Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Martes 2 de abril de 2002
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Correo Ilustrado
 

Critica pie de foto

Querida Carmen: El pie de foto de la página 19 del día de ayer es indignante. Dice: "Movilización en el restaurante de Haifa donde se inmoló un suicida palestino". ¡Y ni una sola palabra de los 15 muertos y 40 heridos israelíes! De verdad, no se vale. El periodismo, tú lo sabes muy bien, es otra cosa. Te saludo con el cariño de siempre.

Sara Sefchovich


N de la R:

Tiene razón Sara Sefchovich cuando nos hace ver que en el pie de foto que cita no hay mención alguna a los ''15 muertos y 40 heridos israelíes", saldo de un ataque suicida, reivindicado por Hamas, en un restaurante de Haifa. Lamentablemente el pie de foto quedó inconcluso gracias a los infaltables duendes cibernéticos, mucho más peligrosos que los de imprenta.

Pero nos llama la atención que la escritora omita mencionar que en el titular de la información que acompaña a la mencionada foto se lee lo siguiente: ''17 muertos y 50 heridos, saldo de dos atentados suicidas en Israel". También omite decir que el antetítulo se dedica a Shimon Peres, y que en el sumario se menciona que Hamas amenaza de muerte a Ariel Sharon.

En efecto, el periodismo es otra cosa, y así lo entendemos en La Jornada. Por ello no ocultamos una información tan importante. Por ello damos voz a todos.


Denuncian agresión a abogado en la JFCA

Señora directora: Este primero de abril a las 11 horas, en la Secretaría de Conflictos Colectivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, fue golpeado nuestro amigo y colega Arturo Alcalde Justiniani cuando comparecía en la diligencia en representación legal de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores y de los trabajadores del Consorcio Aviacsa, SA de CV.

La cobarde agresión la ejecutó un golpeador profesional, supuestamente anónimo, en la diligencia de recuento sindical, en la que comparecía como contraparte el Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, SC de la RM, que dirige Ramón Gámez, quien tiene fama pública de contar con infinidad de contratos colectivos de "protección".

Protestamos enérgicamente por este acto de cobarde y vil agresión, porque representa un medio ilegal de preservar un sindicalismo antidemocrático y contrario a los intereses y derechos de los trabajadores. Y porque Arturo Alcalde es un conocido y reconocido abogado honesto y de calidad profesional en los medios laborales y democráticos del país.

A las autoridades del trabajo les exigimos el estricto cumplimiento de los artículos 728, 729 y 730 de la Ley Federal del Trabajo para que preserven el orden en los tribunales de trabajo, como garantía indispensable para la impartición de justicia.

Por la ANAD: Ernestina Godoy (presidente), Estela Ríos, Néstor de Buen, Adalberto Saldaña, Susana Codina, Eduardo Díaz, José Luis Contreras, Romero, María Luisa Campos, Carmen Merino, Oscar Alzaga, Maricarmen Fernández, María Eugenia Meza, Efrén Rodríguez y más firmas


Condenan intención de expulsar comunidades de Montes Azules

Señora directora: Le rogamos publicar esta carta, dirigida al presidente Vicente Fox y al gobernador Pablo Salazar.

En relación con el desalojo que se pretende hacer de 50 comunidades de la zona de Montes Azules, es preocupante que las dependencias del Ejecutivo federal y estatal que participan en la llamada "mesa ambiental", cuyas funciones son meramente administrativas, se arroguen facultades judiciales que no les competen.

Hablan de "asentamientos irregulares a desalojar". Esta afirmación carece de fundamento legal, pues para que se determine si las comunidades asentadas son "irregulares" se debe iniciar un juicio ante las autoridades competentes, en este caso los tribunales agrarios. Las comunidades deben ser legalmente notificadas y emplazadas para que puedan formular su defensa y ofrecer pruebas; sólo después de ese juicio se determinaría si son o no irregulares.

Por lo tanto, la "mesa ambiental" no puede determinar a priori que sean irregulares pues no se han agotado las instancias judiciales, únicas competentes para determinar sobre esta situación.

Es a todas luces violatoria de las garantías constitucionales la amenaza de desalojo de las comunidades, puesto que las mismas han creado derechos de posesión, de los cuales no pueden ser privados mediante un acto caprichoso del gobierno federal ni estatal.

Por el contrario, las autoridades deben sujetar sus actos a lo que ordena la Constitución federal en su artículo 14, que señala: "nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho".

Al amparo de este precepto constitucional, las comunidades zapatistas y no zapatistas asentadas en Montes Azules no pueden ser privadas de sus posesiones y derechos por motivaciones ambientales cuyo trasfondo real es crear una zona estratégica para el Plan Puebla-Panamá.

Bárbara Zamora, Carmen Merino, Santos García, Citlali Fuentes, Leonel Rivero, Teopiltzin Martínez e Iván Vicente, del Bufete Jurídico Tierra y Libertad, AC


Aclaración del IFE

Señora directora: En relación con la nota "Detecta el IFE múltiples anomalías en gastos de agrupaciones políticas", publicada en la página 3 del diario a su digno cargo este primero de abril, me permito hacer las siguientes consideraciones:

La información contenida en la nota se refiere a los reportes que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos ha elaborado y corresponden a la primera fase de la revisión, que actualmente se lleva a cabo para que el Consejo General defina el monto del financiamiento público que le corresponderá en 2002 a cada agrupación política nacional.

Se trata, en consecuencia, de información parcial, incompleta y sujeta a correcciones por parte de las propias agrupaciones políticas y a la valoración que en su momento haga la Comisión del Consejo General responsable de emitir el dictamen correspondiente.

Es información preliminar que está en proceso de revisión y que se sintetiza para que la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión avance en el proceso de revisión de los gastos de las agrupaciones políticas. Su versión final será pública cuando el Consejo General conozca las conclusiones a que llegue la comisión correspondiente y determine lo conducente.

Por lo anterior, el IFE no hace pública información alguna que se encuentre en proceso de revisión, ni mediante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos ni de las comisiones del Consejo General, en virtud de que podrían afectarse con información parcial, como en el caso de la nota señalada, los intereses de las agrupaciones políticas mencionadas o de sus dirigentes y funcionarios.

En virtud de que la nota no menciona la fuente de donde su prestigiado diario obtuvo la información publicada, para establecer las responsabilidades correspondientes, el IFE considera necesario hacer las aclaraciones citadas, de manera que sus lectores tengan un contexto completo de la información.

Víctor Avilés, coordinador nacional de Comunicación Social del IFE


Piden reinstalar a directora de secundaria

Señora directora: Pedimos la intervención del secretario de Educación, Reyes Tamez, para solucionar el problema que tenemos en la secundaria número 26 Francisco I. Madero, turno matutino, en la que han suspendido en forma injusta y arbitraria a la directora, Juana Cruz Meza, que ha demostrado durante dos años ser una persona responsable y trabajadora, logrando la mejoría del plantel.

Exigimos su reinstalación y que se revise la actuación del inspector de zona, profesor Jorge Revilla García.

Padres de familia Ma. Antonieta Bono, Adela P. de Ortiz y varias firmas más
 
 

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