El espectacular operativo realizado anteayer por la Policía Federal Preventiva (PFP) en la Gerencia Regional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el Valle de México, así como las investigaciones de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) y denuncias de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre presuntos fraudes y actos de corrupción en la oficina mencionada, se desarrollan en un marco legal confuso e insuficientemente divulgado por el gobierno.

Las 19 detenciones iniciales se convirtieron en 13 despidos y en la confiscación de documentos diversos, y se desconoce, por el momento, las características de los procesos penales abiertos a raíz de las supuestas irregularidades.

De estas manera, las medidas contra la corrupción en la administración pública adoptadas por el Ejecutivo federal pierden, a la vista de la opinión pública, consistencia y credibilidad, en tanto que la reciente movilización administrativa y policiaca aparece --aunque no lo sea-- como un ejercicio más cercano a la publicidad que a la procuración de justicia y al reforzamiento de la transparencia.

No hay razones para dudar que la administración pública heredada por Vicente Fox de los regímenes priístas se encuentra grave y profundamente corroída por prácticas venales y fraudulentas que ocasionan cuantiosas pérdidas al país, gravitan negativamente sobre su economía y su productividad, y envenenan la convivencia social en todos sus niveles.

De hecho, la transición política iniciada el 2 de julio (o el 1º de diciembre) de 2000 no ha hecho sino producir en la cúspide un recambio --ciertamente refrescante y esperanzador-- de una montaña de corrupción que, de acuerdo con indicios disponibles, se mantiene básicamente intacta.

En este sentido, la transición hacia un pleno estado de derecho apenas comienza y será preciso recorrer un largo camino hasta el saneamiento de las instituciones, antes que pueda hablarse de un imperio de la legalidad en las dependencias gubernamentales.

Desde esta perspectiva, las supuestas corruptelas descubiertas en la gerencia metropolitana de la Conagua no tienen por qué ser ni las mayores ni las más representativas de entre las que persisten del pasado.

Si realmente se deseara mostrar voluntad política para enfrentar, investigar, combatir y castigar los fraudes monumentales perpetrados en el pasado reciente al amparo del poder público, bastaría con hurgar un poco en los expedientes del Fobaproa y en los procesos de privatización de bienes nacionales realizados por las administraciones de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.