Repudia comunidad italiana en México a Berlusconi

Señora directora: Nosotros, ciudadanos italianos residentes en México de distintas orientaciones políticas, en ocasión de la presencia en México del primer ministro de nuestro país, expresamos nuestro repudio hacia Silvio Berlusconi y su gobierno.

El gobierno de Berlusconi está hundiendo a Italia en una profunda crisis política, social y cultural. El actual primer ministro es sostenido ?a nivel político e institucional? por el partido de sus amigos, socios y empleados (Forza Italia), por un partido xenófobo y separatista (Lega Nord), y por un partido heredero del fascismo (Alleanza Nazionale). Esta coalición política, que reúne las peores tradiciones de la derecha italiana, está poniendo en discusión los más elementales principios de democracia, libertad y justicia social.

Las más recientes iniciativas políticas del gobierno presidido por Berlusconi nos alarman e indignan. Se aprobaron leyes que atentan contra la justicia social, el pluralismo informativo (resolviendo en su favor el conflicto entre los intereses de Berlusconi como gobernante y como propietario de tres canales de televisión), el principio de la educación pública gratuita en favor de las escuelas privadas y los derechos humanos de los inmigrantes, así como al Estatuto de los Trabajadores (despidos y contratación colectiva), que reflejan los intereses de la confederación patronal, entre otras. Se usó la violencia para reprimir manifestantes pacíficos en Génova. Se asumió una actitud antieuropea y chovinista en política exterior. Se enviaron soldados italianos a Afganistán no solamente bajo el mando de la ONU, sino también bajo el del Ejército estadunidense. Se despenalizó el falso en los libros contables de las empresas. Se agrede al Poder Judicial amenazando con sanciones individuales y reformas que lo sometan al Poder Ejecutivo, por la aplicación de la ley en los juicios por corrupción contra el primer ministro. Se redujeron las restricciones comerciales para las industrias de armamento italianas.

Estas y otras acciones políticas no solamente confirman la naturaleza conservadora y reaccionaria de la derecha italiana que actualmente gobierna nuestro país, sino que también apuntan hacia una pérdida de valores cívicos y sociales sin equivalentes en Europa. Sin embargo, distintos sectores de la sociedad italiana y europea están levantando la cabeza, animando un importante movimiento de oposición que ya ha demostrado su capacidad de convocatoria. En nuestro repudio al gobierno de Berlusconi saludamos estas manifestaciones de oposición social y de rescate civil en defensa de los principios democráticos.

Giuseppina Agnoletto, Carlo Almeyra, Rossella Bergamaschi, Franca Bizzoni, Chiara Donà, Clara Ferri, Bruna Ghidoni, Maria Pia Lamberti, Laura Lascialfare, Sabina Longhitano, Mauro Milanaccio, Eugenia Militello, Massimo Modonesi, Paola Ortelli, Stefano Sartorello, Anna Maria Satta, Anna Claudia Ticca y Giovanna Zeghini

Corrección de una cifra

Señora directora: En mi artículo de ayer, "El gran ausente", copié un error ajeno que importa corregir, porque incurrimos a menudo en dislates semejantes con las cifras. Escribí que el peso argentino se había devaluado 170 por ciento. Esto no tiene sentido. La paridad del peso argentino con el dólar, hasta diciembre pasado, era de 1 dólar =1 peso. Ahora es de 1 = 2.50. Es decir, por un peso dan hoy 40 centavos de dólar, y la devaluación, hasta hoy, es de 60 por ciento. Suficiente catástrofe como para andar exagerándola.

Adolfo Gilly

Rechaza el gobierno de Chiapas que vaya a haber desalojo

Señora directora: Los días 16 y 17 de marzo se publicaron en el periódico a su digno cargo materiales periodísticos que aluden a un supuesto preparativo de desalojo generalizado de las comunidades asentadas en Montes Azules, Chiapas.

