Acción Nacional rechaza la versión e indica que sólo tratan de desprestigiar al partido

PGJEM: el asesinato de la regidora en Atizapán, por descubrir malos manejos

La joven funcionaria habría tenido enfrentamientos verbales con el alcalde, también panista

SILVIA CHAVEZ GONZALEZ CORRESPONSAL

Atizapan de Zaragoza, Mex., 27 de febrero. María de los Angeles Tamez Pérez, regidora de extracción panista en Atizapán de Zaragoza, estado de México, había concluido un día más de labores en la administración municipal. De regreso a su casa todavía pasó a una estética y se hizo pedicure.

Al llegar a su domicilio y descender de su automóvil para abrir la cochera, al menos dos sujetos se le acercaron y le dispararon a quemarropa en nueve ocasiones; seis balas hicieron impacto en su cuerpo, una de ellas en el rostro. Murió al instante.

Para la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) este crimen, ocurrido el 5 de septiembre pasado, tendría su origen en actos de corrupción que la regidora descubrió en el gobierno municipal. Sin embargo, el comité estatal de su partido, el PAN, asegura que esta hipótesis no tiene sustento, e indica que se trata de una estrategia política del gobierno estatal en contra del blanquiazul y de los gobiernos locales emanados de éste.

Pedro Tamez Fernández, funcionario de la agencia de noticias Notimex, en una carta que leyó públicamente cuando su hija cumplió tres meses de muerta, aseguró que María de los Angeles "fue escrupulosa en luchar porque existiera la correcta aplicación de los recursos municipales, evitando la simulación y el favoritismo en los procedimientos y adjudicaciones de obras".

Ante vecinos del fraccionamiento Las Alamedas que participaron en una ceremonia luctuosa, a la que por cierto no acudió el alcalde Antonio Domínguez Zambrano, Tamez Fernández agregó que su hija "impidió la violación de los usos de suelo disfrazados de supuestos convenios basados en retorcer leyes, para de esa forma beneficiar los bolsillos de los señores del poder". Concluyó exigiendo el esclarecimiento del crimen.

A más de cuatro meses del homicidio, en la PGJEM ya han declarado 120 personas, y se cuenta con al menos 20 dictámenes periciales. El día de los hechos la procuraduría mexiquense aprehendió y liberó a cuatro personas, consideradas "sospechosas", entre ellas a la trabajadora doméstica María de Jesús Vázquez Altamira, de 45 años, cuyo error fue llegar a la puerta de la familia Tamez para pedir empleo.

Para Alfonso Navarrete Prida, titular de la PGJEM, el móvil del crimen "está acreditado con toda claridad en función de irregularidades que habría descubierto la regidora al interior de sus actividades, de su trabajo en el municipio". Y para corroborar sus indagaciones, solicitó a la Contaduría General de Glosa la aplicación de auditorías a la administración atizapense.

En diferentes entrevistas, Navarrete Prida reiteró que "no fue uno el asesino, sino varios las que participaron en colusión, que tenían posibilidades y dominio sobre las actividades de la regidora". Agregó que "hay varias líneas de investigación tendientes a verificar la identidad de los ejecutores materiales. Esto le daría solidez a una consignación", puntualizó.

En los cuatro meses que han transcurrido desde el homicidio, no sólo han declarado familiares y amigos cercanos de la regidora, también los 16 regidores y los tres síndicos procuradores, integrantes del cuerpo edilicio.

Por lo menos en cuatro ocasiones comparecieron ante el Ministerio Público los regidores Ana María Balderas y Juan José Aley Medina, así como el segundo síndico procurador, Jacobo Ortiz, todos de extracción panista.

El presidente municipal, Antonio Domínguez Zambrano, lo hizo el 8 de febrero en la Subprocuraduría de Justicia de Tlanepantla. Todavía falta la declaración ministerial del secretario del ayuntamiento, Enrique González.

Sin embargo, los resultados de la indagatoria fueron reservados y no se darán a conocer los avances hasta concluyan porque, aseveró Navarrete Prida, "no voy a comprometer más la investigación con otro tipo de información".

Así, el subprocurador de Justicia, Roberto Figueroa Velázquez, y miembros de la Coordinación de Inteligencia y Estrategia para el Combate a la Delincuencia de la PGJEM, que están a cargo del caso, recibieron la "instrucción" de no dar informe alguno.

En noviembre, el procurador aseguró que el móvil del crimen fue por descubrir actos de corrupción del gobierno municipal.

De ese mes a la fecha las fricciones entre grupos de servidores públicos panistas han aumentado, lo que derivó en la renuncia de tres directores de área, así como del secretario técnico de la presidencia municipal, Gonzalo Alarcón Bárcenas ?ex diputado federal panista y ex novio de Tamez Pérez? y del secretario particular del alcalde, Abel García.

Evangelina Pérez Zaragoza, madre de la regidora y ex legisladora suplente de Luis Felipe Bravo Mena ?líder nacional del PAN, cuando éste fue senador por el estado de México? renunció a su cargo como directora del DIF en el gobierno atizapense.

