José Blanco
Enésimo embate contra la UAM
Hace tres semanas escribí en este espacio un artículo titulado "Sindicatos contra la sociedad". Referí el lastre agobiante que el país arrastra para avanzar hacia el futuro con sindicatos dirigidos por las camarillas entronizadas en los gremios de los maestros (SNTE), de petroleros (STPRM) y de electricistas. Esta sofocante rémora proviene de los abundantes restos del Estado corporativo erigido por la dominación priísta. Pero en el otro extremo del espectro político, también hay rémoras. Es el caso del SITUAM.
Dominado por corrientes que se piensan a sí mismas como de "izquierda" (entre ellas el grupo Pancho Villa), el SITUAM posee el dudoso mérito de un récord Guiness: 15 huelgas en 25 años de existencia. Con la huelga actual -que al escribir este artículo sumaba 24 días-, este sindicato está cerca de completar un año acumulado de holganza, desnaturalizando el derecho de huelga, afectando gravemente a los estudiantes, y contribuyendo a desprestigiar no sólo a la propia institución, sino a la universidad pública en general.
Como ocurre con los grupos activistas sin cultura política democrática, este sindicato se atiene al método del asambleísmo estudiantilista y, así, no es extraño que se pierda la posición real de la dirección sindical, posiblemente rebasada en esta ocasión por otros grupos que logran dominar la asamblea, y se diluya, por tanto, la responsabilidad institucional de cada uno. Así, en bola, y a gritos y sombrerazos, se pretende que se resuelvan los serios problemas que entrañan las relaciones de trabajadores y autoridades en una institución de educación superior pública. Aquí, desde luego, no hay relaciones obrero patronales, sino una institución educativa a la que el Estado otorgó autonomía para organizar el gobierno de la academia, pero que, en las condiciones actuales, sirve también de cobertura para acciones irresponsables de las corrientes sindicales.
Se trata de un sindicato mixto (académicos y trabajadores administrativos), pero ha sido prácticamente abandonado por los académicos. De otra parte, al inventarse la remuneración por retazos de los académicos (salarios, estímulos al desempeño, SNI), a base de la evaluación por "puntos", los académicos terminaron concentrándose en el acopio de sus puntitos, desapegándose de su propia institución. Así, frente a corrientes políticas irresponsables en el ámbito de los trabajadores administrativos, la institución no halla defensa suficiente en los académicos que apenas empiezan a expresarse algo tímidamente respecto a la crisis que sufre su propia institución.
El sindicato, por su parte, se niega a toda evaluación del rendimiento administrativo de los empleados y a revisar seriamente el manual de puestos y sus funciones, como se niega también a acordar un plan racional de capacitación. Quiere, en cambio, inmiscuirse en las decisiones de la administración académica: becas, estímulos al desempeño, intervención en las comisiones dictaminadoras, lo que implicaría entregarle la academia a las corrientes aquí referidas. Ahora incluso el sindicato exige que con dos años de anticipación se le avise de posibles cambios en los planes de estudio de las diversas disciplinas, no sea que ello involucre alguna "pérdida de materia de trabajo" para el sindicato. Las decisiones sobre la organización y transmisión del conocimiento requieren el visto bueno del sindicato, según su pretensión. Al propio tiempo, mantiene la huelga con el fantasioso y cándido propósito de "romper" la política salarial del gobierno utilizando como instrumento a la institución educativa, sin responsabilidad alguna, a costa de los alumnos y del prestigio académico de la UAM. No puede por ahora describirse una situación peor para una institución de educación superior pública.
A cada paso aflora en el país la urgencia de reformar profundamente las instituciones que la sociedad requiere para educar a cada generación de nuevos mexicanos. La educación primaria, secundaria y terciaria tiene que ser seriamente evaluada y reconstruida. La escuela elemental pública -de la que es propietario el SNTE- espera reformas profundas para que quede en manos de autoridades académicas, pero en el extremo superior de la educación la reforma también es impostergable. Una ley de educación superior que redefina la autonomía y dote a las instituciones de instrumentos de defensa frente a intereses extraños a la organización, generación y transmisión del conocimiento. Las universidades públicas son de la sociedad, no de los académicos ni de los estudiantes, menos aún de los empleados administrativos. Es tiempo de que la sociedad se haga cargo del proceso educativo; que la autonomía no sirva para que el gobierno rehuya su responsabilidad sobre la educación superior.
