Ayer, en el Salón Verde de la Cámara de Diputados, y con el respaldo de representantes de comunidades indígenas e intelectuales destacados, un grupo de 168 diputados presentó para su debate y aprobación el proyecto original de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena elaborado en 1996 por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

En el acto, el ex rector de la UNAM Pablo González Casanova señaló que esta iniciativa ofrece a los legisladores una oportunidad de subsanar el nefasto error que cometieron en marzo del año pasado, cuando, a partir del documento original de la Cocopa, redactaron y aprobaron un engendro de modificaciones constitucionales y legales que, lejos de contribuir a resolver el conflicto indígena en Chiapas y la fractura entre los pueblos indios y el resto de la nación, constituyó un agravio y ahondó el problema. El investigador universitario apuntó, además, la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atienda las controversias constitucionales presentadas por numerosas comunidades indígenas contra la llamada "ley Bartlett-Fernández de Cevallos-Ortega", por la triada de legisladores que negociaron e instrumentaron la adulteración y la distorsión de la iniciativa de la Cocopa.

Como dijo González Casanova, el vergonzoso episodio del año pasado restó credibilidad tanto al Ejecutivo como al Legislativo, los cuales lograron, a fin de cuentas, defraudar las vastas esperanzas nacionales que suscitó la marcha indígena a la capital de la República y la comparecencia de varios dirigentes principales del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ante los legisladores.

No debe olvidarse que un factor clave para que pudiera desarrollarse semejante catástrofe fue la ausencia de una representación definida y congruente de las izquierdas nacionales en el Legislativo. El voto favorable de los senadores perredistas, gestionado por Jesús Ortega, a la aprobación del engendro legal antindígena, resultó en ese sentido una derrota a los esfuerzos organizativos, de cohesión y de transformación social sostenidos durante décadas por diversos sectores políticos y sociales --sindicatos, organizaciones campesinas, partidos de izquierda, grupos y entidades de la sociedad civil organizada-- para construir un país más justo, más incluyente y más democrático.

Cabe esperar que la oportunidad que se planteó ayer sea aprovechada, que los legisladores de todos los partidos realicen un examen de conciencia honesto sobre las consecuencias contraproducentes de las reformas legales del año pasado y que el Poder Legislativo sea capaz de corregir su extravío y apruebe, sin adulteraciones ni tergiversaciones, la iniciativa de la Cocopa en materia de derecho y cultura indígenas.