Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Jueves 7 de febrero de 2002
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Política

Ť El IFE no halló irregularidades graves en la revisión de las cuentas de ese año, sostiene

Asegura el PRI que no hay anomalías en sus reportes financieros sobre la elección en 2000

ENRIQUE MENDEZ

La dirigencia nacional del PRI afirmó ayer que no hay ninguna irregularidad en sus reportes financieros sobre ingresos y egresos durante la elección presidencial de 2000, pues la información que presentó en febrero del año pasado respecto de que recibió y gastó mil 386.3 millones de pesos fue de "carácter preliminar".

En una revisión de los informes de origen y aplicación de los recursos financieros, uno de febrero de 2001, y el otro entregado el martes a los consejeros políticos, se desprendía una diferencia de 188.4 millones de pesos.

Sin embargo, ayer el CEN explicó que esa "diferencia" se explica porque en el Consejo Político Nacional (CPN) de 2001 se presentó una información preliminar, "toda vez que el plazo establecido por el IFE para la entrega definitiva venció al finalizar marzo".

Además, detalló, en ese informe había "dos renglones" por 178.5 millones de pesos "de operaciones de carácter virtual y meramente informativo", que explícitamente correspondieron a una negociación de "descuentos" con proveedores y acreedores del tricolor.

El PRI señaló que sus ingresos totales en 2000 fueron de mil 207.8 millones, una diferencia de sólo 9.9 millones de pesos, menos de 1 por ciento de lo reportado en la sesión extraordinaria del CPN en Ixtapan de la Sal.

"Referente a los gastos -abunda--, en la misma sesión se reportó el monto de mil 386.3 millones de pesos, cifra comparable con la presentada en la sesión de ayer por mil 292 millones de pesos y oportunamente reportada al IFE."

La "diferencia" de 7 por ciento entre uno y otro informes, insiste, se explica porque mientras en uno se asentaron datos preliminares y el otro incluye las "cifras oficiales" con los registros definitivos que se entregaron al IFE y que afectaron los gastos ordinarios por actividades específicas, de campaña y transferencias a elecciones locales.

A partir de la explicación que ayer ofreció el CEN, el coordinador de la Comisión Nacional de Financiamiento, Héctor Luna de la Vega, avaló en el dictamen administrativo financiero que entregó el martes al CPN el informe que el mismo día presentó el secretario de Finanzas, Oscar Terroba Garza.

En el documento que presentó la comisión de financiamiento -porque aún no se integra la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del CPN--, De la Vega insistió en la versión de que cuando el IFE revisó las cuentas del partido no encontró ninguna irregularidad, y que sólo emitió una sanción por 946 mil pesos debido a "inconsistencias administrativas, dos de mediana gravedad y una leve, todas de forma y no de fondo".

Confirmó en ese documento -incluido en uno de los disquetes que el consejo entregó la tarde del martes a sus consejeros con los informes de cada secretaría-- que el tricolor cerró el ejercicio de 2000 con una deuda de 75 millones de pesos, y que en 2001 debió contratar créditos por 200 millones de pesos.

En el mismo año pagó 140 millones de pesos y detalló que el saldo actual con bancos es de 135 millones, que de acuerdo con el informe de Terroba Garza serán pagados en septiembre próximo.

Además, se entregaron los "resultados" de 24 de los 28 exámenes que la Contraloría General tenía programado realizar a diversas coordinaciones, secretarías, organizaciones y sectores del partido para revisar sus ingresos y gastos durante 2001.

En su reporte, la contraloría señaló que las intervenciones se realizaron para "promover una cultura de control" y crear "una práctica administrativa transparente, garantizando el cumplimiento de la normatividad emitida por el IFE".

Aunque estaban previstas no se aplicaron auditorías al Frente Juvenil Revolucionario, a la CNOP, a la Secretaría de Acción Indígena ni a la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria (militares en retiro).

Supuestamente, como resultado de esas auditorías se emitieron "recomendaciones" a cada una de las 24 oficinas revisadas, pero en el documento no se detallan.

Asimismo, la Comisión del Proceso Interno resolvió ayer, con un "criterio salomónico", la controversia por la distribución de los 9 millones de boletas que se imprimirán para las elecciones del 24 de febrero.

El presidente de esa instancia, Humberto Roque Villanueva, informó que 4.5 millones de papeletas se distribuirán de acuerdo con el número de votos que el PRI obtuvo por entidad en la elección federal de 2000, como proponía el equipo de Roberto Madrazo, y la otra mitad de acuerdo con la lista nacional de electores, como pedía Beatriz Paredes.

En entrevista, el senador informó que la Subcomisión de Medios fue citada para reunirse este jueves, para que presente una propuesta sobre un eventual debate en el que participen las dos fórmulas, como planteó el tabasqueño para aceptar el reto que lanzó Paredes Rangel.

Si hoy no hay un acuerdo al respecto, la decisión será tomada mañana, cuando la Comisión Nacional citó a las subcomisiones de Medios, de Fiscalización y de Legalidad para resolver "todos los pendientes técnicos" de la elección.

Durante la reunión de ayer en las oficinas de Roque no hubo acuerdo respecto de en nombre de quién deben pedir los candidatos sus facturas para comprobar los gastos de campaña.

Este es el único punto que ha detenido la aprobación del manual de procedimientos contables, pues todavía no se define si los documentos deben ser emitidos a nombre del CEN del PRI, de los candidatos o bien a una asociación civil u organización no gubernamental, para que estos egresos no se incluyan en la contabilidad anual del tricolor.

También se revisaron los spots de televisión de Madrazo Pintado, y Roque adelantó que aun cuando en lo general estos mensajes de propaganda y los de Paredes Rangel no violan el reglamento de la elección, se reunirá con ellos para hacerles "comentarios en corto", para que la publicidad política respete las bases de la convocatoria.

Por otra parte, ayer Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo realizaron campaña en el estado de México, mientras Beatriz Paredes sostuvo encuentros con simpatizantes en Morelia y por la tarde en el Distrito Federal.

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