Funcionarios de su administración y federales, entre los protagonistas

Rebasan al gobierno de Salazar quienes están por los desalojos en la Lacandona

La mesa para resolver la ingobernabilidad en Montes Azules ya no plantea metas agrarias

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 16 de marzo. Para entender mejor el drama de desalojo, reubicación forzada y posiblemente cárcel que se cierne sobre los pobladores de las áreas profundas de la selva Lacandona, es necesario presentar a los distintos protagonistas, que son muchos. Algunas apariciones resultarán sorpresivas. Si bien la historia cuenta con las guest appearances de la NASA, la ONU, Coca Cola Company, la agencia del gobierno estadunidense USAID, el Banco Mundial y otras estrellas internacionales, a continuación se enumera a los actores de los gobiernos chiapaneco y federal.

Los estatales

La Mesa Ambiental, creada para "resolver" la papa caliente de la denominada "ingobernabilidad" en la reserva de la biosfera de Montes Azules, recicla la Mesa Agraria Ambiental que estableció Roberto Albores en su año de gracia de 1998 para "sacar a los invasores" de la selva "propiedad" de los lacandones. La nueva mesa ya no se plantea metas agrarias. No obstante, varios de sus miembros más activos confirman una continuidad transexenal que rebasa por diversos flancos al gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía.

El nombre completo de la instancia es "Mesa ambiental para dirimir la denuncia de despojo y daños ecológicos y la posible reubicación-indemnización convenida con los asentamientos". Se estableció el 13 de septiembre para responder con rapidez histórica a las denuncias presentadas horas antes, en la remota comunidad selvática de Metzabok, por tres representantes ejidales de la denominada comunidad lacandona.

Coordinada en su etapa formativa por Emilio Zebadúa, secretario de Gobierno, ahora preside la mesa el gobernador de Chiapas. La coordinación de la actual fase operativa corresponde ya no a Zebadúa, sino al secretario de Desarrollo Rural, Rubén Velázquez. Y la diferencia importa, pues mientras el secretario de Gobierno no se ha manifestado a favor de los desalojos violentos de las comunidades selváticas, Velázquez es un promotor entusiasta de la medida. Junto con el secretario de Desarrollo Rural participan, con igual entusiasmo expulsor, sus subsecretarios Arturo Luna y Jaime Magdaleno.

Un miembro significativo de la mesa es el secretario de Pueblos Indios, Porfirio Encino, quien fuera líder de la ARIC Independiente después del levantamiento zapatista, cuando esa organización se dividió y una parte se hizo oficial. Se calcula que cerca de 40 por ciento de los indígenas que serían desalojados pertenecen a esa organización, que fue importante apoyo en la elección de Salazar Mendiguchía. Para Encino, responsable de la gestión social directa con las comunidades indígenas de Chiapas, no parece aceptable una amplia salida de fuerza. Su posición actual sería la de una salida negociada, que no parece ser el escenario considerado, aunque oficialmente se trata de una mesa "de negociación".

También participa en la mesa el delegado estatal del Instituto de Historia Natural y Ecología, Pablo Muench, herencia del alborismo-zedillismo (fue delegado en Chiapas de Semarnap en tiempos de Julia Carabias), quien siempre ha respaldado en este caso la salida de fuerza, militar y policiaca. Su suplente, Mauro Valle, fue delegado de la Profepa en el gobierno de Roberto Albores Guillén.

Por último, la Procuraduría de Justicia del estado está representada por el fiscal especial para delitos forestales de la dependencia.

(Antes de seguir con el elenco de la Mesa Ambiental, un paréntesis hace referencia a las comunidades de los municipios autónomos Ricardo Flores Magón en el norte, y Tierra y Libertad en el sur de Montes Azules. Los poblados indígenas que serían desalojados, bases de apoyo del EZLN y miembros de la ARIC Independiente, se localizan principalmente en la región de la Laguna Suspiro (norte) y Chajul-Ixcán (sur). Es decir, las regiones más codiciadas en el hemisferio norte por las compañías y corporaciones internacionales de bioprospección.)

Los federales

Un rol definitivo en la Mesa Ambiental de Chiapas lo juega el delegado estatal de Semarnat, Ramón Aguirre, representante del secretario Víctor Lichtinger (quien declarativa y personalmente ha mostrado siempre gran interés en Montes Azules, y cada que puede se pronuncia por un desalojo lo más amplio posible de los "delincuentes"). El delegado Aguirre fue jefe de inspectores forestales del gobernador Absalón Castellanos Domínguez, en un periodo de gran depredación de la selva. Cercano a Pablo Muench, su antecesor, apoya los desalojos.

Otro entusiasta del desalojo, y emisario directo del pasado, es Guillermo López Portillo, titular transexenal de la reserva de la biosfera de Montes Azules (Ribma) y amigo de la ex titular de Semarnap, Julia Carabias, quien conserva gran interés en Montes Azules, en particular la región de Chajul. Allí opera una estación de observación de la UNAM, con gran ascendencia de Carabias, a su vez animadora de la ONG Ceiba, cuyo centro de operación es... Chajul.

Por la Sedesol estatal participa Rodolfo Díaz Arvide, de largo historial en las filas del salinismo-zedillismo; durante los dos últimos gobiernos priístas trabajó en Sedeso, el INI y la Semarnap. En 1994 fue operador del programa salinista de las Cañadas, al cual se acusó reiteradamente de partidista y contrainsurgente.

Iván Azuara, por la Comisión Nacional Forestal, el delegado de Sedeso Luis Manuel García, y los delegados de Reforma Agraria, Procuraduría Agraria y PGR completan la representación federal en esta Mesa Ambiental, la cual ya ha decidido el operativo de desalojo y reubicación forzada de decenas de comunidades no lacandonas asentadas en Montes Azules.