Bloqueo carretero y marcha de campesinos de Atenco

Burgoa pide a Fox rectificar en torno al nuevo aeropuerto

MATILDE PEREZ, JAVIER SALINAS E ISRAEL DAVILA REPORTERA Y CORRESPONSALES

Al insistir en que el decreto de expropiación de más de 5 mil hectáreas que perjudica a campesinos de Texcoco y San Salvador Atenco es inconstitucional, el abogado Ignacio Burgoa Orihuela dijo que los juristas deberán enseñar al presidente Vicente Fox el camino de la legalidad. "No pretendemos darle clases, sino que rectifique el camino", expuso.

El decreto del 22 de octubre del año pasado violó las facultades de los municipios de autorizar el uso del suelo de sus regiones. En ese caso no se oyó si estaban o no de acuerdo con que en su territorio se construya el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México. "Hasta la fecha el gobierno federal no ha presentado las constancias que demuestren que hay una causa de utilidad pública que justifique la expropiación de los ejidos", argumentó el jurista.

Consideró positivo que la Procuraduría Agraria haya logrado la suspensión en tres de los nueve amparos que interpuso para proteger a los ejidatarios mexiquenses. Comentó que el juicio en este caso será largo, ya que también están las controversias constitucionales interpuestas por Texcoco, San Salvador Atenco y el Gobierno del Distrito Federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante ese periodo ninguna autoridad federal ni estatal podrá realizar obras en ese territorio, o corren el riesgo de perder sus cargos públicos.

Los casos de San Salvador Atenco y Texcoco forman parte, según Burgoa Orihuela, de una serie de violaciones a la Constitución cometidas por el presidente Fox, quien "no puede continuar actuando de esa manera, tiene que rectificar, y hacerlo será un signo de humildad".

Por su parte, campesinos de San Salvador Atenco bloquearon la carretera federal Texcoco-Lechería y realizaron una marcha a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia, en protesta porque la dependencia envió 12 citatorios a los ejidatarios de la comunidad de Acuexcomac por presunto fraccionamiento clandestino.

Los ejidatarios señalaron que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) pretende intimidarlos para que desistan de su oposición contra la construcción de la terminal aérea, al acusar a varios de los campesinos de fraccionamiento clandestino. Esto sólo porque desde hace años, "por necesidad", han cedido parte de sus parcelas para heredarlas a sus hijos y nietos, quienes han construido algunas viviendas.

Hicieron patente su enojo porque los juzgados federales de distrito, con sede en Nezahualcóyotl, han aplazado ya en tres ocasiones las audiencias programadas en el juicio que se sigue de su demanda de amparo contra la expropiación de tierras interpuesta por varios ejidos.

Por la mañana, un contingente de más de 300 campesinos de las comunidades de Acuexcomac, Nexquipayac y San Salvador Atenco marchó desde la ex hacienda La Grande, bloqueando la carretera federal Texcoco-Lechería, hasta la Subprocuraduría de Justicia con sede en Texcoco.

Irrumpieron en las instalaciones de esa dependencia y en presencia del subprocurador, José Andrés Mendiola, demandaron una explicación de los citatorios y solicitaron se abstenga de realizar este tipo de acciones, que calificaron de "intimidatorias". El encargado de la Fiscalía de Fraccionamiento Clandestino, Pablo Diego Pacheco, explicó a los ejidatarios que sólo se les cita para que expliquen cómo se fue dando la división de algunas de las parcelas, con el fin de detectar los clandestinos. Estas acciones, aseguró, se han realizado en esta zona desde hace más de dos años, porque en más de 200 parcelas hay asentamiento humano irregular.

Por su parte, Francisco Covarrubias Gaytán, coordinador de proyectos estratégicos mexiquense, aseguró que en tanto se inicia la construcción del aeropuerto en Texcoco, el gobierno estatal pretende ampliar junto con Aeropuertos y Servicios Auxiliares la terminal aérea de Toluca, Adolfo López Mateos.

Agregó que esto ayudaría a aliviar la saturación del aeropuerto capitalino. La ampliación de esta terminal aérea tendría un costo inicial de 3 mil millones de pesos, y existe interés de empresas alemanas en participar, desde los estudios para el plan maestro hasta la operación.