En la reunión que el presidente de la República mantuvo con los dirigentes de la CTM, independientemente de lo anecdótico y de los resultados, quedó claro sobre todo que en la agenda del gobierno subsiste un hueco notorio: el que se refiere a las relaciones laborales y la democracia sindical.

El Secretario de Trabajo, probablemente por haber sido dirigente empresarial y estar habituado, por lo tanto, a las relaciones con un mundo laboral corporativizado o debido al tiempo que le requiere controlar las lecturas escolares de su hija, no ha encarado hasta ahora este espinoso problema.

La estructura del sindicalismo mexicano, por consiguiente, sigue marcada por la permanencia del corporativismo, con graves efectos para los intereses de los trabajadores y fuertes manifestaciones de corrupción (como se ha visto en el caso del sindicato de petroleros). Al mismo tiempo, las leyes laborales son obsoletas con respecto a la terrible realidad del mundo del trabajo.

El trato entre el que se proclamó gobierno del cambio y los aparatos corporativos no sólo es contradictorio con las esperanzas de los votantes sino que también perpetúa estructuras gravemente dañinas para la democracia en el país y que defienden el pasado político y social que el presidente Vicente Fox se comprometió a enterrar.

En los primeros días del gobierno foxista el líder ferrocarrilero y Rodríguez Alcaine se pusieron incondicionalmente a su servicio, pero posteriormente, envalentonados, comenzaron a tomar distancia y, en los últimos días, el aparato sindical y, particularmente el que dirige Elba Esther Gordillo, desempeñó un papel decisivo en apoyo a la candidatura de Roberto Madrazo a la dirección del PRI.

De modo que el gobierno ve crecer un obstáculo que no debería existir y, al mismo tiempo, permite que se cierre el camino a una verdadera modernización productiva al mantener una casta obsoleta de dirigentes sindicales que se apoyan en el descontento popular por el alza de los precios y por el desempleo sólo para obtener y reforzar posiciones de poder. La pasividad oficial ante este problema mantiene lo que se prometió resolver prioritariamente.

Este verdadero hoyo negro en la política oficial plantea igualmente grandes problemas político-jurídicos, pues México es parte de la Organización Internacional del Trabajo y ha firmado compromisos en materia laboral y social que la misma ha discutido y aprobado y que han pasado, por lo tanto, a convertirse en leyes nacionales. Tal separación entre los textos legales y la realidad, por consiguiente, podría llevar a desconfiar de la validez de las reglas jurídicas y de las instituciones, y a tratar de solucionar los problemas reales al margen de ellas, en búsqueda de objetivos legítimos y legales que son desconocidos.

El peligro es evidente y la inmovilidad e insensibilidad de las autoridades máximas de la Secretaría de Trabajo colaboran no poco a agravar la intranquilidad social y la inseguridad en el país.