Representa un revés a los esfuerzos por modificar la política migratoria, coinciden

Invita a la explotación el fallo de la Corte estadunidense: ONG y gremios

Manifiesta la embajada mexicana su preocupación por los mexicanos indocumentados

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALEZS

Washington, 1o. de abril. El fallo de la Suprema Corte de Justicia estadunidense que prohíbe a trabajadores indocumentados la libre asociación en defensa de sus derechos laborales es un revés a la iniciativa para reformar la política migratoria de este país, coincidieron organizaciones pro inmigrantes y sindicatos. A su vez, la embajada de México en esta capital expresó su "seria preocupación" por las consecuencias que esta decisión tendrá para los mexicanos indocumentados que laboran en Estados Unidos.

La central obrera AFL-CIO, el sindicato nacional de servicios SEIU y las asociaciones gremiales de jornaleros agrícolas UFW y FLOC, así como organizaciones latinas como MALDEF, y de defensa de inmigrantes como la Asociación Tepeyac de Nueva York, se hallan entre las instituciones que han condenado la decisión de suspender ese derecho, y señalaron que es una invitación a más explotaciones y abusos contra trabajadores indocumentados.

El alto tribunal estadunidense decidió el 27 de marzo, con una apretada mayoría de 5-4, que una empresa que despide ilegalmente a un indocumentado no está obligada a pagar sueldos caídos, con lo cual niega a esos trabajadores los mismos derechos que tienen ciudadanos y residentes legales cuando son cesados injustamente.

Sin embargo, en esta resolución hay un trasfondo: el caso resuelto por la Suprema Corte surgió por el despido, en 1989, del mexicano Juan Castro, de la empresa Hoffman Plastic Compounds, quien intentó organizar un sindicato en la compañía. Años más tarde la Junta Nacional de Relaciones Laborales determinó que el despido fue injusto y calculó la indemnización al mexicano en casi 67 mil dólares por salarios caídos. Con la determinación judicial se interpreta que si una empresa cesa a un trabajador por actividades sindicales o por proteger sus derechos laborales, el trabajador no goza de la protección de las leyes laborales debido a su condición migratoria ilegal.

Por su parte, la embajada de México en Washington lamentó la decisión del alto tribuanal, ya que ''se pudieran fomentar situaciones de abuso, explotación, marginación e indefensión de un gran número de trabajadores indocumentados mexicanos".

Tras señalar que los gobiernos de México y Estados Unidos han buscado abordar este tema desde ''un enfoque integral y de responsabilidad compartida'' para lograr un flujo migratorio legal, la embajada indica que "es urgente avanzar en las negociaciones bilaterales" que se iniciaron en abril de 2001.

Sin embargo, el problema no puede resolverse con un acuerdo migratorio negociado por los poderes ejecutivos, ya que el fallo provino del Poder Judicial. Lo único que podría revertir esta decisión es un cambio en las leyes nacionales, lo cual requiere de un acto legislativo, explicaron abogados especialistas en materia migratoria.

"Estamos molestos por la decisión de la Suprema Corte, ya que permite a lo empleadores maltratar a sus empleados, y si alguien desea organizarse para mejorar las condiciones de trabajo puede ser cesado", afirmó Marisa Demeo, directora regional de asuntos legales del Fondo Mexicano-Estadunidense de Defensa Legal y Educación (MALDEF, por sus siglas en inglés). "Si como país les damos empleo a esta gente (indocumentados) debemos tratarlos con igualdad", agregó Demeo.