Ť Buscan que los ministros "se acerquen más a lo que son los derechos de los pueblos"

Proponen en el CNI movilizaciones para impulsar resoluciones favorables de la Suprema Corte

ROSA ROJAS

Integrantes de la regional centro del Congreso Nacional Indígena (CNI), de 10 estados, plantearon ayer la realización de una serie de movilizaciones para impulsar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia que analizan las controversias constitucionales contra la reforma en materia indígena "se acerquen más a lo que son los derechos de los pueblos indios". Se propuso que las movilizaciones se desarrollen los días que se fijen para las audiencias respectivas.

Representantes de cuatro municipios morelenses que interpusieron controversias ante la SCJN (Tepoztlán, Tlayacapan, Yecapixtla y Tepalcingo) se quejaron de que "el trámite va lento", y que esa instancia les había indicado que habría una resolución a finales de enero, lo que no ocurrió.

Se advirtió que de los amparos que comunidades indígenas de Michoacán interpusieron contra la reforma están listos para sentencia los de Nurio y Urapicho, del municipio de Paracho, que están en el juzgado sexto de distrito en materia administrativa de Uruapan. Se indicó que "si la juez a cargo actúa conforme a derecho tendrá que dar resolución favorable a los amparos, respetando la Constitución", pero se llamó a estar alerta, "pues el fallo podría ser desfavorable, porque esa juez rechazó el amparo de la comunidad de Ocumicho, municipio de Charapan, argumentando que se quería destrozar la Constitución".

En el caso de Ocumicho se interpuso recurso de revisión y se espera que lo admitan, como en el amparo de la comunidad de Calzontzin, que rechazaron con ese mismo argumento, pero se pidió la revisión y se dio la suspensión. Están pendientes también -entre otros- los de las comunidades de Cheranatzicurin y Quinceo, Cuanajo, Santa Clara del Cobre y Zirahuén, así como la controversia constitucional interpuesta por el municipio de Paracho.

Se subrayó, sin embargo, que a la par de la estrategia legal se sigue promoviendo mediante talleres en las comunidades el Decreto Purépecha de Autonomía "como respuesta política a esa ley impugnada".

Por su parte, la Alianza de Pueblos y Ejidos del Valle de Anáhuac informó que en el caso de los amparos interpuestos por las comunidades de Milpa Alta, San Nicolás Totolapan, San Mateo Tlaltenango y San Pedro Atlapulco se fijó la audiencia constitucional para el próximo 7 de febrero.

En la reunión del CNI-regional centro, celebrada en Milpa Alta, se acordó, por otra parte, demandar al gobierno del Distrito Federal el esclarecimiento del asesinato del representante de bienes comunales de Villa Milpa Alta, Ramiro Taboada. "Se tiene la certeza de que el supuesto atropellamiento que habría sufrido no fue accidental, sino intencional", se indicó.

A la reunión asistieron más de 80 representantes de comunidades y organizaciones indígenas de Jalisco, Distrito Federal, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Morelos, Querétaro y Colima. Entre los representantes de organizaciones no indígenas estaba un enviado de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos de Barcelona, España.

Durante la asamblea, el Frente Independiente de Organizaciones Zapatistas de Querétaro exigió la liberación de los presos políticos Sergio Jerónimo Sánchez y Anselmo Robles, encarcelados junto con otras personas que ya fueron liberadas durante el incidente suscitado en medio de una protesta popular con un autobús del convoy presidencial, en 1998.

Por su parte el comisario ejidal de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle, estado de México, Rey Pérez Martínez, informó del conflicto que mantiene este núcleo agrario con la población de Villa Guerrero por el agua de los manantiales ejidales. Indicó que el ejido solicitó un amparo contra la concesión de sus aguas por parte de la Comisión Nacional del Agua a Villa Guerrero, y como las autoridades de esa población se negaron a negociar el agua con el ejido, éste decidió cortarles el suministro el 23 de diciembre.

"No les queremos quitar todo, estamos dispuestos a compartir el agua, pero los recursos naturales son de Tlanixco y se nos deben respetar, nosotros necesitamos agua para nuestros 12 mil habitantes y los de Villa Guerrero deben instalar una bomba y pagar la electricidad para el suministro de Tlanixco, pero ellos dijeron que no nos van a dar nada", apuntó Pérez Martínez.

Amador Cortés Robledo, del Consejo Guerrerense 500 años, informó que debido a las movilizaciones contra la aprobación de la "ley indígena Bartlett-Fernández de Cevallos", hay cerca de 300 órdenes de aprehensión, por supuestos delitos del fuero federal, contra luchadores sociales integrados en la Convergencia estatal de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Sindicales y Estudiantiles. Indicó que la organización determinó movilizarse para exigir la cancelación de dichas órdenes de aprehensión.

Se informó que entre las movilizaciones programadas está la entrega, el 15 de febrero, de más de 60 mil firmas en las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo en el Distrito Federal, para exigir el cumplimiento del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales; el 16 de febrero se llevará a cabo un festival político cultural en el Zócalo capitalino para conmemorar la firma de los acuerdos de San Andrés.

Los días 23 y 24 de febrero se efectuará una reunión nacional de comunidades indígenas para dar seguimiento a la situación de las controversias constitucionales y los amparos interpuestos contra la reforma constitucional en materia indígena.