Emilio Pradilla Cobos
Huelgas universitarias
La huelga de los trabajadores académicos y administrativos de la Universidad Autónoma Metropolitana, que atiende a 45 mil estudiantes del Distrito Federal y los municipios conurbados, así como las de otras instituciones universitarias en el país, ponen en tela de juicio la política de educación superior de los cuatro gobiernos federales neoliberales, incluido el actual.
Partidarios confesos, o en los hechos, de su privatización, estos gobiernos han reducido el presupuesto real para la educación superior, la ciencia y la tecnología, lo que dificulta su crecimiento para atender la demanda creciente y abre el camino a la expansión acelerada de las instituciones privadas. A ello se añade la ideología divulgada por los sectores sociales y los medios de comunicación conservadores que, sin fundamento ni pruebas, descalifican la calidad de la educación pública y promueven la privada por el sólo hecho de serlo.
Al tiempo, los gobiernos dan apoyo restringido e insuficiente a los investigadores y la investigación científica universitaria, sobre todo en ciencias sociales y humanidades, realizada casi totalmente en las universidades públicas, creyendo ilusoriamente que su desarrollo será impulsado por la empresa privada.
En este marco, el salario real contractual de los trabajadores administrativos y académicos universitarios ha seguido la misma aguda curva descendente sufrida por todos los asalariados mexicanos. Para compensar parcialmente esta caída, se montó un complicado sistema de becas y estímulos a la "productividad", que incluye el Sistema Nacional de Investigadores, el cual oculta mal su naturaleza de salario a destajo disfrazado.
Las becas y estímulos deben ser ganados periódicamente por los académicos mediante múltiples y engorrosos informes de "producción", cuyos criterios de evaluación son confusos y dudosos por lo menos, lo que lleva a dejar de lado las tareas académicas "que dan poco puntaje", o los proyectos de larga duración que no coinciden con los plazos de evaluación, y en muchos casos dan paso a la simulación, sin que su impacto sea positivo sobre la calidad de la enseñanza.
Los académicos viven en la incertidumbre económica, pues cualquier eventualidad puede afectar su "productividad" y reducir drásticamente su ingreso, ya que las becas llegan a ser hasta dos tercios de éste.
Estas becas y estímulos son muy diferenciados en función de los diversos criterios cruzados, crean infinidad de situaciones diversas entre los académicos y llevan a una marcada jerarquización que no propicia la cooperación y la unidad en los proyectos universitarios. Al no formar parte del salario contractual, se sitúan por fuera de la negociación sindical y no se incluyen en las prestaciones laborales, sobre todo en la jubilación, lo que coloca a los académicos en la incertidumbre sobre su futuro, cuando lleguen a la tercera edad.
El manejo del sistema compensatorio es discrecional por parte de las autoridades federales y universitarias, como lo demuestran, entre otros ejemplos, la variación aleatoria de sus montos y su reducción para un segmento docente importante, aplicada recientemente en la UAM. El personal administrativo de las universidades carece de estas compensaciones al salario y sufre su continuo deterioro, a pesar de su papel sustantivo en el funcionamiento de la infraestructura y los servicios educativos.
El crecimiento cuantitativo y cualitativo de la educación superior y la ciencia y la tecnología, inseparables de ella, es un pilar sustantivo del desarrollo económico y social de la ciudad de México y el país entero; las políticas para el sector, incluida la presupuestal, deben responder al proyecto de país futuro y al desarrollo integral de sus ciudadanos, los cuales no son garantizados por la empresa privada y su aleatoria vinculación, muy divulgada, pero poco real, con la universidad; la respuesta a la demanda social en este nivel es también un derecho constitucional, social y humano de los mexicanos y una obligación del Estado; la universidad pública es su núcleo fundamental y estructurante, la única que garantiza este derecho, y no puede ser sustituida por la privada, regida por criterios de lucro.
En el movimiento universitario actual, que puede alcanzar escala nacional, las demandas de los trabajadores deben integrarse con las de la sociedad, para que ésta lo reconozca y no ocurra un aislamiento como el que se dio en la pasada huelga estudiantil en la UNAM.
Construir un sistema universitario público diferente al proyecto privatizador neoliberal, para responder a las necesidades de los mexicanos y capitalinos, requiere a la vez un cambio sustantivo de la política gubernamental, y resolver múltiples problemas y deformaciones al interior de las universidades que involucran a los universitarios, derivados de dos décadas de crisis y de políticas públicas equivocadas.
