Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Domingo 17 de febrero de 2002
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Política
PAGINA 9

Lourdes Galaz

Hostigamiento a la prensa

Obsesión por el control de los medios

Periodistas perseguidos con el MP

El ombudsman Soberanes, bien gracias

Max Weber en La política como vocación escribe que "el periodista pertenece a una especie de casta paria que la 'sociedad' juzga siempre de acuerdo con el comportamiento de sus miembros moralmente peores..." Y refiero la cita no sólo por el afán de encontrar la frase interesante para iniciar este texto. Qué va, la lectura de los clásicos sí que reconforta, sobre todo en estos tiempos en los que la denuncia, el hostigamiento, la prepotencia y hasta la deshonra del periodista son ya un lugar común en el gobierno del cambio.

Y en el intento de encontrar razón y motivación de esas tan comentadas, aunque no todas públicamente conocidas, denuncias ministeriales contra reporteros de todos los medios -que conste-; de esos oficios con llamados a testificar en oficinas de la PGR o fiscalías de la administración capitalina, con apercibimientos de multa y hasta cárcel de no asistir a las requeridas comparecencias, y por qué o en razón de qué tanta exigencia a los periodistas de que revelemos las fuentes de información cuando se les involucra en asuntos poco claros o que no son del gusto de algún político, funcionario, empresario, institución y hasta de organismos presuntamente defensores de los derechos humanos. Bien, pues en esos afanosos intentos de reportera sin otro quehacer, se agradece el e-mail de un amable lector que nos envía un ensayo del colega boliviano José Luis Exeni, que advierte esa obsesión por el control de los medios desde el poder político que no es sólo un invento de los hombres y las mujeres del periodismo; es también una sabrosa tentación.

Recuerda el colega boliviano aquel frustrado intento de los gobiernos iberoamericanos cuando, en la cumbre presidencial de la Isla Margarita, a mediados de 1997, se pretendió aprobar el llamado derecho a la "información veraz", reservándose para ellos (los mandatarios y sus gobiernos, claro) el monopolio de definir qué era veraz -y qué no- en la información. "Una vulgar forma de censura", escribe con toda propiedad Exeni, y afirma que "por pasarse de listos (los presidentes) pecaron de ingenuos... y renovaron la distorsión: no son pocos quienes siguen creyendo que el periodismo es la continuación del poder por otros medios; o, mejor, que la política es el uso de la información para otros fines".

Si a ello se añade la falsa pero harto contagiosa metáfora de la prensa como "cuarto poder", abunda el colega, "la lógica del control de los medios deja de ser sólo una tentación y aparece como una necesidad de sobrevivencia (para los otros tres poderes públicos, claro). Así, mientras medios y periodistas se asumen como vigilantes de gobernantes, legisladores y jueces, éstos ven a aquéllos como a sus empleados". Por lo menos así se advierte en las cartas que aparecen publicadas en los conocidos "espacios del lector" de la prensa mexicana. Ayer mismo, en El Correo Ilustrado de La Jornada, un personero la Comisión Nacional de Derechos Humanos por segunda ocasión en una semana es enviado a desestimar la información publicada en esta Página 9, referente a la negativa del ombudsman Soberanes de reunirse con Marta Altolaguirre Larredondo, relatora de los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo tan de moda por estos días en México.

Como me informó una fuente confiable, el señor Soberanes rechazó recibir a la enviada de la CIDH y, sin más, ordenó que la entrevista fuera con aquella olvidada abogada, ex procuradora y creo que hasta ex ministra de la Corte, Victoria Adato, seguramente para no contrariar al procurador general de la República, que públicamente ha declarado que la averiguación de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez no es asunto de su competencia, y hasta para no hacer pasar un mal rato al muy temido contralor Pancho Barrio, pues cuando fue gobernador de Chihuahua comenzaron a aparecer las primeras mujeres muertas ?van 258? en la frontera y desde entonces se integró mal la averiguación, como lo muestra la resolución de la CNDH firmada por la señora Mireille Roccatti.

Al obusdsman no le agradó el texto publicado y ordenó al secretario técnico de la comisión, Francisco Olguín, que remitiera a la directora de La Jornada el oficio SE/0421/02, con fecha 13 de febrero, en el que acusa a la Página 9 de presentar "una interpretación anticipada y evidentemente sesgada y parcial" de la negativa de Soberanes a sostener una entrevista con la relatora de la CIDH. Dice otras cosas, pero al final del oficio, en una especie de soborno, exige a la autora de la Página 9 que precise la fuente de la información publicada, y a cambio "con gusto haremos el desmentido público que corresponda", aduciendo que, en tal caso, sería "la verdad la principal beneficiada con la información publicada" (sic). Por supuesto, Olguín no conoce el lenguaje de la diplomacia: "Parece que la CNDH no tenía tiempo para recibirnos... fue un problema de agendas", diría la relatora de la CIDH (La Jornada, 13 de febrero). Tampoco conoce del oficio periodístico, y resulta grave que a sabiendas de que lo publicado aquí es totalmente cierto quiera que se le revelen las fuentes de esta periodista para con gusto hacer un desmentido público. Por cualquier diligencia posterior me acojo a los artículos 6, 7 y 133 de la Constitución, y especialmente a la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH, que establece: "Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales".