Una trayectoria panista

María de los Angeles Tamez Pérez tenía 27 años, era licenciada en derecho egresada de la Escuela Libre de Derecho.

Como panista desempeñó varios cargos, entre ellos el de asesora del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República. Desde 1995 era militante del blanquiazul, cuando tenía 21 años.

En el cabildo de Atizapán de Zaragoza, Tamez Pérez estaba a cargo de nueve comisiones, y en más de una sesión edilicia tuvo posiciones encontradas con el presidente municipal y con algunos de sus correligionarios.

Luego de que la PGJEM estableció la hipótesis de que el crimen estaba relacionado con actos de corrupción, el alcalde solicitó auditar al organismo del agua (SAPASA) y a las direcciones de Administración y de Desarrollo Urbano, cuyos expedientes son revisados, pues se presume que existen irregularidades en el manejo de sus recursos, según informó el secretario del ayuntamiento.

La hipótesis de la PGJEM sobre el crimen de la regidora desató rumores sobre la existencia de presuntas irregularidades en el gobierno local. Unas versiones dicen que la regidora se opuso a la apertura de más giros rojos. Otras indican que nunca estuvo de acuerdo con la construcción de una gran bodega, promovida por empresarios de la cervecera Corona y, según el regidor perredista Efraín Medina, el último asunto ocasionó la destitución del director de Desarrollo Urbano, Armando González Fernández, quien habría incurrido en irregularidades.

Asimismo, dos regidores ?del PAN y PRD? manifestaron que entre los integrantes del cabildo, María de los Angeles destacó al hacer frente común con ediles perredistas, quienes se opusieron a la realización de un macroproyecto habitacional que sería construido en la zona norte del municipio, lo cual le valió sostener fuertes discusiones con el alcalde Domínguez Zambrano.

Amenazas de muerte

Al ambiente que desde el 5 de septiembre predomina en el palacio municipal se sumó el envío de anónimos y llamadas telefónicas, en los cuales se amenazó de muerte a algunos regidores y al propio alcalde. En un principio se pensó que los escritos eran parte de un juego perverso de desconocidos. Pero investigaciones de la PGJEM confirmaron que estos mensajes fueron elaborados por una sola persona.

Para la dependencia, estas amenazas están relacionadas con el crimen, y se presume que el autor estaría dentro de la administración municipal.

Los mensajes obligaron al gobierno local a dar protección personal a los 16 regidores. Sin embargo, algunos la rechazaron.

Sólo cinco ediles realizan sus actividades bajo custodia, entre ellos Virginia Ruiz, de extracción panista, quien fue blanco de cuatro amenazas.

Desde un principio las autoridades judiciales descartaron que la muerte de la regidora haya sido producto de un asalto o robo, pues dictámenes periciales establecieron que se encontraron todas sus pertenencias, entre ellas las llaves de su vehículo ?que tenía en una mano?, así como su auto Volkswagen tipo Derby, dos celulares y su bolsa personal.

Además, el análisis de balística registró nueve casquillos provenientes de una sola arma, los cuales fueron percutidos desde una distancia menor al medio metro, lo que lleva a concluir que se trató de una ejecución.

A principios del año, la PGJEM manifestó que en breve daría a conocer los resultados de sus indagaciones.

A pesar de la reserva acerca de la información, agentes judiciales confiaron que se cuenta con retratos hablados de los presuntos homicidas, aunque se desconoce con precisión cuántos participaron en el hecho.

Asimismo manifestaron que tuvieron conocimiento de las características del vehículo en que huyeron los homicidas, y consideraron que la resolución del caso podría prolongarse seis meses.

Para el edil Domínguez Zambrano y el dirigente del PAN en la entidad, Francisco Gárate Chapa, la PGJEM no tiene pruebas fundadas para considerar que el homicida esté entre el personal que labora en el gobierno municipal.

El líder estatal panista indicó que esto responde a una estrategia política de desprestigio del gobierno municipal y de su partido.

Cabe resaltar que a mediados de febrero policías judiciales, peritos y un agente del Ministerio Público efectuaron un cateo en las oficinas de los regidores, en el palacio municipal, para detectar radios y micrófonos ocultos, presuntamente para vigilar a los funcionarios de primer nivel.

Incluso, el alcalde Antonio Domínguez Zambrano informó que desde principios de febrero la Contaduría General de Glosa inspecciona documentos contables de la Tesorería municipal y del organismo descentralizado del agua, como parte de las diligencias solicitadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para esclarecer el homicidio de Tamez Pérez.

"Desde hace 20 días son revisadas las cuentas de algunas áreas de mi gobierno", pero de acuerdo con estas investigaciones, los auditores "no han encontrado nada trascendente", aseveró el alcalde de Atizapán.

El objetivo de la auditoría es que Glosa confirme la existencia de alguna "deficiencia o error, con el fin de que se justifique la hipótesis del procurador Alfonso Navarrete Prida, quien ha asegurado que los homicidas de la regidora estarían en la administración municipal", y que ello tendría su origen en actos de corrupción descubiertos por María de los Angeles Tamez Pérez, añadió el dirigente.0