Que el Estado reconozca que violaron sus garantías, la meta

Llevarán a la CIDH el caso de Paulina, a quien se le negó su derecho a abortar

JORGE ALBERTO CORNEJO CORRESPONSAL

Tijuana, BC., 14 de febrero. El caso de Paulina del Carmen Ramírez Jacinto ?la menor que fue violada y a quien las autoridades de Baja California le negaron su derecho al aborto? será presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ante esa instancia, con sede en Costa Rica, activistas de México y Estados Unidos denunciarán que la autoridad transgredió los derechos reproductivos establecidos en tratados internacionales firmados por México y que se carece de reglamentación para el aborto en caso de violación, además promoverán la aplicación de la pastilla para la anticoncepción de emergencia y la indemnización de la víctima.

La abogada Mónica Roa, del programa para América Latina y el Caribe del Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas (Crlp), dijo al diario La Crónica, de Mexicali, que en el caso de Paulina sus derechos reproductivos fueron violados.

En 1999 la menor fue violada en su hogar y como consecuencia de ello resultó preñada; intentó interrumpir el embarazo, como lo permite la Constitución estatal, pero las autoridades se lo impidieron, según consta en la relatoría de la recomendación de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos.

Presentarán el expediente el 8 de marzo

Roa informó que el expediente será presentado el 8 de marzo por el Crlp, organización no gubernamental que promueve el avance y la protección de los derechos reproductivos como garantías individuales de las mujeres.

"Queremos que el Estado mexicano reconozca la responsabilidad internacional de la violación de los derechos de Paulina, así como los contenidos en los tratados internacionales en la materia", expuso la abogada con residencia en Estados Unidos.

Buscamos, agregó, "que exista esa reglamentación para que jueces, funcionarios, personal del Ministerio Público, de la policía y de los hospitales públicos sepan qué hacer cuando se presenten estos casos, no tengan un margen de acción y no empiecen a actuar con creencias personales, políticas y religiosas", expuso.

Es la primera vez que un caso como éste se lleva a la CIDH, por lo que los activistas buscan sentar un precedente en América Latina.