En fin, este asunto pareciera una tontería, si no fuera porque a últimas fechas reporteros de La Jornada y de otros medios han sido urgidos y hasta llamados comparecer en actos ministeriales para que revelen sus fuentes de información. La reportera Gabriela Romero Sánchez está acusada de ser presunta responsable de diversos actos ilícitos por el diputado priísta Arturo Barajas Ruiz, supuesto ofendido por una nota publicada en este diario, en la que se consigna que "con base en información de la Procuraduría del DF, de 1992 a la fecha (31 de octubre de 2001) se han iniciado cuando menos cinco averiguaciones previas en contra del diputado Barajas, por despojo, robo y difamación". La reportera fue citada en la averiguación, y hubo de pasar por cuatro exámenes médicos en la agencia del Ministerio Público. Luego, por el expediente se enteró de que el susodicho diputado le exige que revele la fuente de información en la PGJDF que denunció las tropelías del presunto delincuente, ahora diputado.

Por supuesto que Gabriela no irá a prisión... ni tampoco el diputado, que goza de fuero. Quienes dicen que podrían perder el empleo, y hasta ir a la cárcel, son el agente del Ministerio Público Federal Ricardo Martínez Chávez y unos ocho abogados que trabajan con él en la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO). Desde la oficina del procurador Macedo de la Concha llegó la orden de citar "para una diligencia de carácter penal" a los reporteros Gustavo Castillo, Enrique Méndez y Rubén Villalpando, que publicaron la noticia exclusiva del arraigo de tres ex empleados del PRI por el presunto desvío de mil 100 millones de Pemex a la campaña de Francisco Labastida. Martínez Chávez exige a los reporteros que revelen sus fuentes. Si no, que declaren que no salió de su boca ni de la PGR la información. Los entretelones políticos y la relatoría del abogado que representó a los periodistas en esta diligencia no tienen desperdicio. Pero sólo hay espacio para otra cita de Weber: "Pocas personas saben apreciar que la responsabilidad del periodista es mucho mayor que la de un sabio..."

EN 3 TIEMPOS

los facciosos que gobiernan


preven aqui ataques terroristas


no a los votos con dinero blando

SIGUE LA PUGNA por el control de la policía capitalina, mientras los ciudadanos se preguntan por qué mejor no se disputan el control de la seguridad pública en la capital del país. Ayer Andrés Manuel López Obrador insistió en que el rechazo -veto, le llaman otros- del presidente Fox a que Francisco Garduño sea el responsable de la seguridad en el DF "puede tener dos hipótesis". Aunque estima que en ambas "se percibe que (Fox) está atrapado en una lucha de facciones y que se encuentra desinformado". Y recomienda a Fox que actúe "como hombre de Estado y no como jefe de grupo". Lo mismo podrá decir el Presidente de López Obrador. Es innegable que dos facciones perredistas inciden en sus decisiones: la de René Bejarano y la de you know who.
 
 

LA SENADORA LAURA GARZA GALINDO alerta contra ataques terroristas aquí... Sí, terrorismo en México que alcanzaría a más de 4 millones de personas físicas y morales. Y es que Paco Gil y el grupo talibán que opera desde el SAT (Servicio de Administración Tributaria) tienen bien instrumentada una escalada de terrorismo fiscal que viviremos a partir de mañana lunes. Hay que estar alertas, sobre todo las personas físicas con actividad empresarial y todos los profesionales que cobran con recibos de honorarios, pues hoy domingo 17 de febrero -recuerda la muy aterrada senadora- vence el plazo para entregar a Hacienda el primer pago parcial del impuesto sobre la renta (ISR), junto con el IVA cobrado en enero, como lo obliga la nueva miscelánea fiscal. Serían unos 4.5 millones los mexicanos expuestos a una persecución a partir de este lunes... con todo y que votaron por el cambio. ¿O qué, usted sí sabe cómo y tiene con qué enfrentar al fisco?
 
 

SI SE TRATA DE IMITAR a los gringos ahora es cuando, señores diputados. Allá en Washington la Cámara de Representantes aprobó una iniciativa que cambia radicalmente la ley sobre el financiamiento de las campañas políticas. La enmienda limita en forma drástica el dinero blando de empresas, sindicatos y organizaciones no gubernamentales a los partidos políticos. Y todo por la polémica que abrió la quiebra de Enron, el gigante energético que se presume benefició generosmente la campaña presidencial de George W. Bush y entregó aportaciones para la relección de 71 senadores y 187 congresistas. Además de 5.7 millones de dólares como apoyo político a los dos partidos, el Republicano y el Demócrata. Por cierto, van bien y avanzan las pesquisas contra el PRI... ¿Alguien sabe cómo va la averiguación del presunto financiamiento irregular de la campaña de Fox?

Ilustración: Luis Fernando /Serie: La popularidad

Fax: 5262-4317 [email protected]

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