Jorge Carrillo Olea
Cien días, un año después
La confusión que proyecta la administración Fox como resultado de su gestión, aumenta día a día en forma exponencial. Es tal el grado del enredo, que ha llegado a preocupar hasta a quienes podrían, desde una perspectiva crítica, alegrarse por ello. Empieza a emerger una seria inquietud por el futuro nacional.
Es tan persistente la errática conducta presidencial que privan en la opinión pública las preguntas: Ƒcuándo y cómo se corregirá?, Ƒel tiempo lo logrará de manera natural?, Ƒcuál será el factor que tenga que realizar el ajuste? Resulta ominoso el simple planteamiento de estas interrogantes. šCuánto sería deseable que no existieran en la conciencia política!
Un factor constante es la contradicción, que deviene en inconsistencia. El Presidente contradice hoy lo que aseguró ayer, o un miembro de su gabinete se expresa en sentido contrario al de su jefe, y las contradicciones entre los componentes del más alto nivel de gobierno son cosas de todos los días. El resultado por acumulación son confusión y alarma crecientes de quienes observan todos los días las inconsistencias del gobierno.
El 7 de septiembre de 2001, en la Unión Panamericana, sede de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Washington, un presidente altivo anunció a su incrédulo auditorio que en un plazo de 60 días su gobierno anunciaría su retiro del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Han pasado seis meses y no ha habido ulterior noticia sobre aquel anuncio que afectaba no sólo la política exterior nacional, sino que golpeaba fuertemente a un icono de las relaciones internacionales del continente entero y obstruía los mecanismos que operan a favor de los intereses americanos en la zona. Poca cosa.
Otro caso más de inconsistencia fue el anuncio hecho en los primeros días de gobierno de que se sometería a auditoría la legalidad, organización y funcionamiento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), acusado durante la campaña presidencial de espiar a favor del priísmo. Los resultados se darían a conocer a los 100 días. Se integró una impresionante comisión de cuatro secretarios de Estado, el procurador general y el recién nombrado director del Cisen para formular el dictamen. Lo que llamó la atención fueron dos cosas: una, que se viera sólo como un tema de interés personal el gravísimo problema de la falta de confianza en los órganos de seguridad del Estado, y la segunda, la elevada representación de la comisión, de la que atendiendo a la formación y experiencia de cada uno de sus miembros, se observaba que ninguno sabía nada sobre la materia que debió dictaminar.
A pesar de lo altisonante de la comisión, su mandato era muy pobre, exclusivamente reivindicatorio del supuesto agravio a Fox. Su misión careció de visión de Estado, no percibió la magnitud del verdadero problema. Lo que la nación demanda, de no ser la transición y el cambio un mero slogan, es la reforma de las estructuras de inteligencia.
Han pasado no 100 días, sino un año y el esperado dictamen no se presentó. Hubo, sí, un difuso pronunciamiento del director que quizá intentó suplantar al aludido dictamen. Y el método de informar no hubiera sido lo importante si se hubiera dado cuenta concreta de las imperfecciones encontradas, pero en ausencia de ellas, se debió entender que no se encontró nada significativo digno de anunciarse a la opinión pública.
No se encontró que, por encima de irregularidades normales en toda la organización, en este caso algo tan baladí como la inutilidad de las representaciones en el extranjero por falta de programa, el Cisen carece de controles legales, o sea de fiscalización. O sí se encontró que no los tiene, pero ahora se aprecia la comodidad de operar con tales libertades.
Darle esos controles era parte de un proyecto elaborado en 1986, que nunca se concluyó. En aquella época hubo que dar lógica prioridad a la liquidación de la DFS y de la DGIPS; organizar su sustitución por una dirección general transitoria y en 1989 dar lugar a la formal creación del propio Cisen, con las complejas ta-reas de estructuración de todo orden que ello contrajo. Hubo que dejar para otro día formular un esquema de control y llevarlo a la legislación deseada. La fiscalización de los órganos de inteligencia mexicanos es aún materia pendiente que es imposible eludir en un proceso de transición hacia la democracia.
Hoy la tarea, con una perspectiva propia del siglo xxi, es plantear una reforma de la estructura de inteligencia como requisito, no sólo de una real transición, sino para llenar un enorme deficiente en la vida pública nacional.
La primera tarea sería definir con claridad de qué estamos hablando, puesto que al momento, aparentemente toda la discusión se ha circunscrito al Cisen, olvidándose de forma alarmante de otras organizaciones que por estar fuera de la discusión se tornan potencialmente más peligrosas. Para el llamado gabinete de Orden y Respeto, cuyo secretario técnico es director del Cisen, una tarea difícil sería lograr definir con certidumbre que las organizaciones de inteligencia de que se está hablando son éstas y nada más que ésas. Lo más peligroso sería no identificar o soslayar la presencia de organizaciones que operaran al margen de la ley en términos de su existencia y función.
La experiencia nacional sobre la existencia de grupos extraoficiales es nefasta. De ahí la necesidad de asegurarse de que no exista ninguna en el seno de las organizaciones formales o al margen de éstas. Se debe rechazar para siempre la existencia de informadores confidenciales, agentes especiales, halcones, grupos paramilitares, brigadas blancas o de cualquier color, porque cada vez que se promueve algo especial, por obviedad distinto a lo normal, se abre la puerta a la violación de la ley y de los derechos humanos. Como primer paso, Ƒestán seguros Fox y su gabinete de que nada de esto existe? Es posible pensar que no. En ese juego de dudosos intereses, Ƒquién se los hubiera informado?
