Suprimir la pena de muerte en Idaho, pide el
PP
Acepta juez denuncia por torturas de la Guardia Civil
presentada por vasco
DE LA REDACCION
Madrid, 16 de marzo. El juzgado de instrucción
número 25 de Madrid admitió una denuncia por presuntas "torturas"
en dependencias madrileñas de la Guardia Civil presentada por el
joven vasco Unai Romano Igartua, quien fue detenido el pasado 6 de septiembre
en Vitoria por miembros de la Guardia Nacional por orden de un juez de
la Au-diencia Nacional, y torturado durante días por su presunta
colaboración con la organización armada vasca ETA.
El juez del caso citó a declarar en calidad de
imputados a varios guardias civiles, se-gún señaló
el pasado viernes el colectivo vasco contra la tortura Torturaren Aurkako
Taldea (TAT).
En la causa por estos hechos, que se en-cuentra en fase
de instrucción, también se llamó a comparecer como
testigos al médico forense de la Audiencia Nacional, quien examinó
a Romano, así como a varios presos, quienes permanecieron junto
al joven en la enfermería de la prisión de Soto del Real
los días posteriores a su arresto.
El propio Romano y su abogado y miembro del TAT, Iñigo
Elkoro, ofrecieron el viernes una conferencia de prensa en San Sebastián,
en la que presentaron una fotografía del joven que lo muestra irreconocible,
con la cara hinchada y los ojos morados y cerrados, y que se presentó
como prueba de los malos tratos que denuncian.
El abogado presentó, además, diversos in-formes
médicos del hospital madrileño San Carlos, donde estuvo ingresado
Romano.
Elkoro recordó que se están investigando
al menos 30 denuncias por presuntas torturas en 2001, y dijo que la Audiencia
Nacional obstaculiza la obtención de pruebas.
Añadió que, además de Romano, varios
presuntos miembros de ETA detenidos hace varias semanas en Navarra han
denunciado casos semejantes de tortura.
El letrado reclamó medidas inmediatas para acabar
con los malos tratos, porque "algún día alguien va a morir
en una comisaría", por lo que exigió que se elimine la actual
ley antiterrorista.
Por su parte, el Partido Popular vasco reclamó
al presidente del gobierno regional, Juan José Ibarretxe, que le
pida al estado estadunidense de Idaho y a su secretario de Estado, Peter
Zenarrusa, que supriman de su legislación la pena de muerte, y que
impulsen desde su cámara legislativa el "respeto absoluto de los
derechos humanos".
El secretario general del Partido Popular vasco, Carmelo
Barrio, presentó en el Parlamento de Euskadi una iniciativa de ley
sobre la abolición de la pena capital que será presentada
tanto al Legislativo de Idaho como a su secretario de Estado.
Esto ocurrió un día después de que
todos los miembros del Congreso de Idaho, tanto demócratas como
republicanos, votaron una iniciativa en favor de un proceso de paz para
el País Vasco que reconozca el derecho a la autodeterminación.
Dicha resolución incluyó la mención
expresa al rechazo a la violencia de ETA que Washington había exigido.
Hace unos días el vocero del Departamento de Estado,
Richard Boucher, explicó que de aprobarse dicha resolución,
ésta no tendría fuerza internacional.
En el debate que precedió a la votación
que aprobó la resolución, el representante demócrata,
David Bieter, denunció ante los representantes de la Cámara
la imagen que el presidente español, José María Aznar,
quiere transmitir del conflicto vasco.
En aparente respuesta a esta postura del estado de Idaho,
el Partido Popular de Euskadi recuerda que "recientes informaciones aparecidas
en los medios de comunicación han permitido que conozcamos de cerca
la situación política, legislativa y social del estado de
Idaho", y por ello "hemos comprobado que en ese territorio estadunidense
sigue instaurada la pena de muerte en su código penal, habiendo
sido aplicada ya en alguna ocasión".
"Al mismo tiempo sabemos que, hasta la fecha, 21 personas
permanecen en el corredor de la muerte de cárceles de Idaho a la
espera de su ejecución, y que la edad mínima para que una
persona pueda ser ejecutada es de 16 años", concluyó.
