Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Lunes 25 de febrero de 2002
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Sociedad y Justicia

Afirma que la entidad apoya en investigación de PGR

Legal, la entrega del supuesto cuerpo del capo, asegura Juan S. Millán

JAVIER VALDEZ E IRENE SANCHEZ CORRESPONSALES

Culiacan, Sin., 24 de febrero. La Procuraduría de Justicia del estado envió a la general de la República las investigaciones de la posible muerte de Ramón Arellanmo Félix, miembro del cártel de Tijuana, informó el gobernador, Juan Millán Lizárraga.

Indicó también que las investigaciones, documentos y armas decomisadas en Mazatlán el día del enfrentamiento entre el capo y un gatillero contra policías ministeriales ya fueron entregados a la PGR.

El mandatario sinaloense aseguró que no se violó la ley por entregar el cadáver a los supuestos familiares de Jorge Pérez López, como inicialmente fue identificado el cuerpo que después un diario local relacionó con Ramón Eduardo Arellano Félix.

"Si hubiera violaciones a la ley, la propia investigación así lo establecerá y se procedería en consecuencia. Pero la información que yo tengo, que hemos solicitado, de reportes precisos de la Procuraduría General de Justicia del estado, las opiniones de la propia Procuraduría General de la República, son en el sentido de que se procedió de acuerdo con lo que marca la ley", puntualizó.

Este caso, aseguró, se encuentra en manos de la PGR, pero se desconoce dónde quedó el cadáver que presuntamente corresponde a uno de los hermanos Arellano Félix.

Sin descartar ni afirmar si uno de los muertos en el enfrentamiento en la Zona Dorada de Mazatlán corresponde a Ramón Arellano Félix, Millán Lizárraga indicó que "no se pueden adelantar conclusiones".

"Extremar cuidados"

Por otra parte, el gobernador sinaloense no descartó que la entidad pueda convertirse en un "campo de enfrentamiento" entre cárteles del narcotráfico y las corporaciones policiacas, si se confirma que Ramón Arellano Félix fue asesinado en Mazatlán.

Por tal motivo, el mandatario solicitó a las Procuraduría estatal y a la Policía Ministerial que "extremen los cuidados para garantizar la protección a los agentes que participaron en el operativo en el que se supone fue abatido el narcotraficante".

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