las comunidades de Laguna el Paraíso, Laguna Suspiro, Nuevo San Pedro, Seis de Octubre y Nueva Cintalapa, del municipio autónomo Ricardo Flores Magón, denunciaron por medio de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos el hostigamiento de fuerzas policíacas y Ejército contra las poblaciones que se encuentran dentro de la reserva de la biosfera de Montes Azules y la zona lacandona, en el estado de Chiapas. Además, la Red de Defensores Comunitarios anunció que, después de realizar un viaje de observación a dicha región, donde sus visitadores encontraron "obvias señales de un inminente desalojo de 35 comunidades indígenas", ha solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para "intentar evitar una catástrofe" que vulnere garantías individuales.

De acuerdo con los denunciantes, desde los años cincuenta la selva Lacandona fue abierta al asentamiento humano por el gobierno federal para evitar un reparto agrario que afectara a los latifundistas. Como resultado, esa región fue habitada por choles, tzeltales, tzotziles y tojolobales de otras regiones de Chiapas "donde el agotamiento de tierras había llegado a un punto agudo".

Desde hace más de 25 años, agrega la red, 17 de las entonces nuevas comunidades en la región Selva ya habían fundado ejidos y 30 más habían pedido por la vía jurídica el reconocimiento y regularización de sus tierras y ampliaciones. "Sin embargo, estos derechos y peticiones hasta hoy en día no han sido respetados, dejando a más de mil 500 familias indígenas sin protección legal en las tierras que llevan más de un cuarto de siglo trabajando."

Un "regalo" de Echeverría

En vez de reconocer a dichas familias y sus derechos, "el presidente Luis Echeverría otorgó 614 mil 321 hectáreas de las tierras entonces en disputa a un grupo de 66 familias indígenas que hoy en día se reconocen como los lacandones, creando la Zona Lacandona", dice la red, y apunta que vale la pena mencionar que dicho otorgamiento se dio "aunque los lacandones sólo habían solicitado 10 mil hectáreas. Menos de ocho meses después del trámite de solicitud de dotación, "y sin precedentes en la historia mexicana de un otorgamiento de tierras a un pueblo indígena", recibieron un verdadero latifundio.

Además de que dicho otorgamiento afectó a miles de familias de la zona, en 1978 el gobierno vuelve a decretar unilateralmente que 331 mil 200 hectáreas alrededor de la zona Lacandona formarían parte de la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules.

Después de que el 12 de septiembre de 2001 los lacandones organizaran una conferencia de prensa con la ayuda de Conservation International (organización ambientalista que ha recibido apoyos económicos del Grupo Pulsar, McDonalds, Disney, Exxon, Ford y más de 250 millones de dólares de la corporación Americana Intel), en la cual exigieron el desalojo de 16 comunidades indígenas de la selva, dicha meta ha resucitado en los planes del gobierno.

Las comunidades indígenas de esa región han denunciado ante la red el incremento de vuelos rasantes de helicópteros, la actitud beligerante del Ejército y de la Policía Federal Preventiva, y la formación y adiestramiento de nuevos grupos paramilitares en la zona.

"Por las violaciones a los derechos humanos que significan las mencionadas acciones del gobierno, y por la catástrofe humana que significaría el desalojo de más de mil 500 familias que hoy se encuentran dentro de la selva de Chiapas, la red ha visto necesario acudir a las instancias nacionales e internacionales para buscar la protección jurídica de estos habitantes."

Por lo tanto, 29 de marzo la red sometió una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH. En ella denuncia que "el desalojo de las comunidades de esta región involucraría violaciones a las garantías individuales de los habitantes, además de que significaría una total negación de los tratados y jurisprudencia sobre los derechos indígenas". Y agrega: "se requiere que el gobierno mexicano consulte a los pueblos indígenas antes de llevar a cabo una acción que los afecte directamente". El gobierno está obligado por estos tratados "a proteger de manera especial los derechos terrenales de los pueblos indígenas"; además, prohíben "la reubicación unilateral de esos pueblos".

La red, con sede en San Cristóbal de las Casas, concluye que "la estrategia inversionista del gobierno, y la violencia que ésta ha desatado en las comunidades hacen evidente una vez más lo que las organizaciones sociales y las ONG han dicho de manera insistente en los últimos seis años: en Chiapas no habrá una paz duradera hasta que los derechos de los pueblos indígenas a la autonomía, a sus tierras y sus culturas, sean reconocidos y respetados a través de una reforma constitucional que surja de los mismos pueblos indígenas".