Como es usual en los artículos de Herman Bellinghausen, la información es parcial y se le da toda la credibilidad a las fuentes, siempre y cuando no sean gubernamentales. Nuevamente, sólo existe la denuncia sin corroborarse las bases en que se sustenta.

Se ha dicho que "Se alistan fuerzas de seguridad para desalojar 35 comunidades", que el "operativo de desalojo-reubicación está prácticamente en marcha" y que "se trata de un serio problema de ingobernabilidad".

Todas las aseveraciones están equivocadas. En ningún momento se ha planteado el desalojo forzoso y con el uso de la fuerza pública federal de los grupos asentados irregularmente en los terrenos de la reserva Montes Azules en la selva Lacandona. Igualmente, el gobierno federal no lo ha planteado como un problema de "ingobernabilidad", sino como un problema de asentamientos irregulares y desmontes en las zonas núcleo de una de las reservas de la biosfera más importantes del país que, por una parte, violentan la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y, por otra, son invasiones y asentamientos irregulares en los terrenos de los bienes comunales zona Lacandona.

La "punta de la madeja" no se encuentra en las denuncias presentadas el pasado 12 de septiembre por los representantes de la comunidad lacandona (que no fueron presentadas en septiembre pasado, sino desde hace años), que si bien son un componente importante de la problemática, se refieren a un problema con profundas raíces en la historia de la región, que se remontan cuando menos a la década de los 70 y ha evolucionado de muy diversas formas hasta el presente.

La Mesa Ambiental se instaló formalmente el pasado 13 de septiembre, y desde entonces ha trabajado bajo el principio de privilegiar el diálogo y la concertación con los grupos y organizaciones sociales involucradas en la búsqueda de diversas alternativas al problema de los asentamientos y desmontes irregulares en el corazón de las reservas naturales.

De septiembre a la fecha, la Mesa Ambiental ha avanzado en realizar un cuidadoso y respetuoso diagnóstico, caso por caso, de los problemas tratados. Se han efectuado reuniones y cabildeos con las organizaciones involucradas (en especial con la ARIC Independiente y Democrática), para plantear soluciones consensuadas y pertinentes a cada situación. A la fecha, en ninguno de los casos se han tomado decisiones definitivas.

Desde sus inicios, la Mesa Ambiental se planteó como una mesa de trabajo interinstitucional de los gobiernos estatal y federal para atender la problemática de los asentamientos irregulares y desmontes en las áreas naturales protegidas de Chiapas.

Ninguno de los miembros de la mesa ha estado por una solución por la vía de la fuerza. La mesa, en su conjunto, responde claramente a la posición y decisión institucional de los gobiernos estatal y federal de buscar una solución negociada y concertada con los grupos asentados irregularmente y las organizaciones que los representan. Si la posición gubernamental fuera la de proceder por el desalojo forzoso, no tendría ninguna razón el establecer esta mesa de trabajo interinstitucional.

Desde luego uno de los propósitos fundamentales de la mesa es dar alternativas a los asentamientos irregulares con una amplia gama de posibles soluciones, que van del reconocimiento de los derechos de los grupos asentados y con antecedentes de gestiones agrarias previas a los decretos del establecimiento de las áreas naturales protegidas y del reconocimiento y titulación de los bienes comunales zona lacandona, a la reubicación concertada de los grupos asentados recientemente.

En cuanto a la mención del Plan Puebla-Panamá, sería sumamente interesante que el articulista proporcionara sus fuentes, ya que el gobierno del estado no cuenta con ningún referente respecto a las grandes obras y planes que señala: maquiladoras de Benemérito de las Américas a Palenque, carretera fronteriza convertida en autopista de cuatro carriles, o bien la construcción de una presa monumental sobre el río Usumacinta en Boca del Cerro, proyecto viejo, totalmente desechado. Ninguno de estos planes y proyectos existen.

David Santiago Tovilla, coordinador de Comunicación Social del gobierno de Chiapas