Crece la frecuencia con que las autoridades tratan de culpar a las víctimas, afirma

Critica Miguel Concha las filtraciones de la hipótesis de "suicidio" de Digna Ochoa

Se intenta hacer aceptable en la opinión pública una versión más fácil para todos, dice

SUSANA GONZALEZ G.

Tras condenar las filtraciones de la hipótesis de suicidio manejada por la procuraduría capitalina en relación con la muerte de la abogada Digna Ochoa, Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vittoria y consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), advirtió que cada vez con mayor frecuencia las autoridades "tratan de culpabilizar a las víctimas y a su entorno".

Entrevistado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ?donde acudió a la comparecencia de Emilio Alvarez Icaza, presidente de la CDHDF?, el padre Concha refirió que "la culpabilización de las víctimas" ha sucedido en "muchos otros casos" en que han existido violaciones a las garantías individuales de los defensores de derechos humanos en México, de lo cual la organización Amnistía Internacional presentó un informe en diciembre pasado.

Son "casos típicos y justamente parece que se pretende culpabilizar a la víctima o a su entorno más cercano y filtrar esa información para hacerla aceptable a la opinión pública".

Agregó que resulta "muy extraño" y llama mucho la atención que la versión del suicidio fuera difundida a unos cuantos días de que se iniciaran las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las que se abordaron las investigaciones que lleva a cabo la procuraduría capitalina sobre el caso.

"Con las filtraciones se trata de justamente de hacer aceptable a la opinión pública una hipótesis que es más fácil para todos", por lo que insistió en que sea reglamentado el derecho a la información para impedir esas prácticas.

Consideró que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal debe continuar las investigaciones sobre el asesinato con toda responsabilidad, pero también debe aceptar la inspección de los procedimientos.

Es indispensable, insistió, que peritos participen en las investigaciones; incluso, propuso que representantes de otros organismos de derechos humanos, además del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, coadyuven en el caso.

Entretanto, Alejandro Delint García, segundo visitador de la CDHDF y responsable de la investigación sobre las amenazas e intimidaciones que Digna Ochoa y otros defensores de derechos humanos recibieron entre 1996 y 2000, anunció que el informe correspondiente estará listo para finales de abril.

También presente en la ALDF, el funcionario aclaró que con este informe el ombudsman no pretende fungir como "supervisor o jefe del Ministerio Público" sino investigar si las autoridades correspondientes, como la procuraduría capitalina y la Secretaría de Seguridad Pública, o su antecesora, la Secretaría de Protección y Vialidad, "actuaron conforme a derecho y de manera diligente" para atender las seis averiguaciones previas que recibieron por amenazas contra los defensores.

Explicó que la comisión no tiene competencia legal para indagar como el Ministerio Público o la Policía Judicial la razón o forma en que murió Ochoa, pero que se han analizado seis averiguaciones previas y más de mil hojas referidas a las denuncias que en su momento presentó la abogada, así como Pilar Noriega y otros defensores sobre amenazas recibidas y que fueron radicadas en la comisión.

Una vez que concluya la investigación, cuyo avance es de 80 por ciento, el presidente de la CDHDF podría emitir una propuesta general, una recomendación en lo particular o bien un informe especial, dijo.

Esta investigación, expresó, serviría para generar "un instrumento jurídico legal que haga patente, si fuese el caso, que no se actuó como debería haberse hecho, y que se hagan propuestas concretas para que en otros asuntos las autoridades actúen bien".